El reconocido cineasta cubano Fernando Pérez condenó este viernes la detención del activista Leonardo Romero Negrín, arrestado de forma violenta tras participar en un cacerolazo en Centro Habana, y advirtió sobre la fractura abismal entre la juventud de la isla y el poder, advirtiendo que la criminalización del pensamiento crítico conduce a una nación fracturada.
El mensaje de Pérez, una de las figuras más respetadas de la cinematografía nacional, fue grabado «en medio de un apagón» y compartido en la red social Facebook por la periodista Lisbeth Moya González. En la grabación, el director lamentó profundamente la detención del joven y cuestionó de manera frontal que en Cuba se castigue sistemáticamente la participación ciudadana y la legítima expresión de criterios disidentes. «Leonardo Romero, joven que expresa sus ideas, que quiere construir, que quiere participar, que quiere cambiar muchísimas cosas, como muchos jóvenes en este país, está preso», afirmó Pérez desde la penumbra provocada por el colapso energético.
El cineasta consideró que Romero fue encarcelado exclusivamente «por querer expresar sus ideas» y sostuvo que esta clausura de espacios para el debate y la participación cívica ha provocado «una fractura ya demasiado abismal entre muchísimos jóvenes y el Gobierno». Para Pérez, la respuesta represiva del Estado representa un error estratégico de enormes proporciones: «Creo que es nuevamente un error», agregó, en alusión a las políticas de silenciamiento que han marcado la historia reciente del país.
Aunque aclaró que no conoce personalmente a Romero Negrín, Pérez manifestó estar plenamente al tanto de su activismo y defendió con firmeza que el joven no debe permanecer en prisión. «Leonardo no debe estar en la cárcel, como otros presos políticos que quieren expresar sus ideas también. No es ese el camino», señaló el realizador, vinculando su caso con la situación de cientos de cubanos enconflictos con la ley por motivos estrictamente políticos. El cierre de su mensaje fue una reflexión demoledora sobre el rumbo del país: «Mientras muchos jóvenes no sean escuchados, no puedan participar, tendremos una Cuba rota, no la Cuba que soñamos».
Detención violenta y opacidad institucional
Leonardo Romero Negrín fue detenido en la noche del miércoles tras sumarse a un cacerolazo espontáneo en Centro Habana. La protesta surgió como respuesta directa al malestar social generalizado por los prolongados apagones, la escasez crónica de alimentos y las recientes medidas económicas anunciadas por el régimen de La Habana, las cuales han profundizado la inflación y el desabastecimiento en los hogares cubanos.
De acuerdo con denuncias formuladas por familiares y allegados, el arresto se ejecutó con un uso desproporcionado de la fuerza en su propio barrio, frente a testigos. Ante la incertidumbre, sus familiares acudieron de inmediato a las unidades policiales para pedir información sobre su situación. Sin embargo, las autoridades de la isla no ofrecieron respuestas claras sobre su paradero ni sobre la naturaleza de los cargos o el expediente legal que se le imputa, una práctica habitual de opacidad que viola el debido proceso.
Este no es un hecho aislado en el historial del joven activista. Leonardo Romero ha sido arrestado en numerosas ocasiones por motivos políticos desde las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 (11J), evento que marcó un punto de inflexión en la política represiva del Estado. Su constante hostigamiento policial lo convierte en un claro ejemplo del patrón de persecución que la dictadura cubana ejerce contra quienes se atreven a exigir cambios en el orden público.
Contexto sistemico: Represión y colapso estructural
La detención de Romero Negrín y la consecuente denuncia de Fernando Pérez no ocurren en el vacío, sino que se enmarcan en una crisis estructural sin precedentes en la isla. El colapso del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) ha llevado a cortes de electricidad que superan las 12 horas diarias en gran parte del territorio nacional, paralizando la economía informal, afectando la conservación de alimentos y deteriorando la calidad de vida de la población a niveles críticos.
Paralelamente, el gobierno cubano ha implementado un paquete de medidas económicas que incluye el aumento desmedido de las tarifas de servicios, la elevación de los precios de combustibles y la devaluación controlada de la moneda nacional frente al dólar. Estas acciones, lejos de estabilizar la macroeconomía, han disparado la inflación, volviendo inalcanzables los productos de la canasta básica para la mayoría de los asalariados. Es este escenario de asfixia material el que ha motivado a ciudadanos comunes a tomar las cacerolas y salir a las calles en señal de protesta.
Frente a este descontento, la respuesta de la dictadura cubana ha sido el endurecimiento del aparato represivo. La reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Nacional han dotado al Estado de herramientas legales para criminalizar la protesta social, la difusión de información no oficial y la simple manifestación de descontento en espacios públicos. La política de terrorismo de Estado busca evitar a toda costa una nueva convulsión social similar a la del 11J, recurriendo a la intimidación, los actos de repudio, el confinamiento y las condenas arbitrarias.
El papel de la intelectualidad y el futuro de la nación
La voz de Fernando Pérez cobra una relevancia particular en este contexto, al tratarse de una figura con un amplio reconocimiento cultural e institucional que decide romper el silencio cómplice. Su declaración evidencia que la insatisfacción con la gestión del ejecutivo cubano ha trascendido los sectores tradicionalmente opositores y ha permeado en la intelectualidad y el arte, históricamente cooptados o silenciados por el aparato ideológico del Estado.
Las consecuencias de esta «Cuba rota», como la define Pérez, se proyectan de manera alarmante hacia el futuro. La falta de espacios para la participación cívica, sumada al colapso material, está alimentando un éxodo migratorio de dimensiones gigantescas. La fuga de talento joven representa una hemorragia demográfica que amenaza la viabilidad futura del país, dejando un territorio envejecido y desprovisto de la fuerza laboral y creativa necesaria para cualquier proceso de reconstrucción.
La comunidad internacional y las organizaciones de defensa de los derechos humanos continúan monitoreando con preocupación la escalada represiva en la isla. La exigencia de la liberación de los presos políticos y la apertura de espacios para el diálogo genuino se presentan como condiciones ineludibles para evitar el colapso total de la nación. Mientras el régimen insista en la vía del silenciamiento y la cárcel para sus jóvenes, la fractura social se profundizará, alejando cada vez más la posibilidad de una transición pacífica hacia una Cuba democrática y próspera.
