Ante la incapacidad del Estado para garantizar el servicio eléctrico y de telecomunicaciones, residentes de Zaza del Medio, en Sancti Spíritus, junto a cubanos en el exterior, reunieron más de 10.300 dólares y 26.000 pesos cubanos para comprar paneles solares destinados a mantener operativa una radiobase de la empresa estatal ETECSA.
La iniciativa, confirmada por medios de prensa independiente, surgió como una respuesta de supervivencia ante los prolongados apagones que superan las 24 horas en el municipio espirituano de Taguasco. La ausencia de un suministro eléctrico estable había dejado a la comunidad completamente aislada, imposibilitada para acceder a internet y a la telefonía móvil, servicios vitales para la comunicación con familiares en el exterior y para la gestión cotidiana de la vida en un país sumido en una profunda crisis multidimensional.
Aunque la campaña logró alcanzar la meta para adquirir el sistema fotovoltaico y el equipamiento necesario, la medida ha generado un intenso debate y rechazo entre los propios usuarios. La paradoja resulta evidente: son los clientes de una empresa monopólica quienes deben financiar la infraestructura de la propia corporación. ETECSA, que ostenta el monopolio de las telecomunicaciones en la isla y es foco permanente de quejas por sus elevadas tarifas y deficiente calidad de servicio, traslada así su responsabilidad operativa directamente a la ciudadanía.
La prensa oficial se hizo eco de la instalación del sistema, pero omitió deliberadamente que la solución partió de la comunidad y de la diáspora. Luis Orlando Gómez Castro, presidente del Consejo Popular de Zaza del Medio, aseguró a Radio Sancti Spíritus que «a través de una convocatoria hecha por diferentes medios, se logró recaudar todo el respaldo económico para obtener los paneles solares», evitando mencionar la inacción de la empresa telefónica estatal.
El funcionario sí reconoció el papel fundamental de los emigrados en el rescate de las comunicaciones locales. «Resaltar a aquellos que, incluso desde el exterior, con sangre cubana todavía, han aportado a esa situación monetaria que se necesitaba para restablecer la comunicación en Zaza del Medio», declaró. El reporte estatal admitió asimismo que las autoridades locales carecían de los recursos para ejecutar «una inversión tan costosa», pero omitió precisar que los usuarios serán quienes sigan pagando los servicios a una infraestructura que ellos mismos costearon.
Un sistema eléctrico en ruinas y el abandono institucional
El caso de Zaza del Medio no es un hecho aislado, sino el síntoma de una crisis estructural que asfixia a la isla. El Sistema Electroenergético Nacional (SEN) se encuentra en un estado de colapso terminal, con déficits de generación que superan la mitad de la demanda pico en jornadas críticas. La falta de mantenimiento a las termoeléctricas, el envejecimiento de las redes de transmisión y la escasez crónica de combustible han convertido los apagones en una rutina agotadora que afecta la conservación de alimentos, el bombeo de agua y la ya frágil productividad del país.
En este escenario de abandono, el régimen de La Habana ha demostrado su incapacidad para garantizar servicios públicos básicos, obligando a la población a buscar alternativas de supervivencia. La compra de paneles solares, a un costo inalcanzable para el cubano promedio cuyo salario estatal no supera los pocos dólares mensuales, se ha convertido en una necesidad imperiosa para quienes pueden reunir los fondos, generalmente gracias al apoyo de familiares emigrados. Esta dinámica evidencia la privatización de los costos de la ineficiencia estatal, donde la ciudadanía asume las cargas que el gobierno cubano no puede o no quiere solventar.
El «Tarifazo» de ETECSA y la dolarización forzada
La exigencia a los ciudadanos para que financien la infraestructura de ETECSA cobra mayor relevancia en el contexto del reciente y controversial aumento tarifario impuesto por la empresa. El 30 de mayo de 2025, entró en vigor el llamado «Tarifazo», una medida que limitó las recargas nacionales a 360 pesos cubanos cada 30 días y trasladó la mayor parte de la oferta de datos y servicios adicionales a planes de alto costo, muchos de ellos comercializados exclusivamente en dólares. Esta política de dolarización forzada ha generado un profundo descontento social, al restringir el acceso a internet para amplios sectores de la población que no reciben remesas del exterior.
Paradójicamente, mientras se exige a los usuarios que paguen por el mantenimiento de las radiobases, ETECSA ha atribuido en los últimos años las interrupciones del servicio a supuestos «trabajos técnicos de modernización». Miles de usuarios han denunciado reiteradamente fallas constantes, apagones de la red móvil y una degradación generalizada del servicio que contrasta con las millonarias cifras que la empresa reporta en ingresos por concepto de recargas internacionales y venta de paquetes de datos.
Más allá de la ineficiencia económica y la falta de inversión, ETECSA opera como un brazo del control social ejercido por la dictadura cubana. Organizaciones de derechos humanos y activistas han documentado de manera exhaustiva cómo la empresa ha sido instrumentalizada para restringir el acceso a las comunicaciones durante estallidos sociales y protestas populares. El corte selectivo de la red móvil, el bloqueo a aplicaciones de mensajería y la limitación de servicios a periodistas independientes, opositores y disidentes, forman parte del arsenal represivo del Estado para silenciar la denuncia y evitar la organización ciudadana.
Implicaciones de un modelo insostenible
La realidad de Zaza del Medio expone la fractura del contrato social en Cuba. La dependencia de la diáspora para sostener no solo a las familias, sino a la propia infraestructura del Estado, refleja un modelo económico insostenible que sobrevive gracias a las remesas y a la resignación de la población. El hecho de que los cubanos deban financiar las radiobases de una empresa monopólica que, además, cobra tarifas exorbitantes y colabora con la censura, subraya la profunda crisis de representatividad y gestión del poder en la isla.
El panorama que se avecina resulta sombrío para la ciudadanía. Mientras las autoridades de la isla continúen trasladando la responsabilidad de la gestión pública a los particulares, sin rendir cuentas por el deterioro de los servicios, la brecha de desigualdad se ampliará. La comunidad internacional y los actores diplomáticos deberán prestar atención a cómo la crisis energética y la represión digital convergen para aislar a la sociedad civil cubana, limitando su capacidad de organización y denuncia en un entorno donde el simple acto de comunicarse se ha convertido en un privilegio financiado por los propios oprimidos.
