El Departamento de Estado de Estados Unidos volvió a poner el foco sobre el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), el conglomerado controlado por la cúpula militar en Cuba, al resaltar que sus activos financieros superan ampliamente los del propio Estado. La advertencia, retomada por el alto funcionario Juan Pablo Segura a partir de declaraciones del secretario Marco Rubio, subraya que ninguna de estas ingentes riquezas se traduce en mejoras tangibles para una población sumida en la pobreza y el desabastecimiento crónico.
Segura, secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, difundió recientemente un video en el que Rubio expone con dureza la asimetría económica que define el modelo cubano. \»El secretario Rubio lo ha dejado claro: GAESA tiene ‘más dinero que el propio Gobierno’, y, sin embargo, ‘ni una sola carretera, ni un solo puente, ni un solo grano de arroz’ llega a los cubanos de a pie\», escribió el funcionario estadounidense en sus redes sociales, resaltando la profunda desconexión entre el poder económico del grupo y el bienestar ciudadano.
Las declaraciones originales de Rubio se produjeron el pasado 8 de mayo, durante una comparecencia ante la prensa en Roma tras una gira por Italia y el Vaticano. En aquel momento, el jefe de la diplomacia estadounidense respondía a consultas sobre la política de Washington hacia la isla, justo un día después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) impusiera un nuevo paquete de sanciones dirigido contra GAESA, su presidenta ejecutiva, Ania Guillermina Lastres Morera, y la empresa mixta Moa Nickel S.A.
En su intervención, Rubio detalló la naturaleza parasitaria del conglomerado. Aunque en su alocución utilizó la expresión \»empresa privada\», tanto el Departamento de Estado como la OFAC catalogan a GAESA como una entidad firmemente controlada por las Fuerzas Armadas cubanas. El secretario de Estado estadounidense enfatizó que el objetivo de las medidas no es castigar a la población civil, sino asfixiar financieramente a una maquinaria que captura la riqueza nacional. \»Lo que estamos sancionando es una empresa que básicamente se está apoderando de todo lo que genera dinero en Cuba y colocándolo ilegalmente en los bolsillos de unos pocos miembros del círculo del régimen\», sentenció Rubio, describiendo la operativa como un saqueo sistemático en detrimento del pueblo.
Las sanciones aplicadas a principios de mayo bloquearon todas las propiedades e intereses de los designados bajo jurisdicción estadounidense y prohibieron a ciudadanos y compañías norteamericanas realizar cualquier tipo de transacción con ellos. Además, la medida incluyó una advertencia directa al sector financiero internacional: aquellas instituciones y empresas extranjeras que mantengan operaciones significativas con GAESA se exponen a represalias y sanciones secundarias por parte de Washington.
La magnitud del poder económico de GAESA es escalofriante si se contrasta con la realidad nacional. Según estimaciones públicas citadas por el Departamento de Estado, el conglomerado militar controla al menos el 40% de la economía cubana. Sus ingresos, de carácter opaco, probablemente triplican el presupuesto estatal oficial, y se calcula que el grupo dispone de hasta 20.000 millones de dólares en activos que Washington considera ilícitos. Agencias internacionales como Reuters han señalado que el control de GAESA sobre la isla podría oscilar incluso entre el 40% y el 70%, un porcentaje alarmante si se tiene en cuenta que sus cuentas no rinden cuentas ante el parlamento ni aparecen reflejadas en el presupuesto nacional.
Esta falta de transparencia fue puesta de relieve en 2024 por la entonces contralora general de la República, Gladys Bejerano, quien admitió públicamente que GAESA operaba al margen de la jurisdicción del organismo fiscalizador que ella dirigía. Este vacío de control civil sobre el aparato económico militar es una de las características definitorias de la dictadura cubana, donde la élite uniformada gestiona los sectores más rentables del país —desde el turismo y la venta minorista hasta la minería y la importación— sin rendir cuentas a la ciudadanía.
El contraste con el colapso nacional
La acumulación de riqueza en manos de GAESA ocurre en un escenario de devastación estructural. Mientras el conglomerado militar reporta cifras multimillonarias, el régimen de La Habana ha sido incapaz de mantener en funcionamiento el Sistema Electroenergético Nacional (SEN), llevando a la población a sufrir apagones diarios que superan las 10 y 15 horas en gran parte del territorio. La infraestructura vial se encuentra en estado de abandono, con puentes colapsados y carreteras intransitables, exactamente la falta de inversiones que denunciara Rubio en sus declaraciones.
La incapacidad del gobierno cubano para garantizar lo básico se extiende a la seguridad alimentaria. La población enfrenta una hiperinflación galopante que destruye los salarios reales y obliga a las familias a destinar la mayor parte de sus ingresos a la compra de productos de primera necesidad a precios especulativos en mercados en moneda libremente convertible, muchos de los cuales son precisamente controlados por GAESA. Esta crisis diseñada desde el poder es uno de los motores principales del éxodo migratorio histórico que vive la isla, con cientos de miles de cubanos huyendo de un sistema que los despoja de cualquier perspectiva de desarrollo.
La defensa oficial y la ofensiva de Washington
Ante estas graves acusaciones de enriquecimiento ilícito y desvío de recursos, las autoridades de la isla han salido al paso con una narrativa defensiva. En junio, el diario oficial Granma publicó un artículo asegurando que el Grupo de Administración Empresarial (GAE) no es una \»estructura opaca, ni paralela al Estado cubano\». El texto oficialista alegó que los fondos del conglomerado habían sido destinados a inversiones en infraestructura clave, mencionando la termoeléctrica de Felton, obras hidráulicas, policlínicos y escuelas, presentándolo como una víctima más del cerco económico estadounidense.
Sin embargo, la visible decadencia de los servicios públicos y el estado de ruina de la infraestructura sanitaria y educativa en el país contradicen frontalmente las afirmaciones del ejecutivo cubano. Para muchos analistas y ciudadanos en la isla, la narrativa oficial busca encubrir el desvío de recursos hacia una élite que vive en la opulencia mientras el resto del país subsiste en la indigencia, profundizando la brecha de desigualdad impuesta por el modelo totalitario.
La presión de Washington no se ha detenido. Hace una semana, el gobierno estadounidense lanzó una nueva ronda de medidas coercitivas contra nueve entidades cubanas, incluyendo al Ministerio de la Construcción, y contra tres funcionarios vinculados al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP). Esta ofensiva sostenida busca asfixiar las fuentes de financiamiento que sostienen el aparato represivo y de control social del régimen, enviando un mensaje claro a la comunidad internacional sobre la necesidad de aislar a los sectores que se benefician de la miseria ajena. El futuro inmediato de Cuba se debate entre el endurecimiento del cerco sobre la cúpula militar y la creciente indignación de una población que ya no tiene nada que perder.
