La reciente cumbre \»Democracia siempre\» convocada en Santiago de Chile por el presidente Gabriel Boric ha puesto sobre la mesa las profundas contradicciones de la izquierda latinoamericana en materia de derechos humanos. Mientras los mandatarios asistentes se pronuncian contra los autoritarismos selectivos, mantienen un silencio elocuente o una complicidad directa con la dictadura cubana, un régimen de partido único que criminaliza la disidencia y mantiene cientos de presos políticos.
La iniciativa impulsada por el mandatario chileno, que contó con la presencia de líderes como Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro, busca erigirse como un bloque de defensa democrática en la región. Sin embargo, el rigor de esta postura se desdibuja rápidamente al observar el historial de estos mismos actores frente a las crisis institucionales en América Latina. La tolerancia mostrada en el pasado hacia los fraudes electorales en Venezuela o los intentos de reelección ilegítima en Bolivia evidencia una política exterior guiada por afinidades ideológicas más que por la defensa irrestricta de las libertades, replicando los errores de inconsistencia que en su momento llevaron al fracaso a iniciativas como el Foro para el Progreso de América del Sur (PROSUR).
La excepcionalidad represiva de la isla
El caso más emblemático de esta doble moral es Cuba. A diferencia de Venezuela, donde el régimen de Nicolás Maduro ha tenido que recurrir al fraude electoral escandaloso para perpetuarse en el poder, la dictadura cubana ni siquiera necesita simular comicios competitivos. La Constitución de la isla consagra un sistema de partido único que prohíbe de facto la pluralidad política. Bajo este marco legal, las autoridades de la isla han institucionalizado la represión, criminalizando el ejercicio de los derechos fundamentales y manteniendo a cientos de ciudadanos en prisión por el simple delito de disentir del pensamiento único oficialista. Ante esta realidad, las declaraciones de Boric sobre que la democracia no teme al disenso chocan frontalmente con la omisión de sus aliados respecto a los presos políticos cubanos.
Esta falta de libertades no opera en el vacío, sino que es el pilar que sostiene el profundo colapso estructural que atraviesa la nación caribeña. La ausencia de contrapesos democráticos ha permitido al régimen de La Habana implementar políticas económicas fallidas sin rendición de cuentas, conduciendo a una hiperinflación, un desabastecimiento crónico y el deterioro absoluto de los servicios públicos. La consecuencia directa de esta asfixia civil y material es el masivo éxodo migratorio que enfrenta la isla, con cientos de miles de cubanos huyendo de un sistema que les niega tanto el sustento como el derecho a la participación política.
Para que los discursos en defensa de la democracia tengan verdadera resonancia en el continente, los líderes de la región deben abandonar las agendas selectivas. La comunidad internacional, y en particular los gobiernos que se autodenominan progresistas, no pueden seguir mirando hacia otro lado mientras en Cuba se encarcela a opositores y se censura la libertad de expresión. La omisión de la tragedia cubana en estos espacios de debate no solo legitima la represión del ejecutivo cubano, sino que compromete gravemente la credibilidad de la diplomacia regional y el futuro de las libertades democráticas en toda América Latina.
