La activista Lumey Guzmán permanece recluida desde el pasado 7 de julio sin que las autoridades de la isla hayan presentado motivos legales en su contra, en un nuevo episodio de persecución política. Paralelamente, la opositora Giselle Ordóñez fue citada para un interrogatorio policial, evidenciando la persistencia de la represión sistemática contra las voces críticas en la capital cubana.
Según denunció la plataforma independiente Fuera de la Caja, Guzmán fue arrestada tras publicar críticas contra el régimen de La Habana en sus redes sociales. Trascurridos más de ocho días de su reclusión en instalaciones del Ministerio del Interior, la organización señaló que no se ha informado sobre las causas de su privación de libertad ni se ha fijado una fecha para su liberación. La activista ha sido trasladada de manera reiterada entre las unidades policiales de Alamar y Cojímar, una táctica que las organizaciones de derechos humanos interpretan como un intento deliberado para dificultar su localización y aislarla de sus familiares.
Para la plataforma de denuncia, esta acción no constituye un hecho aislado, sino una represalia directa del aparato estatal contra una figura que ha cuestionado de manera recurrente la corrupción y la arbitrariedad del sistema. La detención sin debido proceso refleja el modus operandi de la dictadura cubana frente a la disidencia, utilizando el secuestro institucional como mecanismo para silenciar el descontento social y desalentar la protesta cívica.
Hostigamiento y normalización de la precariedad
La estrategia de amedrentamiento se extiende a otras figuras del activismo. La también opositora Giselle Ordóñez, conocida en redes sociales como Zea Gisselle, informó haber recibido una citación oficial para presentarse ante las autoridades bajo el eufemismo de una \»entrevista\», término habitualmente utilizado por la Seguridad del Estado para referirse a interrogatorios. Ordóñez ha sido objeto de vigilancia y hostigamiento previo por parte de los órganos represivos, aunque no se precisaron los motivos específicos de esta nueva convocatoria.
En su publicación, la activista aprovechó para ironizar sobre el estado de los servicios públicos en su localidad, destacando la excepcionalidad de contar simultáneamente con electricidad, agua, cobertura móvil y datos. Esta anécdota ilustra el colapso estructural que atraviesa la isla, donde el acceso a servicios básicos se ha convertido en un lujo esporádico para la ciudadanía, profundizando la crisis económica que ha precipitado el masivo éxodo migratorio y la radicalización de la pobreza.
El incremento de estas prácticas coercitivas frente a la crisis de gobernabilidad plantea un escenario de mayor endurecimiento por parte del ejecutivo cubano. Mientras la represión interna se intensifica para evitar el estallido social, la comunidad internacional y los organismos defensores de los derechos humanos mantienen la exigencia de garantías procesales para los activistas, ante la impunidad con la que opera el sistema policial y judicial en la isla.
