El gobierno cubano incrementó en casi un 95% el precio de los cilindros de gas licuado de petróleo (GLP), elevando el costo a 350 pesos cubanos, y anunció la venta escalonada de este recurso básico en dólares estadounidenses. La medida, publicada en la Gaceta Oficial, profundiza la crisis de los servicios públicos y fragmenta aún más el acceso a combustibles esenciales para la supervivencia de la población.
Mediante las resoluciones 155 y 156, el Ministerio de Finanzas y Precios ajustó las tarifas del combustible doméstico, las cuales entraron en vigor inmediatamente tras su publicación en la Gaceta Oficial No. 59. El cilindro de 10 kilogramos, conocido popularmente como \»balita\», pasó de 180 a 350 pesos, lo que representa un incremento del 94.4%. Asimismo, la tarifa del gas manufacturado, distribuido exclusivamente en La Habana, se duplicó al pasar de 2.50 a 4.97 pesos por metro cúbico, un alza del 98.8%.
Dolarización de servicios básicos ante la falta de divisas
Paralelamente, las autoridades de la isla dispusieron la venta de cilindros de GLP en dólares estadounidenses a través de la estatal Unión Cuba-Petróleo (CUPET). Aunque el comunicado oficial omitió el precio en moneda extranjera, la fecha de inicio y los territorios donde se aplicará inicialmente, el ejecutivo cubano justificó la medida como una vía para \»dinamizar la entrada de divisas\» y financiar las entregas en pesos. Esta estrategia consolida un sistema comercial dual y discriminatorio, donde la población sin acceso a moneda extranjera queda relegada a un mercado de suministro limitado y sujeto a constantes deficiencias operativas.
El régimen de La Habana atribuyó el encarecimiento a lo que denominó \»cerco energético\», la escasez de combustibles y el embargo estadounidense, argumentando que los precios vigentes desde hacía cinco años no cubrían los costos reales de importación y distribución. Sin embargo, este nuevo golpe a la economía familiar se produce en un contexto de hiperinflación, colapso del sistema eléctrico y un éxodo migratorio sin precedentes. Con más de 1.7 millones de clientes de GLP en el país, la falta de capacidad para garantizar el suministro obliga a las familias a recurrir a alternativas inseguras para cocer sus alimentos, mientras el Estado descarga su ineficiencia administrativa sobre el bolsillo de los ciudadanos.
La dolarización forzada del gas doméstico evidencia la profunda incapacidad del modelo económico cubano para sostener la infraestructura básica de la nación. Ante la imposibilidad de generar riqueza por vías productivas, el gobierno cubano impone una carga adicional a una ciudadanía que sobrevive bajo una presión salarial y social insostenible. Esta nueva política de tarifas amenaza con agravar la inseguridad alimentaria y el empobrecimiento generalizado en la isla, dejando a cientos de miles de hogares en una situación de vulnerabilidad aún más crítica frente a la inacción y el control absoluto del poder.
