El gobierno cubano ha publicado en la Gaceta Oficial el Decreto-Ley 133/2026, una normativa que modifica sustancialmente el marco legal de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) al eliminar el techo de 100 trabajadores y permitir la asociación con capital extranjero. La medida, que busca \»eliminar restricciones\» según el texto oficial, amplía el espectro del sector no estatal en medio de una profunda crisis económica, aunque mantiene el control absoluto del Estado sobre las autorizaciones clave, como las operaciones de importación y exportación.
La nueva legislación, que entrará en vigor siete días después de su publicación en el periódico oficial, reforma los decretos-leyes 88, 89 y 90 aprobados en 2024 para regular a las mipymes, las cooperativas no agropecuarias y el trabajo por cuenta propia. Hasta ahora, la figura de la mediana empresa marcaba el límite máximo de crecimiento para los actores económicos no estatales. Con esta modificación, el ejecutivo cubano reordena la clasificación empresarial: las microempresas tendrán entre uno y diez trabajadores; las pequeñas, de 11 a 35; y las medianas, de 36 a 100. A partir de esa cifra, la normativa acuña una nueva figura denominada simplemente \»empresa privada\», englobando a aquellas con una plantilla superior al centenar, incluidos los socios en el cómputo total.
Uno de los aspectos más resonantes del Decreto-Ley 133 es el reconocimiento expreso de la facultad de las mipymes y las nuevas grandes empresas privadas para exportar e importar directamente, así como para asociarse con capital foráneo. Sin embargo, el análisis del texto revela que estas concesiones no implican una liberalización irrestricta del mercado. Las operaciones de comercio exterior seguirán requiriendo la autorización previa e insalvable del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX), lo que garantiza que el Estado mantenga el monopolio sobre el flujo de mercancías y divisas. De igual forma, la asociación con inversores extranjeros, recogida en la nueva redacción del artículo 9, estará sujeta a la estricta legislación vigente en materia de inversión, sin mecanismos automáticos que faciliten o agilicen la entrada de capital foráneo.
La reforma también introduce cambios significativos en la composición societaria y la expansión territorial de los negocios. El artículo 54 de la nueva disposición permite que los cubanos residentes en el exterior, así como los extranjeros con residencia permanente en la isla, sean socios de empresas privadas, siempre que sean mayores de 18 años. Se contempla una excepción legal para los menores que adquieran esta condición por vía hereditaria. Además, se elimina la exclusividad restrictiva, permitiendo que una misma persona natural participe como socia en más de una empresa. En el plano operativo, se autoriza a estos negocios a realizar inversiones para su desarrollo y a crear establecimientos sin personalidad jurídica dentro o fuera de su provincia de origen, facilitando una expansión geográfica que hasta ahora estaba supeditada a trabas burocráticas.
A pesar de la retórica oficial sobre la diversificación del sistema empresarial, el régimen de La Habana no ha renunciado a la vigilancia y el control punitivo sobre el sector. El Decreto-Ley establece de manera explícita que la Fiscalía General de la República y la Contraloría General de la República conservan la potestad de ejecutar acciones de control sobre todos los actores económicos no estatales. A esto se suman las facultades de regulación, inspección y control por parte de los organismos de la Administración Central del Estado y los órganos locales del Poder Popular. Las solicitudes para la constitución de estas empresas, tramitadas a través de la Plataforma de Actores Económicos en las direcciones municipales de Desarrollo, seguirán dependiendo de la discrecionalidad de la burocracia estatal.
Reformas tardías en medio del colapso productivo
La aprobación de este decreto-ley no ocurre en el vacío, sino en el escenario de una de las peores crisis económicas de la historia reciente de la isla. La inflación galopante, la devaluación acelerada del peso cubano frente al dólar y el desabastecimiento crónico de productos básicos han mermado drásticamente el poder adquisitivo de la población. En este contexto, las autoridades de la isla han debido ceder espacios al sector privado, no por una convicción liberalizadora, sino por la absoluta incapacidad del Estado para sostener el aparato productivo y abastecer el mercado interno. La implementación de las mipymes en 2021 fue el primer paso forzado por la emergencia, tras décadas de proscripción del trabajo por cuenta propia y la empresa privada. Esta nueva ampliación responde a la necesidad imperiosa de oxigenar una economía asfixiada por el centralismo, la ineficiencia estatal y la falta de liquidez.
El sector no estatal ha demostrado ser el único capaz de movilizar recursos, distribuir alimentos y ofrecer servicios en un país paralizado por la ineficacia de las empresas estatales. Sin embargo, el crecimiento de estas mipymes chocaba constantemente con el límite legal de 100 empleados, una restricción artificial que impedía economías de escala y la consolidación de cadenas de producción más robustas. Al levantar este techo, el gobierno cubano reconoce tácitamente el fracaso del modelo estatista y la urgencia de delegar funciones económicas en actores que sí generan riqueza, aunque mantenga un discurso oficial que prioriza la \»propiedad socialista\» sobre los medios de producción.
El exilio como tabla de salvación económica
La inclusión de los cubanos residentes en el exterior como socios potenciales revela una contradicción profunda y cínica del sistema. Mientras la dictadura cubana mantiene una política sistemática de hostigamiento, censura y represión contra la disidencia interna, limita las libertades políticas y persigue a quienes exigen cambios democráticos, busca al mismo tiempo atraer los ahorros y el capital del exilio para sostener la maltrecha economía nacional. El éxodo migratorio masivo de los últimos años, que ha vaciado al país de su fuerza laboral más joven y cualificada, ha dejado un vacío demográfico y productivo que el gobierno intenta paliar mediante estas figuras legales que conectan a los emigrantes con el mercado interno.
No obstante, la falta de garantías jurídicas reales y la discrecionalidad del MINCEX en las autorizaciones de comercio exterior generan un clima de incertidumbre que podría desincentivar a los inversores. El historial del régimen en materia de expropiaciones, intervenciones arbitrarias y cambios súbitos en las normativas fiscales pesa sobre la memoria de los empresarios. La promesa de \»eliminar restricciones\» choca frontalmente con la realidad de un sistema donde la Fiscalía y la Contraloría mantienen una vigilancia asimétrica y asfixiante sobre los actores no estatales, mientras las empresas estatales operan con altos niveles de impunidad ante sus constantes fracasos y escándalos de corrupción.
Implicaciones a futuro y respuesta ciudadana
El impacto real del Decreto-Ley 133/2026 dependerá exclusivamente de cómo se ejecuten estas normativas en la práctica y de si el gobierno cubano está dispuesto a ceder el control real sobre las dinámicas de mercado. La exigencia de permisos previos para importar y exportar actúa como una válvula de seguridad para evitar que el sector privado adquiera una autonomía que ponga en riesgo el monopolio estatal sobre el comercio exterior, una de las principales fuentes de financiamiento y control político del régimen. Si la burocracia mantiene cuellos de botella en el MINCEX, la facultad de importar directamente quedará reducida a un enunciado teórico en la Gaceta Oficial.
Para la ciudadanía, la supervivencia cotidiana sigue ligada al desempeño de este sector emergente, que ha sido el principal responsable de la revitalización de la red comercial en medio de la pandemia y la crisis posterior. La comunidad internacional y los potenciales inversores extranjeros observarán con cautela si estas reformas se traducen en un entorno de seguridad jurídica y transparencia, o si, por el contrario, serán utilizadas como un mecanismo más de captación de recursos por parte de la cúpula militar y política que gobierna la isla. Lo que resulta indudable es que Cuba se encuentra en un punto de inflexión económica donde las concesiones del régimen evidencian su fragilidad estructural y su dependencia de las mismas fuerzas emprendedoras que durante décadas intentó silenciar, marginar y reprimir.
