El Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del Grado 33 en Cuba, José Ramón Viñas Alonso, enfrenta un proceso penal fabricado bajo el pretexto de cambiar 100 dólares en el mercado informal, en una clara maniobra de la dictadura para desarticular a los líderes de la masonería en la isla.
La acusación formal contra Viñas Alonso se sustenta únicamente en el testimonio de un supuesto informante anónimo, sin que hasta el momento se haya presentado prueba alguna que verifique la supuesta operación. La medida evidencia la creciente intromisión de la Seguridad del Estado en los asuntos internos de la organización masónica, consolidando un patrón de criminalización contra figuras que no se pliegan a los dictados del régimen de La Habana.
Según explicaron miembros de la comunidad masónica, el monto involucrado estaba destinado a cubrir necesidades operativas del asilo masónico de Llansó. Esta institución filantrópica es una de las pocas en la isla que garantiza atención con dignidad, alimentación y alojamiento a personas mayores en situación de vulnerabilidad. Los fondos habrían sido gestionados de forma colegiada y aprobados por el Patronato para mantener servicios esenciales, una tarea imperativa ante el profundo colapso del sistema de salud y asistencia social cubano.
Represión e injerencia institucional
La persecución no se limita a Viñas Alonso. El escritor Ángel Santiesteban Prats confirmó que el Gran Maestro de la Gran Logia de Cuba (GLC), Juan Alberto Kessel Linares, también es objeto de un proceso penal. Ambos líderes fueron citados en distintas estaciones policiales por la dictadura, en lo que se interpreta como un escalamiento de la represión contra la orden. Diversos masones consideran que estas acciones responden a un intento de las autoridades de la isla por neutralizar a los sectores críticos, tras semanas de tensiones internas derivadas del rechazo a la injerencia del Ministerio de Justicia y los órganos represivos en sus estructuras.
La periodista independiente Camila Acosta denunció la arbitrariedad del proceso, señalando que el gobierno cubano actúa sin importar las formas legales, montando \»teatros\» judiciales para enviar a prisión a quienes les resultan incómodos. La acusación de tráfico de divisas por apenas 100 dólares destinados a la beneficencia subraya el nivel de desespero y control del aparato represivo, que penaliza la supervivencia ciudadana mientras la economía nacional se derrumba.
El hostigamiento a la cúpula masónica refleja la intolerancia del ejecutivo cubano hacia cualquier espacio de autonomía civil. La criminalización de la filantropía y la represión a líderes de la sociedad civil auguran un endurecimiento del control estatal, dejando a la población más vulnerable sin redes de apoyo independientes y profundizando el aislamiento político del régimen frente a la comunidad internacional.
