El Sindicato Nacional de Defensa de Sudáfrica (SANDU) exige una investigación independiente tras conocerse que un general de brigada presionó a decenas de oficiales destinados en la isla para que \»donen\» parte de sus asignaciones de manutención. El hecho, ocurrido bajo el pretexto de ayudar a cubanos en situación de vulnerabilidad, evidencia una vez más los mecanismos opacos que utiliza el gobierno cubano para captar divisas en medio de su profunda crisis estructural.
La controversia estalló tras una investigación publicada por el medio sudafricano News24, recogida posteriormente por Briefly, en la que se detalla cómo 38 oficiales de la Fuerza de Defensa Nacional de Sudáfrica (SANDF) fueron objeto de presiones financieras poco después de su llegada a La Habana. El general de brigada Mitch Ledwaba, adscrito a la división de personal militar, habría sido el responsable de exigir contribuciones que oscilaban entre los 3.000 rands (unos 188 dólares) para los oficiales de menor rango, hasta más de 15.000 rands (aproximadamente 940 dólares) para los mandos superiores.
Aunque las aportaciones fueron presentadas oficialmente como actos voluntarios destinados a asistir a ciudadanos cubanos necesitados, la estructura de la petición desmiente tal carácter. Ledwaba habría distribuido una lista donde cada integrante del grupo debía anotar su nombre y la cantidad a aportar, estableciendo los montos en función del grado militar. El dinero debía ser deducido directamente de los anticipos en dólares que los oficiales reciben para cubrir sus gastos básicos durante su estancia en la isla.
La opacidad del procedimiento generó inmediata alarma entre los efectivos. Los militares no recibieron ningún tipo de documento que explicara cómo serían empleados, administrados o distribuidos los fondos. A quienes accedieron a pagar se les prometió el reembolso del dinero para diciembre de 2026, pero sin entregar constancia de pago ni garantizar la devolución. Varios oficiales se negaron a participar, cuestionando la legalidad de la exigencia y señalando la ausencia del general de brigada Thembisile David Mpisane, agregado de Defensa sudafricano en Cuba, durante la reunión donde se solicitó el dinero.
El SANDU ha reaccionado con dureza ante lo que considera un abuso de autoridad. El secretario nacional del sindicato, Pikkie Greeff, fue categórico al afirmar que \»los salarios de los soldados no son un fondo discrecional\». La organización advirtió que las asignaciones forman parte integral de la remuneración de los militares y están estrictamente destinadas a sostenerlos mientras cumplen funciones oficiales en el extranjero. En una estructura jerárquica, argumentó el sindicato, el supuesto voluntariedad desaparece ante la presión inherente de una orden o sugerencia emitida por un superior.
Para justificar la recaudación, el general Ledwaba apeló a un recurso retórico frecuentemente utilizado por el régimen de La Habana: el historial de apoyo brindado por el gobierno cubano al Congreso Nacional Africano (ANC) durante la lucha contra el apartheid. Sin embargo, este argumento histórico ha sido utilizado durante décadas por las autoridades de la isla para exigir contrapartes económicas y concesiones a sus aliados, enmascarando con la narrativa de la \»solidaridad\» lo que en la práctica resulta ser un mecanismo de extracción de divisas para un Estado en bancarrota.
Un programa de cooperación cuestionado y oneroso
El escándalo de las \»donaciones\» forzadas arroja luz sobre el elevado costo que representa para Sudáfrica su cooperación militar con Cuba. Según respuestas parlamentarias del Ministerio de Defensa, los estudiantes militares sudafricanos presentes en la isla participan en la iniciativa Oportunidades de Formación en el Extranjero, gestionada por la jefatura de Recursos Humanos. Entre los ejercicios fiscales de 2021 y 2025, el gobierno sudafricano ha desembolsado 34,1 millones de rands solo en concepto de matrículas pagadas a La Habana.
La cifra se dispara cuando se suman los gastos operativos. Otros 612,4 millones de rands han sido destinados a estipendios, alojamiento, viajes, manutención y visitas de supervisión y enlace. Estos desembolsos ocurren en un contexto donde la propia Auditoría General de Sudáfrica determinó en 2023 que formar en Cuba a 79 estudiantes de medicina militar costaba un 136% más que hacerlo en instituciones sudafricanas. El organismo fiscalizador estimó que el Departamento de Defensa habría podido ahorrar 122,4 millones de rands durante el periodo de estudios, comprendido entre 2014 y 2028, si hubiera optado por la formación local.
La crisis estructural cubana y la captación de divisas
La exigencia de contribuciones a militares extranjeros no puede entenderse de forma aislada; responde directamente a la asfixia financiera que sufre el régimen cubano. La isla atraviesa su peor crisis económica desde los años noventa, con una hiperinflación galopante, un desabastecimiento crónico de alimentos y medicinas, y el colapso de sus dos principales fuentes históricas de ingresos: el turismo internacional y la exportación de servicios médicos. En este panorama, la captación de moneda dura por cualquier vía, incluso mediante presiones a misiones extranjeras, se ha vuelto una necesidad vital para la supervivencia del aparato estatal.
La dictadura cubana ha perfeccionado el uso de la diplomacia y la cooperación internacional como empresas rentables. Los programas de intercambio no son únicamente iniciativas de formación académica o intercambio cultural, sino estructuras diseñadas para que el Estado cubano capte recursos en divisas. Al exigir pagos exorbitantes por matrículas y alojamiento, y al permitir o fomentar que se soliciten \»donaciones\» bajo la mesa, el ejecutivo cubano se beneficia de la ingenuidad o la complicidad de funcionarios extranjeros, drenando los presupuestos de países que, como Sudáfrica, enfrentan sus propios desafíos socioeconómicos internos.
Este modus operandi se inserta en la misma lógica del Proyecto Thusano y su sucesor, el Proyecto Kgala, acuerdos de cooperación militar que en su momento generaron intensas polémicas en Sudáfrica por los elevados costos y la dudosa calidad de los servicios prestados por especialistas cubanos en el país africano. La historia de cooperación entre ambas naciones está plagada de denuncias de irregularidades financieras, donde la retórica antiimperialista y la deuda histórica funcionan como pantallas para justificar transferencias de dinero hacia las arcas de un gobierno carente de transparencia y control democrático.
Implicaciones políticas y exigencia de transparencia
El sindicato SANDU ha reclamado formalmente la creación de una junta de investigación independiente que esclarezca múltiples interrogantes: quién autorizó la recaudación, quién recibió y controló el dinero, cuál era su destino real y con qué fundamento legal o financiero se solicitaron las contribuciones. Además, exigen determinar si existieron coacción, abuso de autoridad, irregularidades financieras, fraude, corrupción u otra conducta delictiva por parte de los mandos militares sudafricanos involucrados.
Hasta el momento, la SANDF no ha emitido una respuesta oficial a las graves acusaciones, lo que aumenta la percepción de encubrimiento institucional. El silencio de las autoridades sudafricanas contrasta con la magnitud del desfalco potencial y con el hecho de que los contribuyentes de ese país están financiando un programa de formación en el extranjero que resulta más caro, menos eficiente y, aparentemente, propenso a la corrupción y la extorsión interna.
El desenlace de este escándalo tendrá repercusiones significativas no solo para la disciplina militar sudafricana, sino para la propia relación bilateral. La comunidad internacional y los órganos de control fiscal de Sudáfrica podrían exigir una revisión profunda de los convenios con La Habana, cuestionando la viabilidad de seguir inyectando millones de rands en una dictadura que, incapaz de sostener su propia economía, recurre a la presión y al chantaje emocional para extraer recursos de sus aliados. El incidente deja en evidencia que la cooperación con el régimen cubano resulta, cada vez más, un lujo inasequible y éticamente insostenible.
