1>Las raíces del régimen cubano: entre los pronósticos de cambio y los negocios que sostienen la represión
Las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sobre un eventual cambio irreversible en Cuba para el final de la actual administración contrastan con la realidad de un flujo económico que sigue nutriendo al régimen de La Habana, desde envíos de combustible hasta operaciones de empresas supuestamente privadas que actúan como brazos financieros de la dictadura.
En una reciente entrevista concedida al programa The Katie Miller Podcast, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, utilizó una metáfora botánica para explicar la persistencia del régimen cubano. Según el funcionario, un sistema enraizado por casi setenta años no puede ser arrancado \»de la noche a la mañana para plantar algo totalmente nuevo\». Rubio aseguró además que, para cuando concluya la actual administración, Cuba estará \»como mínimo, en una senda irreversible hacia un futuro muy diferente\». Las declaraciones, pronunciadas con aparente confianza institucional, han generado un intenso debate entre analistas y opositores que cuestionan la viabilidad de tales vaticinios mientras persisten mecanismos concretos de financiamiento al régimen.
El símil del árbol con raíces profundas, empleado por Rubio para retratar la longevidad del control castrista, resulta elocuente pero incompleto a la luz de los hechos sobre el terreno. En la localidad de Delicias, municipio de Puerto Padre, provincia de Las Tunas, opera el central azucarero \»Coloso S.A.\», una entidad catalogada como privada que recibe embarques multimillonarios procedentes de Estados Unidos y otros países. Estos envíos, que circulan al margen del escrutinio público, mantienen activa una infraestructura productiva cuya beneficiaria última es la estructura de poder militar y civil que gobierna la isla.
El caso del central tunero no es un hecho aislado. Representa una modalidad de supervivencia del régimen que ha sabido adaptarse a las restricciones del embargo estadounidense mediante la creación de un entramado de empresas supuestamente privadas —las conocidas como mipymes— que en realidad funcionan como extensiones del aparato estatal. Varias de estas empresas, registradas bajo figuras jurídicas de propiedad privada, son operadas por individuos con vínculos directos con la cúpula militar y política, lo que permite al gobierno cubano canalizar ingresos hacia las estructuras de represión y control social.
La paradoja del combustible que alimenta la represión
Uno de los aspectos más conspicuos de esta dinámica es el comercio de combustible. Empresas \»privadas\» cubanas importan gasolina de procedencia estadounidense para abastecer a quienes rentan automóviles propiedad del Estado —generalmente cubanos residentes en Estados Unidos que visitan la isla—, generando un circuito lucrativo que beneficia directamente a las autoridades. Este negocio opera pese a las disposiciones del embargo y representa una vía de oxigenación financiera para un régimen que, simultáneamente, despliega sus efectivos para reprimir cualquier manifestación de descontento ciudadano.
La interrogante que surge de manera ineludible es quién financia el combustible de los vehículos que el régimen utiliza para reprimir. No se trata únicamente de centenares de medios terrestres —jeeps, automóviles y motocicletas— sino también de costosos medios aéreos, incluidos aviones ejecutivos para uso exclusivo de la jefatura del régimen y aeronaves de combate que mantienen patrullajes sobre zonas específicas del territorio nacional, particularmente sobre los hábitats de Raúl Castro y su entorno. Estos costos operativos, imposibles de sostener con los ingresos de una economía colapsada, son cubiertos por empresarios cómplices que se benefician del sistema de privilegios establecido por la dictadura.
Una cleptocracia con raíces históricas
La continuidad del poder en Cuba tiene un origen que precede incluso al triunfo de la llamada revolución. La cleptocracia —entendida como el gobierno de ladrones que saquean tanto el erario público como las facultades del Estado y la propiedad privada— hunde sus raíces en el golpe de Estado del 10 de marzo de 1952, cuando Fulgencio Batista, aquel sargento taquígrafo que se autoproclamó general, interrumpió el frágil camino democrático de la república. El desgobierno que se extendió entre 1952 y 1958 concluyó con la huida de Batista la madrugada del 1 de enero de 1959, momento en que un movimiento que pudo tener raíces democráticas fue transformado por la influencia soviética y los servicios secretos del Kremlin en una dictadura del proletariado, es decir, en el régimen totalitario de los hermanos Fidel y Raúl Castro.
Esa dictadura se ha prolongado por más de sesenta y siete años, adaptándose a cada coyuntura internacional, sobreviviendo al colapso de su principal patrocinador —la Unión Soviética— y reinventando sus mecanismos de financiamiento con la misma flexibilidad con la que ha endurecido su aparato represivo. La metáfora del viejo árbol empleada por Rubio es, en este sentido, históricamente precisa: las raíces del castrismo son profundas y ramificadas, pero no son inmortales. Dependen de un riego constante que, si se interrumpiera, provocaría un colapso estructural acelerado.
El contexto de una crisis que no cede
La realidad cotidiana en Cuba ofrece el panorama más elocuente de la decadencia del sistema. La isla atraviesa una crisis multidimensional sin precedentes: apagones que superan las doce horas diarias en gran parte del territorio nacional, desabastecimiento de agua potable, inflación descontrolada que hace inaccesibles los alimentos básicos para la mayoría de la población, y un colapso sanitario que se traduce en la falta de medicinas esenciales y el deterioro de la infraestructura hospitalaria. A esto se suma un éxodo migratorio de proporciones históricas, con cientos de miles de cubanos abandonando el país cada año rumbo a Estados Unidos, América Latina y Europa.
Sin embargo, en medio de esta escasez generalizada, hay un recurso que nunca falta: los efectivos de seguridad dispuestos a reprimir. Cuando los ciudadanos salen a las calles para protestar por los cortes de electricidad o la falta de alimentos, las fuerzas del orden responden con una eficiencia que contrasta dramáticamente con la inoperancia del Estado en la prestación de servicios básicos. Sobran policías, agentes de la Seguridad del Estado y colaboradores del aparato de vigilancia ciudadana para sofocar el descontento, mientras faltan médicos, maestros, transportistas y trabajadores para sostener el funcionamiento mínimo del país.
Esta paradoja —escasez en todo lo que atañe al bienestar ciudadano y abundancia en todo lo relativo al control represivo— responde a una lógica estructural del régimen. El gobierno cubano ha priorizado históricamente la conservación del poder sobre la satisfacción de las necesidades de la población, y para ello ha destinado los recursos disponibles —incluidos los provenientes de negocios opacos y remesas— hacia el fortalecimiento del aparato de seguridad interior. Las cifras de presupuesto destinadas a defensa y orden interior, aunque no son públicas con el detalle que exigiría un Estado democrático, se estima que representan una porción desproporcionada del gasto gubernamental en relación con los sectores sociales.
Las preguntas que la diplomacia debe responder
Las declaraciones de Marco Rubio, en este contexto, plantean una tensión entre el discurso oficial de la administración estadounidense y la realidad observable. Si las autoridades de Washington son conscientes de que desde Estados Unidos y otros países se remiten embarques multimillonarios hacia entidades como el central \»Coloso S.A.\» en Las Tunas, la pregunta ineludible es por qué no se han adoptado medidas para interrumpir esos flujos. Si, por el contrario, tales operaciones son desconocidas para el gobierno estadounidense, ello revelaría una falla de inteligencia y supervisión difícil de justificar frente a una política declaradamente hostil al régimen de La Habana.
El secretario de Estado tiene razón al señalar que la transformación de Cuba no puede ser instantánea, pero su analogía del árbol pasa por alto un elemento decisivo: las raíces del castrismo no se nutren únicamente de la historia y la ideología, sino de flujos económicos concretos y verificables. Mientras esos flujos permanezcan activos —ya sea a través de mipymes fachadas, de importaciones de combustible para negocios estatales disfrazados de privados, o de operaciones azucareras en zonas rurales de Las Tunas—, el régimen contará con los recursos necesarios para mantener su aparato de represión y perpetuar su control sobre la sociedad cubana.
El pronóstico de Rubio sobre una \»senda irreversible hacia un futuro diferente\» podría materializarse, pero no como consecuencia natural del paso del tiempo o de la descomposición interna del régimen, sino únicamente si las democracias occidentales, y particularmente Estados Unidos, adoptan medidas efectivas para cortar las fuentes de financiamiento que sostienen a la dictadura. Cerrar los surtidores que mantienen bajo riego permanente las raíces del régimen no requiere intervención militar ni portaaviones: requiere decisión política, inteligencia económica y la voluntad de aplicar de manera consistente las disposiciones existentes. Si eso ocurriera, el árbol con raíces podridas caería por su propio peso, y el pueblo cubano podría finalmente plantar el árbol de la libertad.
