La cadena española Meliá Hotels International pondrá fin a todas sus operaciones en Cuba a finales de julio, despidiendo a más de 1.000 empleados y renunciando a la gestión de los 20 hoteles que aún operaban bajo su marca. La decisión responde a la reciente expansión de sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos y a la imposibilidad de repatriar más de 50 millones de euros bloqueados en el inoperante sistema bancario de la isla.
Según fuentes consultadas, incluyendo a dos ejecutivos de la propia empresa y un funcionario del Ministerio de Turismo, un memorando interno circuló la semana pasada entre los directivos de la compañía en la isla confirmando la terminación de los acuerdos de gestión. Esta medida no solo afecta a los hoteles que seguían operando bajo la marca Meliá, tras su retirada en junio de los 15 inmuebles que gestionaba conjuntamente con la corporación militar GAESA, sino que también ordena el cierre de todas las oficinas y operaciones representativas de la compañía en territorio cubano.
El cese operativo se materializa tras el viaje a La Habana de una delegación de altos ejecutivos del grupo hotelero, encabezada por su presidente y director ejecutivo, Gabriel Escarrer Jaume, junto a miembros de la dirección financiera. El objetivo de la visita fue finalizar la retirada tras los últimos anuncios de la administración estadounidense, que amplió sus sanciones más allá de las empresas extranjeras con vínculos militares para incluir directamente al Ministerio de Turismo cubano. Esta maniobra eliminó prácticamente todas las vías legales y financieras para que la cadena española pudiera continuar operando en el país caribeño.
A diferencia de otros operadores hoteleros como Blue Diamond Resorts de Canadá o Archipelago International de Indonesia, que abandonaron Cuba casi de inmediato tras las medidas anteriores de la Casa Blanca, Meliá había adoptado una estrategia más cautelosa. Inicialmente, cedió aproximadamente la mitad de su cartera cubana, renunciando a la gestión de 15 de sus 34 hoteles antes del plazo del 5 de junio, una táctica similar a la de su competidora Iberostar. Sin embargo, Iberostar resultó mucho más afectada, entregando la gestión de una docena de hoteles, casi el 70% de sus intereses en la isla. Funcionarios del Ministerio de Turismo ahora confirman que esperan la partida total de Meliá en los próximos días.
Uno de los factores determinantes para la acelerada salida de la empresa española es la asfixia financiera provocada por el régimen de La Habana. La dirección de Meliá se vio en la obligación de viajar a la capital cubana no solo para gestionar lo que la empresa describe internamente como una retirada «temporal», con la esperanza de que las circunstancias mejoren, sino para negociar una deuda multimillonaria. El gobierno cubano mantiene un adeudo pendiente con la cadena que asciende a más de 50 millones de euros, fondos que la empresa ha sido incapaz de retirar y repatriar debido al colapso del sistema bancario nacional y la escasez crónica de liquidez. Este monto representa casi la mitad del total de la deuda que el Estado cubano mantiene con las dos principales cadenas hoteleras españolas que operaban en la isla, un pasivo que evidencia la insolvencia del Estado.
El colapso del modelo turístico y la crisis sistémica
La salida de Meliá no es un hecho aislado, sino el síntoma más reciente del fracaso rotundo del modelo económico cubano y la incapacidad de las autoridades de la isla para garantizar un clima de negocios viable. Durante décadas, el régimen de La Habana ha dependido del turismo internacional como su principal fuente de divisas, pero la falta de reinversión, el deterioro de la infraestructura básica y los apagones sistemáticos han hecho mella en la competitividad del destino. La incapacidad de garantizar un suministro estable de agua, energía y alimentos a los complejos hoteleros ha encarecido el mantenimiento y mermado la calidad del servicio, alejando a los turistas y reduciendo los márgenes de ganancia para los operadores extranjeros.
En este contexto, la crisis energética y la inflación galopante han agravado el escenario. El sistema bancario cubano, ahogado por la falta de divisas y la emisión inorgánica de moneda, actúa como una trampa para el capital extranjero. Las empresas internacionales ven cómo sus utilidades se congelan en cuentas que no pueden transferir al exterior, un problema que afecta no solo a Meliá, sino a la mayoría de las empresas mixtas y extranjeras que aún resisten en el país. Esta política de confiscación encubierta por parte del gobierno cubano mina cualquier atisbo de confianza institucional y disuade a futuros inversores.
Además, la estructura de poder en Cuba obliga a las empresas a lidiar con monopolios estatales controlados por la élite militar y política, como es el caso de GAESA. La dictadura cubana ha monopolizado los sectores estratégicos, impidiendo que la inversión privada nacional participe y limitando la distribución de la riqueza a los círculos más cercanos al poder. La opacidad en la gestión de estos conglomerados y la arbitrariedad en las decisiones gubernamentales, sin ningún tipo de control democrático ni institucionalidad jurídica que proteja al inversor, configuran un entorno de alta inseguridad legal que inevitablemente conduce a la fuga de capital foráneo.
Antecedentes de una retirada anunciada
La presencia de Meliá en Cuba se remonta a la década de 1990, cuando el ejecutivo cubano abrió parcialmente la economía al capital extranjero para paliar los estragos del Período Especial tras el colapso de la Unión Soviética. La cadena española fue fundamental en la expansión de la infraestructura hotelera en cayerías como Cayo Coco y Varadero. Sin embargo, lo que comenzó como una simbiosis beneficiosa se convirtió con los años en una relación asimétrica donde el Estado cubano captaba la mayor parte de los ingresos en divisas, mientras las empresas extranjeras asumían los riesgos operativos y de gestión. La deuda acumulada del gobierno cubano con los operadores hoteleros es un reflejo de la insolvencia estructural del sistema.
La falta de libertades económicas y la burocracia asfixiante han sido males crónicos que la actual dirigencia ha profundizado. La negativa a implementar reformas estructurales que permitan la libre empresa, la propiedad privada de los medios de producción y la libre circulación de divisas ha condenado al país al estancamiento. Las medidas puntuales aprobadas en los últimos años han sido tímidas e insuficientes, diseñadas más para la supervivencia del régimen que para el desarrollo de la nación, resultando en un deterioro progresivo de las condiciones macroeconómicas que ahora hacen insostenible la operación de grandes corporaciones internacionales.
Impacto social y consecuencias futuras
El cierre de operaciones de Meliá dejará en la calle a más de 1.000 trabajadores directos, quienes se sumarán a las filas del desempleo en una economía ya devastada. Estos trabajadores, que en muchos casos dependían de las propinas y los ingresos en divisas para sostener a sus familias, ahora enfrentarán un mercado laboral sin oportunidades formales. La recesión nacional, marcada por la caída de la zafra azucarera y la parálisis de la industria, no ofrece alternativas, empujando a miles de cubanos hacia la economía informal o la migración desesperada.
La retirada total de Meliá envía una señal contundente a la comunidad internacional sobre el riesgo de invertir en Cuba. La esperanza del régimen de que la medida sea «temporal» choca con la realidad de un país que no muestra voluntad política para implementar reformas económicas estructurales ni de apertura democrática. Mientras la dictadura mantenga su control absoluto sobre la economía y rechace cualquier rendición de cuentas, el aislamiento financiero y comercial de la isla continuará profundizándose. La salida de un gigante hotelero no solo representa un duro golpe a las arcas del régimen, sino el desmoronamiento definitivo de uno de los pilares que sostenían la fachada de apertura del país al mundo.
