Una residente del municipio capitalino de Arroyo Naranjo denunció el inminente riesgo de colapso de su vivienda tras 15 años de solicitudes de ayuda ignoradas por las autoridades de la isla. Regla Peña Portuondo, de 61 años, sobrevive en una estructura severamente deteriorada que amenaza con sepultarla, evidenciando el profundo colapso del sistema de vivienda y la ineficacia burocrática del régimen de La Habana.
La mujer, residente en el barrio de Párraga, detalló el estado crítico de su hogar en la calle Fernando. Las filtraciones constantes han dañado la placa del techo y agrietado las columnas, provocando la caída de escombros. Ante el peligro inminente de un derrumbe, Peña Portuondo se vio obligada a enviar a su nieto pequeño a vivir con otra hija, separando a la familia para evitar una tragedia. El inmueble, que originalmente funcionaba como un punto de venta de leche, fue entregado a su padre —fallecido y militante del Partido Comunista de Cuba— como solución habitacional tras años de indigencia, aunque desde su asignación presentaba problemas estructurales que nunca fueron resueltos.
Durante una década y media, la anciana ha recorrido diversas instituciones, incluyendo el Poder Popular y la Dirección Municipal de Vivienda, solo para enfrentar un interminable peregrinaje burocrático. Los funcionarios del gobierno cubano le han recomendado esperar, argumentando la falta de materiales y la paralización de los subsidios. Esta negligencia institucional se agrava con la imposibilidad económica de la ciudadana. Jubilada como cobradora de la empresa Aguas de La Habana, su pensión de poco más de 3.000 pesos es insuficiente frente a la inflación galopante. El precio de un saco de cemento, que supera los 9.000 pesos en el mercado informal, hace inviable cualquier reparación por cuenta propia.
El colapso estructural de la vivienda en Cuba
El caso de Regla Peña no es un hecho aislado, sino un reflejo de la crisis sistémica que atraviesa la isla. El desabastecimiento crónico de materiales de construcción, sumado a la devaluación de los salarios y pensiones, ha dejado a miles de cubanos a merced del deterioro urbano. Recientemente, otra residente de la misma barriada, Dunia Vega Leiva, denunció públicamente una situación análoga, exponiendo la vulnerabilidad de varias generaciones conviviendo bajo techos en riesgo de colapso. La falta de respuesta oficial demuestra cómo el ejecutivo cubano ha desmantelado las capacidades estatales para garantizar el derecho a la vivienda, obligando a la población a depender de la asistencia familiar para comer y protegerse.
Mientras la dictadura cubana prioriza el control político y la represión sobre el bienestar ciudadano, escenarios como el de Arroyo Naranjo se multiplican, aumentando el riesgo de tragedias humanitarias evitables. La inacción gubernamental frente a la crisis habitacional no solo expone a los ciudadanos a la intemperie y a accidentes fatales, sino que profundiza el deterioro social que impulsa el incesante éxodo migratorio. La incapacidad del régimen para ofrecer soluciones reales a sus ciudadanos sigue dejando a los más vulnerables atrapados entre la burocracia y el colapso físico de sus propios hogares.
