Alberto Díaz Pérez, uno de los seis reclusos condenados a muerte por el intento de fuga en la prisión de Canaleta en 1999, ha hecho público un testimonio donde detalla las sistemáticas torturas, descargas eléctricas y aislamientos sufridos durante su paso por el sistema penitenciario de la isla.
Según el relato manuscrito, Díaz Pérez ingresó en prisión en 1995 y cuatro años después participó en el motín del 6 de diciembre, un intento de fuga motivado, según afirma, para poner fin a las torturas que sufrían los internos y que dejó un saldo de varios funcionarios de Orden Interior muertos. Tras ser capturado, el régimen de La Habana desplegó un mecanismo de crueldad institucional: Díaz Pérez fue despojado de sus ropas, golpeado y mantenido esposado por la cintura durante 28 días en dependencias de la Seguridad del Estado. Organizaciones de derechos humanos documentaron en su momento que los primeros fugitivos capturados fueron golpeados hasta perder el conocimiento, vomitar sangre y permanecer encadenados a camas de cemento durante meses.
El ejecutivo cubano procesó a los implicados en febrero de 2000 mediante un juicio a puerta cerrada, restringiendo severamente la presencia de familiares. Díaz Pérez, junto a Osmany Brito Cartaya, Julio Alberto Morales Montero, Morlaix Nodal Pozo, Reidel Rodríguez Reyes y Héctor Santana Vega, fue condenado a la pena capital. En 2001, Amnistía Internacional alertó sobre el rechazo de la apelación final por parte del Consejo de Estado, dejando a los seis hombres en riesgo inminente de ejecución.
El infierno de Boniato y el silencio institucional
Tras pasar por la prisión \»La 26\» en Camagüey, donde permanecía vigilado por perros en los pasillos, las autoridades de la isla trasladaron a Díaz Pérez al penal de Boniato, en Santiago de Cuba, en el año 2002. Allí fue recibido con golpizas y sufrió descargas eléctricas en al menos tres ocasiones. Permaneció hasta 2011 en el régimen de máxima seguridad conocido como \»Boniatico\», descrito por el periodista y preso político Manuel Vázquez Portal como un corredor de la muerte donde los reclusos debían usar grilletes en los pies para cualquier traslado, incluyendo recibir medicamentos o acudir al hospital.
Este caso ilustra el patrón de violaciones a los derechos humanos que caracteriza al sistema carcelario de la dictadura cubana. El uso de la tortura, el aislamiento prolongado y las condiciones inhumanas de reclusión son prácticas recurrentes que el poder en Cuba emplea como herramienta de escarmiento y control. El silencio oficial sobre el estado de las prisiones contrasta con la constante denuncia de organismos internacionales respecto a la falta de garantías procesales y el trato cruel, inhumano y degradante dentro de las cárceles de la isla.
Las revelaciones de Díaz Pérez reabren el debate sobre la impunidad con la que operan los aparatos represivos en Cuba y el abandono absoluto de los reclusos frente al colapso estructural del sistema penitenciario. La comunidad internacional y los activistas de derechos humanos mantienen la exigencia de que el gobierno cubano permita la entrada de observadores independientes para inspeccionar las prisiones; sin embargo, la negativa del régimen a rendir cuentas hace inviable, por ahora, cualquier avance hacia la transparencia y el respeto a la integridad física de los reclusos.
