Familiares de los militares fallecidos en la explosión de la instalación de Melones, en Holguín, denunciaron que las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) les confirmaron hace más de un mes el hallazgo de varios cuerpos en los túneles del siniestro, sin que hasta la fecha se haya ofrecido información oficial sobre su identificación o entrega. El silencio del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) contrasta con la angustia de las familias, quienes aseguran que civiles que ingresaron a la zona hallaron los restos y que posteriormente fueron encarcelados por las autoridades de la isla.
Daliha González Almaguer, hermana de Frank Antonio Hidalgo Almaguer —uno de los nueve soldados victimados en el accidente—, relató que la familia se enteró inicialmente del hallazgo a través de vecinos de la comunidad. Ante la insistencia de los familiares, representantes de las FAR acudieron a sus viviendas para confirmar que, en efecto, se habían localizado algunos cuerpos en el lugar del siniestro. Sin embargo, la falta de pruebas científicas o de identificación oficial mantiene a las familias en un estado de incertidumbre absoluta. \»Solo visitaron a dos o tres familias de las víctimas (…) desde entonces, hace más de un mes, no han informado nada más\», declaró González Almaguer a la prensa independiente, evidenciando el abandono institucional.
El hallazgo de los restos no fue producto de una operación de rescate gubernamental, sino del ingreso clandestino de civiles a la zona de desastre. Según los testimonios recopilados, un grupo de jóvenes accedió a las instalaciones afectadas con el objetivo de buscar armas, polvorines y otros materiales residuales de la explosión. En su recorrido, se toparon con cuerpos en avanzado estado de descomposición. Fuentes consultadas en la comunidad, así como los propios familiares, coincidieron en señalar que estos jóvenes fueron posteriormente detenidos por las fuerzas del orden y permanecen encarcelados, aunque se desconocen los cargos exactos y su paradero.
La opacidad informativa también fue denunciada por Gretel María Franco, madre de Leinier Jorge Sánchez Franco, un recluta de apenas 18 años que figuraba entre las víctimas. Franco indicó que integrantes de las FAR le comunicaron hace más de un mes la aparición de los cuerpos, pero desde entonces el régimen ha mantenido un hermetismo total. \»Hay varios comentarios en la calle de que los encontraron a todos y también que al quinto día de la búsqueda se derrumbó una pared y la suspendieron. Pero no han sido capaces de informar nada\», agregó la madre, ilustrando la desconfianza ciudadana hacia la versión oficial.
La entrada de civiles a los túneles y el posterior hallazgo de los restos desmienten frontalmente la narrativa institucional ofrecida tras la tragedia. El 15 de enero de 2025, el MINFAR emitió un comunicado asegurando que las explosiones, los gases acumulados, los daños estructurales y el riesgo de derrumbes hacían que el lugar fuera \»inaccesible\». En ese momento, la comisión militar concluyó que no existía \»posibilidad alguna de vida en el lugar\» y que era imposible llegar físicamente hasta donde se encontraban los 13 militares desaparecidos, atribuyendo el siniestro a un fallo eléctrico por un cortocircuito.
A pesar de no haber recuperado los cuerpos, las autoridades de la isla procedieron a declarar oficialmente fallecidos a los 13 hombres y organizaron un homenaje póstumo el 20 de enero de 2025 en la Plaza de la Revolución Mayor General Calixto García, en Holguín. El acto, encabezado por Miguel Díaz-Canel y otros altos funcionarios, se realizó únicamente con las fotografías de las víctimas, lo que generó un profundo rechazo y dolor entre los familiares, quienes exigían recuperar los restos de sus seres queridos para darles sepultura.
Desde los primeros días posteriores a la explosión, el dolor de los familiares se había transformado en exigencia pública. Julio César Guerrero Batista, padre del recluta José Carlos Guerrero García, alzó su voz para reclamar: \»¡Quiero el cuerpo de mi hijo! ¡Quiero respuestas y justicia!\». Las promesas del MINFAR de que accederían al lugar \»en cuanto las condiciones lo permitan\» se diluyeron en el tiempo. González Almaguer confirmó que a su familia le dieron sucesivamente distintos plazos que nunca se cumplieron: \»Primero nos dijeron que después de 72 horas… Después que a los cuatro días iban a entrar para recuperar los cuerpos. Todo mentira. Nunca entraron a buscarlos\».
La tragedia ocurrió en la madrugada del 7 de enero de 2025 en una instalación militar que almacenaba armamento y municiones en Melones, municipio Rafael Freyre, en la provincia de Holguín. En un primer momento, el MINFAR reportó la desaparición de 13 militares, entre ellos dos mayores, dos suboficiales y nueve soldados. El siniestro obligó a la evacuación de comunidades cercanas, las cuales regresaron a sus viviendas días después, mientras el ejecutivo cubano aseguraba que las investigaciones continuaban.
Opacidad institucional y descomposición del aparato estatal
El manejo de la tragedia de Melones no es un caso aislado, sino un reflejo de la profunda crisis de transparencia y responsabilidad institucional que atraviesa el régimen de La Habana. La dictadura cubana tiene una larga historia de silenciamiento ante desastres, ya sean naturales, industriales o militares, donde la prioridad del Estado no es el bienestar de los ciudadanos o el duelo de las familias, sino el control de la narrativa y la protección de su imagen externa. La ausencia de mecanismos de prensa libre impide que estos casos sean investigados a profundidad, dejando a los familiares a merced de la arbitrariedad militar y la censura sistemática.
La detención de los civiles que hallaron los cuerpos subraya además el carácter represivo del sistema. En lugar de reconocer la incapacidad logística y técnica de las FAR para acceder a la zona, el gobierno cubano opta por criminalizar a quienes evidenciaron la falsedad de su narrativa. El hecho de que ciudadanos hayan logrado entrar a una zona militar supuestamente inaccesible, y que hayan sido encarcelados por reportar lo que encontraron, ilustra la priorización del control punitivo sobre la verdad y la justicia. La represión silenciosa contra estos jóvenes ocurre en un contexto donde la protesta social y la exigencia de derechos son sistemáticamente aplastadas por la dictadura.
Asimismo, el siniestro de Melones se enmarca en el deterioro generalizado de la infraestructura y la falta de mantenimiento de las instalaciones estatales en Cuba. La crisis económica que atraviesa la isla, exacerbada por la ineficiencia del modelo centralizado, ha mermado las capacidades técnicas de las instituciones, incluidas las fuerzas armadas. La falta de equipos de rescate modernos, protocolos de seguridad obsoletos y la improvisación son factores que agravan cualquier emergencia en el país. El colapso de los servicios públicos y la precariedad material impiden una respuesta estatal efectiva, obligando a la población a valerse por sí misma, para luego ser castigada por ello.
Implicaciones y exigencia de respuestas
El silencio del MINFAR y la falta de respuestas a las solicitudes de la prensa independiente perfilan un escenario de impunidad y desamparo para los familiares de los 13 militares. Mientras el gobierno cubano mantenga su política de hermetismo, las familias se verán obligadas a continuar su búsqueda de justicia en la incertidumbre. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos deben prestar atención a este caso, no solo por la violación del derecho a la verdad de los familiares, sino por la situación de los civiles detenidos, cuyos derechos fundamentales podrían estar siendo vulnerados por la dictadura cubana. La tragedia de Melones quedará como un símbolo más de la deshumanización del poder en Cuba, donde los ciudadanos, incluso aquellos que visten el uniforme militar, son desechables ante la imperativa necesidad del régimen de salvaguardar su fachada.
