Un devastador incendio originado en tierras cañeras controladas por inversionistas extranjeros arrasó un proyecto forestal y ecológico de cinco años en Puerto Padre, provincia de Las Tunas. El fuego, producto de la negligencia en la prevención de incendios, evidencia la impunidad con la que operan empresas foráneas en la isla y la doble moral de las autoridades cubanas al aplicar la Ley Forestal, que castiga al ciudadano común mientras ignora los estragos ambientales cometidos por el capital privilegiado.
El siniestro consumió más de cinco mil ejemplares de maderas preciosas y árboles frutales en distintas fases de crecimiento, según denunció el propietario del terreno afectado. Las llamas se iniciaron en los cañaverales del otrora central azucarero «Antonio Guiteras» —expropiado a la compañía estadounidense Delicias en 1960 y presuntamente rebautizado ahora como Coloso J. J. SA—. Actualmente, estas tierras están bajo el control de empresarios extranjeros a quienes la población local conoce como «los guatemaltecos».
La causa directa del desastre ecológico fue la ausencia de carriles cortafuegos, una medida básica de silvicultura y seguridad obligatoria por ley. Según relatan trabajadores del sector, la mentalidad de los nuevos administradores extranjeros se resume en la premisa de que «en lo que no produce no se invierte dinero». Esta omisión, catalogada por el afectado como negligencia criminal, permitió que el fuego avanzara sin control, saltando zanjas, guardarrayas e incluso la vía férrea, hasta devorar el ecosistema adyacente.
El proyecto destruido representaba una inversión familiar de más de un millón de pesos cubanos, además de insumos, herramientas y recursos enviados desde el exterior. La plantación incluía cedros, caobas, majaguas, robles y árboles frutales, diseñada no solo para la reforestación con maderas preciosas, sino también para proporcionar refugio y alimento a la fauna local. Hoy, el mayor porcentaje de estas plantas se encuentra muerto o en estado crítico, configurando lo que especialistas califican como un ecocidio.
Opacidad institucional y el «nuevo capitalismo» cubano
Sobre la identidad y el funcionamiento de estos supuestos empresarios guatemaltecos, los medios oficiales mantienen un hermético silencio. No existen pronunciamientos públicos, administrativos ni políticos por parte del Estado sobre la transferencia de control del central azucarero, su maquinaria y las antiguas Unidades Básicas Cooperativas (UBPC) a este capital foráneo. Esta opacidad es una constante en el llamado «nuevo capitalismo cubano», anunciado por el ejecutivo cubano como una actualización del modelo socialista, pero que en la práctica funciona como una entrega de recursos nacionales a actores privados extranjeros sin supervisión ciudadana.
La transición de estas tierras ha implicado un cambio drástico en la estructura laboral y de propiedad. Los antiguos cooperativistas fueron desintegrados y convertidos en jornaleros asalariados, obligados a vender sus bienes y plantaciones a los nuevos administradores. Esta dinámica refleja una política de despojo que el régimen de La Habana ha implementado bajo el pretexto de la eficiencia productiva, sacrificando la soberanía alimentaria y los derechos laborales en favor de la exportación y el lucro opaco.
Ley Forestal y la doble moral de la dictadura
La impunidad con la que operan estos negocios es un reflejo directo de la dictadura cubana, que prioriza el capital foráneo sobre los derechos y el patrimonio de sus propios ciudadanos. El afectado denunció una flagrante asimetría jurídica: ha sido multado en el pasado por podar un árbol en su propiedad, mientras que los operadores de la ley ignoran que los inversionistas extranjeros han quemado cientos de árboles por omisión. La Ley Forestal, que en teoría protege el patrimonio natural, se cumple a conveniencia del poder.
Esta prevaricación gubernamental genera un clima de indefensión entre la población. El propietario afectado señaló con claridad la disparidad de trato: si un fuego originado en su finca hubiera afectado los cañaverales de los extranjeros, sería sometido a un proceso penal y acusado de sabotaje contra la inversión extranjera, enfrentando severas penas de cárcel. Sin embargo, al ser el ciudadano el perjudicado, las autoridades de la isla hacen mutis ante el ecocidio.
Contexto sistémico: Crisis energética y colapso azucarero
La falta de carriles cortafuegos no es solo resultado de la avaricia empresarial, sino también del profundo colapso estructural que atraviesa Cuba. El gobierno cubano argumenta constantemente la falta de petróleo y recursos para tareas básicas de mantenimiento y prevención. Sin embargo, sí existe combustible para cosechar caña, transportarla, molerla y comercializar el azúcar a través de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) a precios absolutamente inaccesibles para el trabajador cubano promedio.
Este caso en Puerto Padre es un microcosmos de la crisis nacional. La industria azucarera, otrora el motor económico de la isla, ha sufrido una debacle histórica debido a la mala gestión, la falta de inversión y la centralización burocrática. La entrega de centrales a capital extranjero opaco es el último intento desesperado del régimen por extraer rentabilidad de una infraestructura en ruinas, externalizando los costos ambientales y sociales hacia la población local.
La deforestación y los incendios descontrolados se suman a la larga lista de crisis que asfixian al país, incluyendo la inflación galopante, el desabastecimiento crónico y el éxodo migratorio masivo. La incapacidad de las autoridades para proteger el medio ambiente y aplicar la ley de manera equitativa profundiza la desconfianza ciudadana y agrava la vulnerabilidad de los ecosistemas cubanos frente al cambio climático y la negligencia humana.
Antecedentes históricos de despojo
El central «Antonio Guiteras» tiene una historia emblemática de la revolución cubana. Expropiado en 1960 a la compañía estadounidense Delicias, simbolizó la nacionalización de la economía. Décadas después, tras la caída del bloque socialista, la industria entró en decadencia. Las UBPC, creadas en los años 90 para salvar la zafra, fracasaron por la falta de autonomía y recursos. La actual entrega a «los guatemaltecos» cierra un círculo histórico donde el Estado, tras arruinar la producción estatal, transfiere el control a actores privados extranjeros sin rendir cuentas públicas.
Consecuencias y futuro
El ecocidio en Puerto Padre deja profundas implicaciones políticas y sociales. Demuestra que en Cuba no existe un Estado de derecho que proteja la propiedad privada ni el medio ambiente frente a los intereses del régimen y sus aliados extranjeros. La comunidad internacional y las organizaciones ecologistas deben prestar atención a estos abusos, ya que la degradación ambiental en la isla es directamente proporcional a la falta de libertades y transparencia. Mientras el poder no rinda cuentas por sus actos, la ciudadanía continuará a merced de la negligencia criminal y la impunidad institucionalizada.
