El gobierno cubano ha desplegado una estrategia de manipulación léxica para ocultar la profunda crisis económica y social que atraviesa la isla. Desde la denominación de \»barrios en transformación\» para referirse a zonas marginadas, hasta la calificación de \»productos presenciales\» para los escasos alimentos de la libreta de abastecimiento, las autoridades de La Habana recurren a un eufemismo sistemático que busca neutralizar la percepción de la realidad que viven los ciudadanos en su día a día.
La sustitución terminológica de \»barrios marginales\» por \»barrios en transformación\» no responde a una simple actualización semántica del Partido Comunista de Cuba (PCC). Responde a una operación de maquillaje discursivo destinada a borrar de la narrativa oficial conceptos que evidencian el fracaso de las políticas estatales: pobreza, miseria, hambre, abandono institucional y criminalidad. La nueva denominación, lejos de anunciar mejoras reales, pretende invisibilizar la existencia de territorios donde el Estado ha renunciado a sus obligaciones más básicas.
Esta práctica de rebautizar la crisis no es nueva en el repertorio comunicacional del régimen de La Habana. Durante décadas, la propaganda oficial ha cultivado un lenguaje propio que desdibuja la realidad para hacerla más digerible o, al menos, menos comprometedora. El fenómeno se ha intensificado en los últimos años, a medida que el deterioro de las condiciones de vida se ha acelerado y la brecha entre el discurso oficial y la experiencia cotidiana de la población se ha vuelto insostenible.
El diccionario del empobrecimiento
La libreta de abastecimiento —histórico mecanismo de racionamiento instaurado en 1962— es uno de los territorios donde la manipulación léxica resulta más evidente. Lo que durante generaciones fue una cartilla que garantizaba cuotas mínimas de productos básicos hoy se ha convertido en un sistema fantasma. Las distribuciones son irregulares, las cantidades insuficientes y los productos frecuentemente sustituidos por alternativas de inferior calidad. Fue la propia ministra de Comercio Interior quien acuñó la expresión \»productos presenciales\» para referirse a los artículos que eventualmente llegan a las bodegas, un eufemismo que elude reconocer que solo los primeros en la fila tendrán acceso a lo poco que se distribuye.
El caso del café es paradigmático. Lo que se vende bajo ese nombre en las bodegas estatales es una mezcla con chícharro tostado que poco tiene que ver con el grano que tradicionalmente consumían los cubanos. Sin embargo, el régimen mantiene la denominación original, como si conservar la palabra pudiera restaurar la sustancia perdida. La misma lógica se aplica a conceptos como \»canasta básica\», que hoy designa un conjunto aleatorio de productos —cuando los hay— que en modo alguno cubre las necesidades nutricionales mínimas de una familia.
El Ministerio de Comercio Interior, cuya denominación constituye en sí misma un ejercicio de ficción lingüística dado que apenas existe comercio que administrar, es uno de los focos de esta \»creatividad léxica\». Los establecimientos sin mercancía no se reconocen como \»cerrados\» o \»clausurados\», sino que se etiquetan como \»descomercializados\», un término que neutraliza la idea de colapso y sugiere una situación temporal o técnica en lugar del abandono estructural que realmente representa.
La basura y el lenguaje
En el ámbito de Servicios Comunales, otra entidad estatal sumida en el colapso operativo, la terminología oficial ha rebautizado los vertederos incontrolados como \»microvertederos\», un concepto de apariencia técnica que en realidad describe la proliferación de focos de basura acumulada y pudriéndose en prácticamente todos los barrios del país. La palabra sugiere un dispositivo gestionado y localizado, cuando la realidad es un caos sanitario que se extiende por ciudades y pueblos sin distinción.
El término \»crisis\» mismo ha sido progresivamente desplazado del vocabulario oficial. Las autoridades de la isla prefieren ahora hablar de \»contexto que exige múltiples desafíos\», una formulación que diluye la responsabilidad gubernamental y presenta la situación como un fenómeno externo y circunstancial. Los analistas independientes, en cambio, utilizan el concepto de \»policrisis\» para describir la superposición simultánea de crisis económicas, sociales, demográficas, energéticas e institucionales que afectan a Cuba.
Palabras vacías en instituciones vacías
Términos como \»farmacia\», \»bodega\», \»mercado\», \»dinero\», \»pensión\», \»salario\» y \»Constitución\» continúan utilizándose en el discurso oficial, pero ya no describen lo que nominalmente designan. Las farmacias carecen sistemáticamente de medicamentos esenciales; los mercados están desabastecidos; los salarios no permiten cubrir ni una fracción de la canasta básica familiar; y la Constitución de 2019, que en teoría amplió derechos y garantías, se viola de manera sistemática por las propias instituciones del Estado.
Incluso la figura presidencial ha sido objeto de esta manipulación. El retorno del título de \»Presidente\» para designar al jefe de Estado —tras la reforma constitucional que restableció el cargo— no se ha traducido en un ejercicio real de poder ejecutivo civil. La estructura de poder efectiva permanece en manos de las Fuerzas Armadas y la cúpula del PCC, mientras la figura presidencial funciona más como un administrador de fachada que como un gobernante con capacidad de decisión sobre las políticas fundamentales del país.
El \»ordenamiento\» que no ordenó nada
La llamada Tarea de Ordenamiento, implementada en enero de 2021, constituye uno de los ejemplos más flagrantes de esta brecha entre el lenguaje y la realidad. Presentada como una reforma que modernizaría la economía, eliminaría el circulante dual y reordenaría los salarios y precios, la medida provocó una inflación descontrolada, un desplome del poder adquisitivo y un empobrecimiento generalizado sin precedente en la historia reciente del país. El \»ordenamiento\» no ordenó nada: desordenó aún más una economía ya fracturada y agravó las condiciones de vida de millones de cubanos.
De manera similar, las sucesivas \»transformaciones\» anunciadas por el ejecutivo cubano —que han incluido cientos de medidas supuestamente orientadas a dinamizar la economía— no han producido mejoras tangibles para la población. El verbo \»transformar\», en el léxico del régimen, no significa corregir, evolucionar o mejorar, sino simular cambio sin alterar las estructuras de poder y control que mantienen al país en crisis.
Contexto: la crisis estructural detrás de las palabras
El recurso a los eufemismos no es un fenómeno aislado, sino una herramienta de gestión de un sistema político que no puede reconocer sus propios fracasos sin poner en cuestión su legitimidad. La economía cubana atraviesa su peor crisis desde la desaparición de la Unión Soviética, con una inflación que oscila entre el 30% y el 40% anual según estimaciones independientes, un desplome de la producción nacional, una dependencia creciente de las remesas y un sector informal que ya representa más del 60% de la actividad económica del país.
El sistema de salud, otrora orgullo del régimen, ha colapsado bajo la combinación de falta de insumos, deterioro de la infraestructura hospitalaria y éxodo masivo de profesionales médicos. Los apagones eléctricos, que llegan a durar más de diez horas diarias en provincias del oriente del país, se han convertido en rutina. El suministro de agua potable es intermitente en la mayoría de los municipios. El transporte público prácticamente ha desaparecido en numerosas localidades, y los taxis estatales operan rutas decididas por los conductores, no por las necesidades de los usuarios.
A esta crisis económica se suma una crisis migratoria de dimensiones históricas. Desde 2022, más de 700.000 cubanos han emigrado, la mayoría hacia Estados Unidos, en uno de los éxodos más masivos de la historia republicana. La salida masiva de jóvenes en edad productiva y de profesionales de todos los sectores ha agravado el envejecimiento poblacional —Cuba ya es el país más envejecido de América Latina— y ha despojado al país de su capital humano en un momento en que más lo necesita.
Antecedentes de la manipulación discursiva
La estrategia de maquillar la realidad mediante el lenguaje tiene raíces profundas en la historia del régimen. Desde los primeros años tras 1959, el gobierno cubano construyó un aparato comunicacional monopolizado que definió los términos del relato nacional. La prensa oficial —convertida en instrumento del PCC, la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y la Central de Trabajadores de Cuba (CTC)— ha funcionado no como un espacio de información, sino como una herramienta de propaganda y control narrativo.
El concepto de \»bloqueo\» para referirse al embargo comercial de Estados Unidos es quizás el eufemismo más consolidado del régimen, utilizado de forma sistemática para atribuir a una causa externa los efectos de décadas de mala gestión, ineficiencia centralizada y represión de la iniciativa privada. Si bien el embargo tiene un impacto real y documentado, su utilización como muletilla explicativa universal ha servido para eximir al gobierno de toda responsabilidad sobre la situación del país.
La represión también se disfraza
La manipulación léxica se extiende al ámbito de los derechos humanos y la represión política. Lo que la dictadura cubana denomina \»entrevistas\» con ciudadanos críticos son en realidad interrogatorios realizados por la policía política. Las \»advertencias\» oficiales constituyen actos de intimidación y hostigamiento. Los ciudadanos detenidos por expresar opiniones disidentes son calificados como \»mercenarios\» o \»delincuentes comunes\», negando su condición de presos políticos pese a que organismos internacionales como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han documentado de manera sistemática la existencia de cientos de prisioneros de conciencia en la isla.
Tras las protestas del 11 de julio de 2021 —las mayores manifestaciones antigubernamentales en décadas— más de 1.500 personas fueron procesadas en juicios sumarios sin garantías procesales. El régimen los calificó de \»disturbios\» y \»actos de vandalismo\», evitando cualquier reconocimiento del carácter social y político de la protesta. Sentencias que llegaron hasta 25 años de prisión fueron impuestas a ciudadanos cuyo único delito fue ejercer el derecho constitucional a la manifestación pacífica.
Consecuencias: el abismo entre las palabras y la realidad
El agotamiento de este lenguaje oficial es proporcional al agotamiento del modelo que pretende describir. Cada vez más cubanos han dejado de creer en la palabra del Estado y construyen su comprensión de la realidad a partir de la experiencia directa, de la información que circula en redes sociales y en medios independientes, y del testimonio de familiares y amigos en el exterior. La brecha entre el relato oficial y la vida cotidiana se ha vuelto tan amplia que el propio régimen reconoce, en círculos internos, la pérdida de credibilidad de su aparato comunicacional.
La comunidad internacional, por su parte, ha incrementado su escrutinio sobre la situación de derechos humanos en Cuba. La Unión Europea ha mantenido el Diálogo Político y de Cooperación, pero con críticas crecientes a la falta de avances en libertades fundamentales. Estados Unidos ha mantenido su política de presión, con sanciones dirigidas a figuras específicas del régimen. Organismos multilaterales como la ONU han documentado de manera reiterada las violaciones de derechos civiles y políticos en la isla.
El uso de eufemismos para ocultar la crisis no es más que el síntoma de un sistema incapaz de reformarse. Mientras las autoridades de la isla se dedican a rebautizar la miseria, los cubanos continúan huyendo del país, los servicios públicos colapsan, la inflación devora los salarios y la represión se intensifica contra quienes se atreven a llamar a las cosas por su nombre. La pregunta no es ya si el lenguaje del régimen sobrevivirá a la realidad, sino cuánto más podrá sostenerse una dictadura que ha perdido incluso la capacidad de nombrar lo que ocurre.
