El gobernante de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció la eliminación de futuros procesos electorales en el país, asegurando que «no volverá a haber elecciones», en un endurecimiento de su política represiva que ratifica la transformación del sistema sandinista hacia una autocracia totalitaria similar a la que mantiene la dictadura cubana desde hace más de seis décadas.
El anuncio se produjo durante el acto central por el aniversario 47 del triunfo de la Revolución Sandinista, celebrado en la Plaza de la Fe Juan Pablo II, en Managua. En su intervención, Ortega justificó la supresión de los comicios presentando a los grupos opositores como organizaciones financiadas por Estados Unidos con el objetivo de desalojar al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) del poder. El mandatario adelantó que promoverá nuevas legislaciones para impedir que la disidencia acceda a las estructuras del Estado, prometiendo erigir un «muro» y un «bloque» contra lo que calificó como «golpistas» y «vendepatrias».
Aunque Ortega no detalló el mecanismo legal para eliminar formalmente las votaciones, la Constitución nicaragüense vigente reconoce en su artículo 51 el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos en elecciones periódicas. La carta magna establece que las máximas autoridades deben ser escogidas mediante sufragio universal, directo, libre y secreto, y ordena la celebración de comicios generales cada seis años. Sin embargo, el anuncio da por cancelados, en términos políticos y fácticos, los comicios generales previstos para noviembre de 2027.
Esta cancelación se suma a la reforma constitucional aprobada en enero de 2025 por la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, que extendió de cinco a seis años los mandatos de las autoridades elegidas por voto popular. La misma reforma elevó a Rosario Murillo, esposa de Ortega, a la condición de «copresidenta» y colocó bajo la coordinación de la Presidencia los órganos Legislativo, Judicial, Electoral y de control del Estado, consolidando una concentración de poder sin contrapesos institucionales.
El espejo autoritario: Nicaragua y el modelo cubano
La medida de Ortega no es un hecho aislado en la región, sino que se inscribe en la lógica de supervivencia de los regímenes no democráticos del continente. En este escenario, el régimen de La Habana observa con atención los movimientos de su principal aliado ideológico. La eliminación de la fachada electoral en Nicaragua representa una validación de la postura histórica del gobierno cubano, que durante décadas ha mantenido un sistema de partido único sin elecciones multipartidistas, justificando la continuidad en el poder mediante el control absoluto de las instituciones y la represión de cualquier intento de pluralismo político.
Para la dictadura cubana, la consolidación del modelo sandinista sin el estorbo de los comicios refuerza su propia resistencia al cambio democrático. Mientras Nicaragua cerraba sus últimos espacios cívicos, las autoridades de la isla han profundizado su propia crisis estructural, caracterizada por el colapso económico, la hiperinflación, el desabastecimiento crónico de servicios básicos y una migración masiva sin precedentes. La falta de un mecanismo de rendición de cuentas en ambos países es el factor común que perpetúa estas crisis, impidiendo cualquier transición pacífica o respuesta efectiva a las demandas ciudadanas.
La represión en Nicaragua y Cuba funciona como un sistema de retroalimentación. Las tácticas de criminalización de la disidencia, el encarcelamiento preventivo de líderes opositores y la censura informativa son estrategias compartidas. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas concluyó que el gobierno sandinista ha cometido violaciones generalizadas y sistemáticas que constituyen crímenes de lesa humanidad, una conclusión reiterada en su informe más reciente. Este patrón de violaciones es el mismo que organismos internacionales han documentado frente a la respuesta de la dictadura cubana tras las protestas del 11 de julio de 2021, donde cientos de ciudadanos fueron sometidos a juicios sumarios y condenas desproporcionadas.
Antecedentes de la represión y el cierre cívico
Los antecedentes de esta deriva en Nicaragua se remontan a las protestas de 2018, cuando las autoridades reprimieron brutalmente las manifestaciones, resultando en cientos de muertos y heridos. Desde entonces, el cierre del espacio democrático ha sido sistemático. La competencia electoral ya había sido prácticamente anulada antes del anuncio de Ortega; las presidenciales de 2021 fueron ampliamente cuestionadas después de que el régimen encarcelara a los aspirantes opositores con posibilidades de enfrentar a Ortega, detuviera a dirigentes empresariales y criminalizara la disidencia.
Ortega, que regresó a la Presidencia en 2007 y cumple su cuarto mandato consecutivo, fue proclamado vencedor de aquella votación de 2021, cuya legitimidad fue rechazada por numerosos gobiernos y organismos internacionales. El excandidato presidencial Félix Maradiaga, quien fue encarcelado en 2021 y posteriormente expulsado a Estados Unidos, interpretó las palabras de Ortega como una admisión clara de que su proyecto político no está dispuesto a someterse a ninguna forma de competencia democrática.
Las cifras de la represión nicaragüense son contundentes y reflejan el nivel de control del Estado. El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas documenta al menos 46 ciudadanos encarcelados por motivos políticos, una cifra que el régimen de Managua niega oficialmente. Esta negación sistemática replica la narrativa del ejecutivo cubano, que también rechaza la existencia de presos políticos a pesar de las condenas internacionales y los reportes de organizaciones defensoras de los derechos humanos dentro y fuera de la isla. Además, desde 2018, las autoridades han cerrado más de 5.000 organizaciones religiosas, civiles y educativas, despojado de la nacionalidad y los bienes a opositores y obligado a miles de nicaragüenses a abandonar el país.
Consecuencias regionales y respuesta internacional
El analista Tiziano Breda, de la organización Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), consideró que el anuncio evidencia el temor de Ortega y Murillo a que cualquier apertura política facilite la aparición de un movimiento opositor capaz de amenazar su permanencia en el poder. En declaraciones a la prensa internacional, Breda señaló que, en lugar de escenificar una elección amañada, han optado por eliminar por completo la competencia electoral.
La respuesta de la comunidad internacional no se ha hecho esperar. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, condenó enérgicamente el anuncio, sosteniendo que Ortega y Murillo habían abandonado incluso la apariencia de consentimiento popular. El jefe de la diplomacia estadounidense subrayó que el pueblo nicaragüense tiene derecho a elegir a sus propios líderes mediante elecciones democráticas, una demanda que la comunidad democrática también sostiene respecto a Cuba.
Las consecuencias políticas de esta medida aislarán aún más a Nicaragua, pero también endurecerán el bloque regional de gobiernos autoritarios. Para el régimen de La Habana, el endurecimiento de su aliado en Centroamérica plantea desafíos estratégicos. La pérdida de aliados como Venezuela o Nicaragua agravaría el aislamiento del gobierno cubano, limitando sus opciones de suministro energético y apoyo diplomático en foros multilaterales, en un momento donde la crisis interna exige soluciones urgentes que el poder no parece dispuesto a ofrecer, prefiriendo la represión y la continuidad indefinida antes que la apertura democrática.
