La Fiscalía General de la República ha informado sobre el inicio de más de 460 investigaciones penales relacionadas con el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) entre 2025 y el primer semestre de 2026, imponiendo penas de hasta 20 años de prisión bajo la figura de sabotaje. Esta medida se aplica en un contexto de crisis profunda, donde los apagones superan las 20 horas diarias y la población recurre a medidas desesperadas frente al desabastecimiento y la pobreza extrema.
El régimen de La Habana ha endurecido su respuesta penal contra la sustracción de componentes de la red eléctrica, un fenómeno que ha escalado de manera exponencial en los últimos años. Según los datos ofrecidos por la propia institución, los delitos predominantes incluyen el robo de cables, piezas de redes, angulares de torres de alta tensión y el aceite dieléctrico utilizado en los transformadores. Únicamente por el hurto de este último insumo se han registrado más de 300 denuncias a nivel nacional, con una mayor incidencia en provincias como Matanzas, Ciego de Ávila, Mayabeque, Santiago de Cuba y Artemisa, territorios donde el colapso de los servicios básicos ha sido particularmente agudo.
La severidad de la respuesta judicial ha sido contundente y ha levantado alertas sobre el respeto a las garantías procesales en la isla. Las autoridades de la isla reportaron que el 87% de los imputados por estos hechos ha sido sometido a la medida cautelar de prisión provisional. Además, la Fiscalía detalló que todas las personas procesadas y juzgadas durante 2026 por afecciones al SEN fueron halladas culpables de sabotaje, recibiendo condenas que oscilan mayoritariamente entre los nueve y los 20 años de cárcel. Esta cifra refleja una política de tolerancia cero y una judicialización extrema que criminaliza con dureza acciones que, en muchos casos, responden a la necesidad de supervivencia en una economía en ruinas.
El sustento legal para esta ofensiva punitiva radica en un acuerdo emitido por el Tribunal Supremo Popular en mayo de 2025. Este documento faculta a los tribunales para procesar bajo el delito de sabotaje cualquier robo, daño o alteración a componentes del sistema electroenergético y otras infraestructuras que el Estado considere críticas. El Código Penal cubano vigente respalda estas acciones con sanciones severísimas, que para el delito de sabotaje contemplan penas de entre siete y 30 años de prisión, e incluso prisión perpetua o la pena de muerte, dependiendo de la gravedad y las circunstancias del caso, lo que otorga un margen de discrecionalidad alarmante al poder judicial.
El gobierno cubano también ha advertido que la represión no se limitará a la privación de libertad. Las autoridades judiciales han señalado que vehículos, maquinarias y cualquier otro bien utilizado en la comisión de estos delitos serán objeto de decomiso o confiscación. La Fiscalía ha declarado su intención de aplicar \»todo el rigor de la ley\» contra quienes afecten la infraestructura, en un claro mensaje disuasivo que busca responsabilizar a la ciudadanía del deterioro de la red eléctrica, desviando la atención de la ineficiencia estatal y la falta de inversión histórica en el sector.
Criminalización de la pobreza y la supervivencia
Para entender la magnitud de estos procesos judiciales, es necesario observar el trasfondo socioeconómico de la isla. El robo de cables y piezas de transformadores no es una práctica nueva, pero se ha multiplicado en los últimos años debido al hundimiento de la economía formal. La falta de oportunidades laborales dignas, el desempleo, la inflación galopante y el desplome del poder adquisitivo del salario medio han empujado a un sector de la población a extraer materiales metálicos para su venta en el mercado negro o para la construcción de redes domésticas informales. Lo que la dictadura cubana clasifica estrictamente como sabotaje, expertos sociológicos señalan que es, en gran medida, una manifestación de la crisis estructural y la desesperación ciudadana.
Al tipificar estos robos como actos de sabotaje, el ejecutivo cubano construye una narrativa que exonera al Estado de su responsabilidad directa en el colapso del SEN. La estrategia oficial busca instalar la idea de que los apagones prolongados son consecuencia de la acción de delincuentes y no del fracaso de la planificación centralizada, la falta de mantenimiento de las termoeléctricas y la corrupción interna en empresas estatales. De este modo, se justifica el uso de la fuerza y la judicialización extrema para silenciar el descontento social generado por la falta de electricidad, utilizando el sistema penal como un instrumento de control político y social.
Contexto: El colapso estructural del Sistema Eléctrico Nacional
El endurecimiento penal ocurre en medio de la peor crisis energética que ha enfrentado la isla en décadas. El Sistema Eléctrico Nacional opera muy por debajo de su capacidad instalada, con un déficit de generación que supera frecuentemente el 50% de la demanda en horas pico. Las averías constantes en plantas termoeléctricas obsoletas —muchas de ellas con más de cuatro décadas de uso sin renovations adecuadas—, la falta de piezas de repuesto y la ausencia de combustibles suficientes para mantener activos los grupos electrógenos han convertido los apagones en un sufrimiento cotidiano para millones de cubanos, quienes deben lidiar con cortes de servicio que en muchas ocasiones rozan las 24 horas continuas.
Este colapso energético tiene un impacto devastador en la vida cotidiana y en los ya precarios servicios públicos. La interrupción constante del fluido eléctrico afecta el bombeo de agua, paralizando el suministro a las viviendas, y arruina los escasos alimentos que las familias logran adquirir en un mercado con inflación de tres dígitos. Además, el deterioro de la red eléctrica pone en riesgo la operación de hospitales y centros de salud, donde la falta de energía compromete directamente la vida de los pacientes, todo mientras el régimen de La Habana prioriza la inversión en aparato policial y represivo por encima de la modernización de la infraestructura básica del país.
La crisis eléctrica es, a su vez, un catalizador del éxodo migratorio sin precedentes que vive Cuba. La imposibilidad de sostener un nivel de vida mínimo, sumada a la oscuridad prolongada y la represión, ha motivado a cientos de miles de cubanos a abandonar el país en los últimos años. La respuesta de las autoridades de la isla ha sido aumentar el control social y la penalización, cerrando el cerco sobre una población que se encuentra atrapada entre la miseria material y la persecución política, sin vías institucionales para demandar soluciones reales.
Implicaciones y panorama futuro
La imposición de penas de hasta 20 años por delitos contra el sistema eléctrico envía un mensaje alarmante sobre el estado de los derechos humanos en Cuba. La utilización de la figura de sabotaje, con su carga de extrema severidad penal, para procesar delitos comunes derivados de la pobreza, constituye una violación del principio de proporcionalidad de las penas y un abuso del poder punitivo del Estado. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos deberán prestar atención a estos procesos, ya que representan una nueva forma de represión institucionalizada bajo el amparo del Código Penal, que amenaza con llenar las prisiones de cubanos desesperados.
En definitiva, la ofensiva judicial contra los hechos vinculados al SEN demuestra que la prioridad de la dictadura cubana no es resolver la crisis energética, sino contener la indignación popular mediante el miedo. Mientras el sistema electroenergético continúe desmoronándose por la ineficacia gubernamental y la falta de recursos, es altamente probable que los robos a la infraestructura persistan y, con ellos, la severidad de las condenas. El futuro inmediato apunta hacia una profundización del ciclo de crisis, represión y empobrecimiento, dejando a la ciudadanía cubana en una posición de extrema vulnerabilidad frente a un Estado que prefiere castigar la desesperación antes que garantizar los servicios más básicos y elementales.
