Las universidades cubanas iniciarán el próximo 1 de septiembre el curso académico 2026-2027 bajo un esquema semipresencial y descentralizado, consolidando un modelo que el régimen de La Habana presenta como \»reorganización educativa\» pero que en realidad responde a la imposibilidad material de sostener la docencia presencial ante la escasez crónica de combustible, los apagones sistemáticos y el colapso del transporte público en la isla.
El Ministerio de Educación Superior (MES) comunicó que mantendrá buena parte de las medidas aplicadas durante el semestre anterior, entre ellas el traslado de actividades docentes hacia los Centros Universitarios Municipales (CUM), las Filiales Universitarias Municipales (FUM) y otras instalaciones disponibles en los territorios. La denominada \»descentralización\» permitirá que los estudiantes realicen desde sus municipos trámites como matrícula, reingreso y ratificación de continuidad, con el objetivo declarado de reducir los desplazamientos hacia las sedes principales.
Según las orientaciones emitidas por el MES, los alumnos del curso diurno recibirán clases presenciales \»siempre que las condiciones lo permitan\», una formulación deliberadamente ambigua que traslada la responsabilidad de la presencialidad a factores como la disponibilidad de electricidad y transporte, sobre los cuales el gobierno cubano no ofrece garantías. Quienes estudian en la modalidad por encuentros tendrán, como mínimo, una actividad presencial al mes, mientras que la educación a distancia continuará funcionando bajo el mismo esquema que hasta ahora.
El ejecutivo cubano no estableció una cantidad uniforme de jornadas presenciales para todas las universidades. Cada centro deberá organizar el curso de acuerdo con las condiciones de su territorio y comunicar posteriormente los detalles a estudiantes y profesores. Esta flexibilidad, presentada como adaptación territorial, revela en realidad la ausencia de una política educativa nacional coherente y la incapacidad del Estado para garantizar condiciones mínimas homogéneas para la enseñanza superior en todo el país.
Un modelo nacido de la emergencia
La medida consolida un modelo que comenzó a extenderse durante el semestre anterior, cuando las autoridades redujeron la presencialidad debido a la falta de combustible, los apagones y las dificultades de transporte. Lo que inicialmente se presentó como una solución temporal se ha convertido en estructura permanente, sin que el gobierno cubano haya articulado un plan creíble para revertir las condiciones que motivaron el cambio. La normalización de la excepción revela hasta qué punto las crisis se han cronificado en la gestión estatal.
En marzo, funcionarios del sector reconocieron que la enseñanza superior estaba siendo afectada también por problemas de alimentación y carencias tecnológicas. En algunas facultades se redujeron las evaluaciones, se limitaron las clases presenciales y aumentó el envío de tareas y materiales por plataformas digitales. El reconocimiento oficial de estas deficiencias, aunque tardío, confirmó lo que estudiantes y profesores venían denunciando desde meses antes: la educación superior cubana opera por debajo de estándares mínimos de calidad.
Sin embargo, la enseñanza virtual tampoco está exenta de dificultades. Los cortes eléctricos, el costo de los datos móviles y la inestabilidad de la conexión a internet dificultan el acceso de muchos estudiantes a las actividades académicas. Mientras el régimen promueve la digitalización como alternativa a la presencialidad, la realidad demuestra que las brechas tecnológicas y energéticas hacen inviable la sustitución masiva del aula por la pantalla. Las empresas estatales de telecomunicaciones mantienen tarifas elevadas para la conectividad, en un contexto donde el salario medio cubano no alcanza para cubrir necesidades básicas.
Protestas estudiantiles y malestar en las aulas
La crisis provocó incluso protestas en la Universidad de La Habana, donde estudiantes reclamaron durante el pasado semestre mejores condiciones de electricidad, transporte y conectividad. Las movilizaciones, aunque limitadas en alcance, reflejaron el creciente descontento de un sector que tradicionalmente había mantenido una relación de pasividad con el poder. La represión institucional contra la expresión de demandas legítimas en el ámbito universitario se ha manifestado a través de amonestaciones, presiones administrativas y advertencias sobre la \»continuidad académica\» de quienes participen en acciones reivindicativas.
La dictadura cubana ha mantenido un control férreo sobre el espacio universitario desde la llamada Revolución Universitaria de los años sesenta. La expulsión de la autonomía universitaria, la subordinación de los claustros a la línea ideológica del Partido Comunista y la vigilancia de las organizaciones estudiantiles oficialistas han configurado un entorno donde el disenso es sistemáticamente reprimido. Las recientes protestas, por tanto, constituyen un hecho significativo en un contexto donde la organización estudiantil independiente está proscrita y cualquier forma de asociación que no pase por el filtro estatal es considerada subversiva.
Contexto: La crisis estructural que asfixia la educación
La situación de las universidades no puede entenderse al margen del deterioro generalizado del país. La economía cubana atraviesa su peor crisis desde el Período Especial de los años noventa, con una inflación descontrolada que ha erosionado el poder adquisitivo de la población, un desabastecimiento crónico de bienes básicos y un sistema eléctrico nacional al borde del colapso. La producción nacional de combustible ha caído drásticamente y las importaciones, particularmente desde Venezuela y Rusia, se han reducido significativamente, obligando al régimen a rationar el consumo de diesel y gasolina incluso para servicios esenciales.
El déficit del sistema eléctrico nacional ha superado en repetidas ocasiones los 1.500 megavatios, lo que equivale a más de la mitad de la demanda en horas pico. Los apagones, que en algunas provincias superan las 12 horas diarias, han generado protestas espontáneas en barrios de toda la isla desde 2021, con un repunte significativo en los últimos meses. La respuesta de la dictadura ha combinado represión selectiva, amenazas y promesas incumplidas de recuperación del sistema, mientras la infraestructura energética continúa deteriorándose sin inversiones sustantivas que reviertan la tendencia.
El éxodo migratorio, que ha superado el medio millón de personas en los últimos años según diversas estimaciones, ha golpeado también al sector educativo. La fuga de profesores universitarios, muchos de los cuales han abandonado la docencia para emigrar o dedicarse a actividades más rentables en la economía informal, ha dejado a numerosas facultades con plantillas incompletas. La descapitalización del claustro se suma a la pérdida de estudiantes que optan por emigrar antes de concluir sus estudios, en un fenómeno que debilita aún más la ya maltrecha calidad de la educación superior cubana.
Implicaciones y perspectivas
El gobierno cubano presenta la descentralización como una vía para garantizar la continuidad de los estudios, pero el inicio del nuevo curso confirma que las universidades seguirán funcionando bajo las mismas limitaciones materiales que obligaron a reducir la docencia presencial meses atrás. La ausencia de un plan concreto para restaurar la presencialidad plena revela que las autoridades no prevén una mejora sustancial en el suministro energético ni en la disponibilidad de transporte en el corto plazo.
Para miles de estudiantes cubanos, asistir a clases continuará dependiendo no solo del calendario académico, sino también de que haya electricidad, transporte, conexión a internet y combustible. La educación superior, otrora considerada uno de los logros emblemáticos del sistema cubano, se desenvuelve ahora en un escenario de precariedad que contradice la narrativa oficial de un país comprometido con el conocimiento y el desarrollo. La brecha entre la retórica gubernamental y la realidad de aulas sin luz, bibliotecas sin recursos y estudiantes sin garantías continúa ampliándose, mientras la comunidad internacional observa con creciente preocupación el deterioro acelerado de las condiciones de vida en la isla.
La consolidación del modelo semipresencial plantea además interrogantes sobre el valor real de los títulos universitarios cubanos en un contexto donde la formación práctica, el acceso a laboratorios y la interacción presencial con docentes se reducen al mínimo. Para un país que históricamente exportó profesionales a América Latina y el Caribe, la degradación de su sistema de educación superior representa no solo una pérdida educativa, sino también un deterioro de uno de los pocos activos de prestigio internacional que el régimen aún podía esgrimir. Sin políticas serias de recuperación económica y sin voluntad política para revertir el modelo centralizado e ineficiente que ha conducido al colapso, la educación superior cubana parece abocada a un proceso de empobrecimiento del cual será difícil recuperarse en el mediano plazo.
