Una sociedad anónima con capital 100% extranjero opera el único ingenio azucarero de propiedad privada en Cuba, el otrora central Delicias, expropiado a ciudadanos estadounidenses en 1960. La operación, que involucra a empresarios guatemaltecos y un español residente en Estados Unidos, plantea serias interrogantes sobre el cumplimiento de la Ley Libertad y la complicidad del régimen de La Habana con negocios sobre bienes confiscados.
En el municipio de Puerto Padre, provincia de Las Tunas, funciona lo que las autoridades cubanas denominan \»Coloso Antonio Guiteras S.A.\», un central azucarero que en realidad es el histórico ingenio Delicias, propiedad original de la empresa estadounidense The Cuban American Sugar Mills Company. Este ingenio, junto al Chaparra —de la misma compañía—, fue expropiado en dos ocasiones a lo largo del siglo XX. La primera, el 19 de diciembre de 1933, durante el Gobierno de los Cien Días, por orden del entonces ministro de Gobernación Antonio Guiteras; los propietarios fueron restituidos un año después bajo el gobierno de Carlos Mendieta. La segunda expropiación, la definitiva, se ejecutó el 20 de julio de 1960 mediante la Resolución 195 firmada por Fidel Castro, y desde entonces los legítimos dueños nunca han sido compensados.
Según ha podido confirmar ReporteCubaYa mediante una fuente oficial con conocimiento directo de la operación, desde principios del año en curso una sociedad anónima con capital íntegramente extranjero mantiene operativo el central bajo la figura jurídica de \»propiedad privada\». Se trata del único ingenio azucarero en toda la isla que funciona bajo esta modalidad, en un país donde el Estado controla formalmente la totalidad de los medios de producción. La paradoja es elocuente: lo que comenzó como una intervención \»por utilidad pública\» en 1960 se ha convertido, seis décadas después, en un negocio de lucro privado con capital foráneo sobre bienes arrebatados a sus legítimos propietarios.
Los rostros detrás del \»Coloso\»
La fuente consultada, cuya identidad se preserva por razones de seguridad, confirmó que al menos tres extranjeros dirigen y supervisan las operaciones agroindustriales y económicas del central. Dos de ellos, identificados como ciudadanos guatemaltecos, residen directamente en las instalaciones del antiguo Delicias, específicamente en las que fueran viviendas de técnicos alemanes y posteriormente sede de una filial universitaria. Un tercer empresario, de nacionalidad española, reside en Estados Unidos, desde donde supuestamente garantiza el suministro de combustible y otros insumos imprescindibles para el funcionamiento de la industria.
\»La dirección del Partido y del Estado sí conocen con quién estamos tratando\», reconoció el funcionario, antes de añadir una precisión reveladora: \»pero al ser una sociedad anónima, esa es una información que no está a nuestro nivel, porque el propietario, ya fuere una persona natural o jurídica, es alguien desconocido en nuestro entorno, y las personas que están a la vista puede que sean socios, accionistas o administradores\». Esta opacidad estructural es coherente con el modus operandi habitual del régimen cubano, que históricamente ha utilizado figuras jurídicas intermediarias para canalizar negocios con capital extranjero mientras mantiene el control político efectivo sobre las operaciones.
La presencia de estos empresarios extranjeros no pasa desapercibida en la comunidad local. Recientemente, los dos ciudadanos guatemaltecos acudieron a una tienda improvisada en una vivienda particular del municipio para adquirir cuatro pares de botas de goma —reposición de un par que les había sido sustraído— y explorar la compra de otros útiles. Sus planes, según trascendió, no se limitan a la producción azucarera: la diversificación incluye la adquisición de sembrados de frutales con fines industriales, la cría de ganado vacuno y la siembra de arroz, lo que revela una estrategia de mediano plazo que excede con creces el simple aprovechamiento de una zafra.
Las interrogantes jurídicas bajo la Ley Helms-Burton
El funcionamiento del central \»Coloso\» plantea cuestiones jurídicas de enorme relevancia, particularmente a la luz de la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana, conocida como Ley Helms-Burton. Esta legislación, en su Título IV, establece que incurren en \»tráfico\» aquellas personas —físicas o jurídicas— que negocien con propiedades de ciudadanos estadounidenses expropiadas forzosamente y sin compensación. El central Delicias cumple exactamente con esa condición: fue propiedad de una empresa estadounidense, fue desposeído contra la voluntad de sus dueños y nunca hubo indemnización alguna.
En este contexto, cabe preguntar si el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, considerado uno de los políticos más firmes en su postura frente al régimen cubano, tiene conocimiento de esta operación y qué medidas pretende adoptar. La Ley Helms-Burton, en su jurisdicción, contempla la posibilidad de denegar visas y aplicar sanciones a quienes trafiquen con propiedades confiscadas a ciudadanos estadounidenses. Si los empresarios que operan el \»Coloso\» tienen residencia o propiedades en Estados Unidos —como parece ser el caso del empresario español—, teóricamente estarían sujetos a estas disposiciones legales.
Las interrogantes se multiplican cuando se considera la escala de las operaciones. Mantener un central azucarero en funcionamiento en las condiciones actuales de Cuba requiere el suministro desde el extranjero de enormes cantidades de combustible, lubricantes, piezas de repuesto y otros insumos industriales. Se trata de millones de litros de combustible para mantener operativas locomotoras, camiones, tractores y cosechadoras, además del transporte de personal. Estos embarques, presuntamente remitidos desde Estados Unidos y otros países, no podrían pasar desapercibidos para las autoridades aduaneras y de inteligencia estadounidenses, lo que sugiere либо una fiscalización insuficiente, o bien una tolerancia que contradice el espíritu de la legislación sancionadora.
El colapso de la industria azucarera y el contexto estructural
El caso del central \»Coloso\» no puede desvincularse del colapso generalizado de la industria azucarera cubana, otrora columna vertebral de la economía nacional. En su momento de mayor esplendor, Cuba producía más de ocho millones de toneladas de azúcar anualmente y era el principal exportador mundial del dulce. Hoy, la zafra cubana se ha desplomado a niveles que no se registraban desde el siglo XIX, con producciones que apenas superan el medio millón de toneladas en los años más recientes. La mayoría de los ingenios de la isla están paralizados, en ruinas o desmantelados, y miles de trabajadores azucareros han emigrado o sobreviven en la precariedad.
La destrucción de la industria azucarera no fue un fenómeno accidental sino consecuencia directa de décadas de mala gestión, centralización burocrática y decisiones políticas arbitrarias por parte del gobierno cubano. El régimen de La Habana desmanteló progresivamente una estructura productiva que había sido construida a lo largo de más de un siglo, sustituyendo la eficiencia empresarial por el control ideológico y el voluntarismo. Los planes de reorganización azucarera de principios de los años 2000, que cerraron más de la mitad de los ingenios del país, fueron presentados como una \»reconversión\» necesaria, pero en la práctica significaron la liquidación de comunidades enteras que dependían de la actividad azucarera.
En este panorama de devastación, la existencia de un central operativo bajo gestión privada extranjera constituye una anomalía que revela la hipocresía del sistema. Mientras el Estado cubano mantiene el monopolio formal sobre los medios de producción y reprime cualquier intento de emprendimiento privado autónomo por parte de los ciudadanos, simultáneamente abre las puertas a capital foráneo sobre bienes expropiados, operando bajo figuras jurídicas opacas que escudriñan los límites de la legalidad internacional.
El Puerto Padre que fue
Para comprender la magnitud de lo perdido, basta observar lo que fue Puerto Padre antes de 1959. La aduana de este puerto ocupaba el sexto lugar en Cuba en recaudación de impuestos, y por ella se exportaban las producciones de numerosos centrales de la zona. El central Delicias no era una simple fábrica de azúcar: era el corazón económico y social de toda una comunidad, generador de empleo, dinamizador del comercio local y eje de una cultura del trabajo que se transmitía de generación en generación. La influencia del ingenio se extendía a todas las esferas de la vida municipal, desde la educación hasta el transporte, desde el comercio hasta los servicios públicos.
Hoy Puerto Padre es, en palabras de sus propios habitantes, un puerto muerto. Las instalaciones portuarias están deterioradas, el comercio local ha desaparecido casi por completo y la población sobrevive entre el desabastecimiento, los apagones y la falta de oportunidades. La cultura del cultivo de la caña y de la producción azucarera, que durante siglos definió la identidad de la región, ha sido erradicada no por evolución natural de la economía sino por la acción deliberada de un sistema que destruyó lo que no podía controlar.
El régimen cubano comete, en términos jurídicos y culturales, lo que muchos especialistas califican como un genocidio económico y social: la destrucción sistemática de un grupo nacional —en este caso, el gremio azucarero y las comunidades que de él dependían— con la intención de eliminar una cultura productiva que era incompatible con el modelo totalitario. No se trata únicamente de la expropiación de bienes materiales, sino de la liquidación de un modo de vida, de una tradición de trabajo y de una estructura social que tardó más de un siglo en consolidarse.
Consecuencias e implicaciones
El caso del central \»Coloso\» interpela directamente a la comunidad internacional y, en particular, al gobierno de Estados Unidos. Si la Ley Helms-Burton ha de tener vigencia real y no convertirse en una declaración retórica sin teeth, es imperativo que las autoridades competentes investiguen la naturaleza jurídica de la sociedad anónima que opera el otrora Delicias, identifiquen a sus verdaderos propietarios y determinen si existe violación de las disposiciones sobre tráfico de propiedades confiscadas. La impunidad en este caso sentaría un precedente peligroso: el de un régimen que expropia, destruye y luego lucra con los bienes arrebatados, todo bajo la mirada indiferente de quienes tienen los instrumentos legales para impedirlo.
Para los cubanos de Puerto Padre y de toda la isla, el mensaje es aún más doloroso. Mientras se les exige resignación ante la miseria y se les reprime cuando reclaman derechos, ven cómo el régimen de La Habana abre exceptions privilegiadas para capital extranjero sobre tierras e industrias que fueron arrebatadas a sus legítimos dueños. La reconstrucción de la industria azucarera cubana, si alguna vez ha de producirse de manera sostenible, no podrá hacerse sobre el silencio de los despojos ni sobre la complicidad de quienes trafican con el dolor de una nación.
