El Consejo de Estado del régimen de La Habana aprobó dos decretos-leyes para reorganizar el sistema empresarial estatal y modificar el marco jurídico de las cooperativas agropecuarias, en un intento por maquillar la profunda crisis económica que atraviesa la isla. Aunque las autoridades prometen ampliar la autonomía de las empresas, las nuevas normas consolidan el control del Gobierno central a través de un instituto recién creado, mientras la ciudadanía enfrenta una inflación galopante y el colapso de los servicios básicos.
Las normas, adoptadas durante una sesión extraordinaria encabezada por Esteban Lazo Hernández, aún no han sido divulgadas en su totalidad. La Asamblea Nacional se ha limitado a informar que los textos serán publicados posteriormente en la Gaceta Oficial, manteniendo la habitual opacidad burocrática. El primer decreto busca regular el funcionamiento de las empresas estatales bajo el mando del Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales, mientras que el segundo modifica el Decreto Ley 76 sobre las cooperativas agropecuarias.
Estas disposiciones forman parte del paquete de 176 medidas económicas y sociales aprobadas por las estructuras del Partido Comunista. El ejecutivo cubano plantea ampliar la autonomía empresarial, descentralizar la aprobación de precios y escalas salariales, y eliminar progresivamente los subsidios a entidades estatales. Sin embargo, el presidente del nuevo instituto, Roberto Ricardo Marrero, admitió que la norma solo da respuesta a 16 de las 17 transformaciones previstas, sin aclarar cómo se instrumentarán las restantes ni cuál quedó excluida.
Pese al discurso oficial de apertura, que incluye la transformación de empresas estatales en sociedades mercantiles y la eventual venta de acciones a actores privados, el régimen ratifica a la empresa estatal socialista como el actor principal de la economía. La prometida autonomía choca frontalmente con las amplias facultades concentradas en el Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales. Este órgano, subordinado al Consejo de Ministros, tiene la potestad de aprobar estrategias, avalar inversiones, nombrar directivos y controlar los indicadores de rendimiento, dejando en evidencia que las decisiones clave seguirán tomándose desde la cúpula.
Reformas insuficientes ante el colapso sistémico
El anuncio de estas medidas se produce en un contexto de crisis estructural insostenible. La isla sufre una inflación que devora los salarios, un desabastecimiento crónico de alimentos y medicinas, y apagones prolongados que afectan la calidad de vida. Las reformas, que en papel contemplan la quiebra y liquidación de empresas ineficientes, llegan tarde y resultan insuficientes para revertir el fracaso del modelo económico impuesto por la dictadura cubana. La falta de libertades económicas reales y la represión a la iniciativa privada continúan ahuyentando a la fuerza laboral, alimentando un éxodo migratorio sin precedentes.
La implementación de este paquete normativo no vislumbra un cambio de modelo, sino un reordenamiento de las cifras del Estado para mantener el monopolio del poder. Mientras el régimen de La Habana intenta proyectar una imagen de modernización ante la comunidad internacional y posibles inversionistas extranjeros, la realidad para la ciudadanía es la continuidad de la escasez y el control. Sin una verdadera separación entre el Estado y el gobierno empresarial, y sin garantías de propiedad, estas medidas solo prolongarán el agónico deterioro de la economía nacional.
