El Consejo de Estado de Cuba ha aprobado dos decretos-leyes enfocados en la reorganización del sistema empresarial estatal y la modificación del marco jurídico de las cooperativas agropecuarias. Las medidas, adoptadas en una sesión extraordinaria encabezada por Esteban Lazo Hernández, forman parte de un paquete más amplio de reformas que el régimen de La Habana presenta como solución a la profunda crisis económica, aunque los textos completos permanecen sin divulgarse y bajo estricto control centralizado.
Las nuevas disposiciones, tituladas “Del Sistema Empresarial Estatal Cubano” y “Modificativo del Decreto Ley no. 76 de las Cooperativas Agropecuarias”, fueron anunciadas por la Asamblea Nacional, que únicamente confirmó que serán publicadas posteriormente en la Gaceta Oficial. El primer decreto busca regular los principios de funcionamiento de las empresas bajo la égida del recién creado Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales. Roberto Ricardo Marrero, al frente de esta entidad, aseguró que la norma da respuesta a 16 de las 17 transformaciones previstas para el eje temático empresarial, sin especificar cuál quedó excluida ni cómo se implementarán legalmente las restantes medidas.
Este paquete legislativo forma parte de las 176 medidas de “transformaciones económicas y sociales” aprobadas por las cúpulas del Partido Comunista y el Estado. En el papel, el ejecutivo cubano plantea ampliar la autonomía de las empresas estatales, permitirles realizar actividades lícitas más allá de su objeto principal, descentralizar la aprobación de precios y escalas salariales, y eliminar progresivamente los subsidios. Además, se establecen procedimientos para la quiebra y liquidación de entidades con pérdidas sostenidas, permitiendo que sus activos sean arrendados o utilizados como garantías crediticias.
Uno de los anuncios de mayor calado es la transformación de empresas estatales en sociedades mercantiles por acciones. Aunque se abre la puerta a que formas de gestión no estatal y personas naturales compren participaciones, el Estado conservaría el control mayoritario en los sectores considerados estratégicos. Sin embargo, Esteban Lazo fue claro al ratificar que la empresa estatal socialista seguirá siendo el actor principal de la economía, lo que limita cualquier apertura real hacia un mercado libre y competitivo, condicionando la supervivencia del modelo a la hegemonía estatal.
La promesa de autonomía choca frontalmente con la creación del Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales, una entidad subordinada al Consejo de Ministros. El Decreto 144/2026, firmado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, otorga a este instituto facultades para aprobar estrategias, avalar inversiones, proponer el destino de las utilidades, nombrar o destituir directivos y controlar los indicadores de rendimiento. Esta concentración de poder burocrático evidencia que, detrás de la retórica modernizadora, el gobierno cubano mantiene un control férreo sobre la producción nacional.
En el sector agropecuario, el segundo decreto modificativo del Decreto-Ley 76/2023 pretende regular la constitución y funcionamiento de las cooperativas. El programa de transformaciones contempla autorizar a estos actores a importar combustibles y tecnologías, exportar directamente, gestionar financiamientos externos y abrir cuentas bancarias en el extranjero. No obstante, las autoridades de la isla no han confirmado qué disposiciones específicas fueron incluidas en el nuevo texto, generando incertidumbre en un sector clave para la alimentación del país y que sufre un abandono sistemático.
Una historia de reformas inconclusas
Esta no es la primera vez que el régimen intenta rediseñar su arquitectura empresarial. La nueva regulación llega para sustituir al Decreto-Ley 34/2021, que a su vez había reemplazado al Decreto 335/2017. Durante la última década, las autoridades han implementado múltiples marcos normativos que prometen eficiencia y autonomía, pero que en la práctica han chocado con la ineficiencia estructural, la corrupción y la falta de incentivos que caracteriza al modelo económico centralizado.
La modificación al marco de las cooperativas agropecuarias ocurre apenas tres años después de la entrada en vigor del Decreto-Ley 76/2023, lo que demuestra la volatilidad de las políticas implementadas por el régimen de La Habana. La constante alteración de las reglas del juego desincentiva la inversión y el esfuerzo productivo, ya que los actores económicos operan en un entorno de incertidumbre jurídica permanente, donde las decisiones arbitrarias del poder sin control democrático socavan cualquier intento de desarrollo sostenible.
Contexto: La crisis estructural y el control de la dictadura
Estas medidas se aprueban en medio de la peor crisis económica que ha enfrentado la isla en décadas. La inflación galopante, el desabastecimiento crónico de productos básicos, los apagones prolongados y la devaluación de la moneda nacional han provocado un colapso en la calidad de vida de la ciudadanía. Ante esta realidad, el éxodo migratorio masivo se ha convertido en la única vía de escape para cientos de miles de cubanos que no ven un futuro viable bajo el actual modelo, vaciando al país de su fuerza laboral más productiva.
La responsabilidad de este colapso recae directamente en la dictadura cubana, que ha priorizado el control político sobre el bienestar material de la población. La represión social, la censura y la persecución a empresarios privados independientes demuestran que cualquier flexibilización económica está condicionada a la supervivencia del régimen. Las promesas de descentralización empresarial se diluyen cuando el Estado acapara las funciones estratégicas y mantiene un aparato burocrático que asfixia la iniciativa privada.
El nuevo Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales es un claro ejemplo de esta contradicción. Mientras se habla de liberar fuerzas productivas, se crea una superestructura que centraliza decisiones clave, desde la designación de directivos hasta la aprobación de utilidades. Esta falta de autonomía real ha sido históricamente el principal obstáculo para la eficiencia de la empresa estatal, que opera bajo lógicas políticas y no de mercado, generando pérdidas millonarias que el Estado intenta cubrir con medidas que solo profundizan la escasez.
Implicaciones y perspectivas futuras
La eficacia de este nuevo paquete de reformas es cuestionable si no se acompaña de un desmontaje real del control centralizado y una apertura genuina al capital privado sin trabas burocráticas. La comunidad internacional y los observadores económicos coinciden en que Cuba necesita cambios estructurales profundos, no simples maquillajes legislativos que mantengan intacto el poder del Partido Comunista sobre la economía.
Para la ciudadanía, la aprobación de estos decretos podría traducirse en más de lo mismo: promesas incumplidas y una burocracia expandida. Mientras la dictadura mantenga su monopolio sobre los medios de producción y la toma de decisiones, las reformas empresariales serán insuficientes para revertir el colapso productivo. El futuro económico de la isla dependerá de la voluntad real de abrir espacios de libertad, algo que, hasta ahora, las autoridades de la isla se han negado sistemáticamente a conceder, prefiriendo hundir al país en la pobreza antes que ceder un milímetro de su poder absoluto.
