Un incendio forestal en la zona del antiguo central Antonio Guiteras, en Puerto Padre, arrasó con cinco años de trabajo de silvicultura ecológica debido a la negligencia de un grupo de empresarios extranjeros conocidos popularmente como \»los guatemaltecos\». El siniestro, que destruyó miles de ejemplares de maderas preciosas, evidencia la falta de control y la complicidad del régimen de La Habana ante las prácticas depredadoras del nuevo capitalismo en la isla.
El fuego, provocado por la ausencia de carriles cortafuegos en las plantaciones cañeras, consumió más de cinco mil árboles de especies endémicas y maderables, además de árboles frutales. Según testimonios de la zona, los nuevos administradores de las tierras omitieron esta medida de seguridad básica bajo el argumento de que \»en lo que no produce no se invierte dinero\». La negligencia alcanzó tal magnitud que el incendio solo se extinguió cuando no encontró más vegetación que consumir, configurando lo que expertos califican de ecocidio.
Los responsables de este desastre ambiental operan bajo la denominación de Coloso J. J. SA y han adquirido el control del otrora central Delicias, expropiado a una compañía estadounidense en 1960. El gobierno cubano ha entregado estas instalaciones, junto a la maquinaria de las disueltas Unidades Básicas Cooperativas de Producción Agropecuaria (UBPC), a estos inversionistas. Esta maniobra ha despojado a los antiguos cooperativistas de sus medios de producción, reduciéndolos a la condición de asalariados sin derechos laborales ni voz en la gestión de la tierra.
Opacidad y prevaricación en la gestión de los recursos
La operación de estos empresarios extranjeros se desarrolla en un hermético silencio informativo. No existen pronunciamientos oficiales ni registros públicos en los medios estatales sobre la identidad o el origen de estos capitales. Esta opacidad es una constante de la dictadura cubana, que privilegia los negocios opacos en detrimento de la transparencia institucional y el estado de derecho. La permisión de prácticas ilegales, como la omisión de cortafuegos, configura una clara prevaricación gubernamental que pone en riesgo el medioambiente y la seguridad de las comunidades locales.
Este caso no es un hecho aislado, sino el reflejo de la profunda crisis estructural que atraviesa el sector agrícola en Cuba. Ante el colapso de la industria azucarera tradicional, las autoridades de la isla han optado por ceder el control de la tierra a actores extranjeros sin establecer mecanismos de supervisión ambiental ni garantizar los derechos de los trabajadores cubanos. La supuesta \»actualización del socialismo\» se traduce en un capitalismo de enclave donde la explotación de los recursos naturales y la precariedad laboral son la norma.
La devastación de las plantaciones forestales en Puerto Padre augura un futuro sombrío para la biodiversidad y la economía local. Mientras el régimen continúe priorizando la inyección de capital foráneo sin exigir el cumplimiento de normativas ambientales, la isla asistirá a un progresivo deterioro de su ecosistema. La comunidad internacional y las organizaciones defensoras del medioambiente deben poner la mirada en estas dinámicas, donde la falta de libertades y el control absoluto del Estado facilitan la depredación de los recursos nacionales en beneficio de unos pocos.
