El gobierno cubano exigió un debate urgente en la Asamblea General de las Naciones Unidas para condenar las políticas de Estados Unidos, al mismo tiempo que celebra la inyección de financiamiento internacional para 63 proyectos económicos en la isla, evidenciando una profunda contradicción en su discurso oficial sobre el supuesto cerco económico.
En un nuevo capítulo de las incongruencias de la prensa estatal, el régimen de La Habana acudió al foro multilateral para reclamar ante lo que califica de \»asfixia económica\» impuesta por Washington. La jornada, impulsada por el ejecutivo cubano y encabezada por el canciller Bruno Rodríguez, buscó posicionarse ante la comunidad internacional como la principal víctima del sistema financiero global. Sin embargo, esta narrativa de aislamiento choca frontalmente con los anuncios simultáneos de cooperación internacional que la propia propaganda oficial ha celebrado en los últimos días.
Paralelo a la queja en la ONU, las autoridades de la isla informaron sobre la selección de 63 iniciativas locales en el marco del proyecto NAE \»Apoyo a los nuevos actores económicos para una diversificación económica, innovativa y sostenible\». Este programa, dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas, así como a cooperativas, otorgará fondos para sectores estratégicos como la agroalimentación, las energías renovables y las telecomunicaciones. De 393 propuestas presentadas, el gobierno validó las ganadoras bajo criterios de viabilidad técnica y cofinanciamiento.
El control de la dictadura sobre la cooperación internacional
Lo más revelador del proyecto NAE es su origen y gestión. La iniciativa es financiada por la Unión Europea y ejecutada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el mismo foro donde el régimen despliega su retórica antiestadounidense, junto a la Cooperación Francesa. Aunque los destinatarios formales son actores no estatales, la dictadura cubana mantiene el control absoluto de los recursos a través de la participación directa del Ministerio de Economía y Planificación, el Banco Central, el Ministerio de Comercio Exterior y otras entidades estatales que tutelan cada paso del proceso.
Esta dualidad narrativa responde a la aguda crisis estructural que atraviesa el país. Con una economía sumida en una hiperinflación galopante, un desabastecimiento crónico de combustible y alimentos, y un éxodo migratorio sin precedentes, el gobierno cubano utiliza el embargo como pantalla para evadir su responsabilidad en el colapso productivo. Al mismo tiempo, depende críticamente de la cooperación internacional y las remesas para mantener un mínimo dinamismo en el tejido económico, el cual el Estado es incapaz de sostener por sí mismo.
La situación plantea serias interrogantes sobre el enfoque de la comunidad internacional. Mientras los países europeos inyectan capital para apuntalar el incipiente sector privado cubano, los mecanismos de distribución quedan supeditados a la burocracia estatal. El resultado es un escenario donde el régimen obtiene oxígeno financiero externo sin ceder el control monopolista sobre la economía, dejando a la ciudadanía atrapada entre un discurso victimista y una realidad de dependencia y falta de libertades.
