Un alarmante incremento de enfermedades transmitidas por mosquitos, entre ellas dengue hemorrágico, oropouche y chikungunya, mantiene en vilo a la población cubana ante el colapso del sistema sanitario y la nula estrategia gubernamental para contener la epidemia. Las autoridades de la isla han reconocido la circulación simultánea de estos virus en al menos 12 provincias, atribuyendo la responsabilidad del saneamiento a los propios ciudadanos en medio de una profunda crisis de infraestructura.
Los testimonios desde distintas provincias evidencian la severidad del brote. Yaneisy, una residente de Alamar en La Habana, relata cómo un aparente cansancio derivó en fiebres de 40 grados y una inflamación articular que la mantiene postrada, impidiéndole trabajar y generar ingresos. Su caso refleja la realidad de miles de cubanos que padecen lo que inicialmente se describió como un \»virus extraño\», pero que la falta de reactivos en los laboratorios impide diagnosticar con exactitud. El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) tuvo que salir al paso tras semanas de silencio mediático y un aluvión de quejas en redes sociales, admitiendo la detección de más de 13.000 casos febriles en una sola semana.
La viceministra de Salud, Carilda García Peña, confirmó que la tasa de casos sospechosos de dengue alcanza 24,3 por cada 100.000 habitantes, con predominio de su variante hemorrágica. A esto se suma la alerta de especialistas médicos, quienes advierten sobre una nueva cepa de chikungunya —conocida históricamente como la enfermedad del jorobado— que presenta síntomas más agresivos. Según una inmunóloga consultada bajo anonimato, esta variante provoca inflamaciones articulares severas y prolongadas, con riesgo de complicaciones mortales en niños y adultos mayores si no se monitorea adecuadamente.
Colapso sanitario y abandono institucional
El descontrol epidemiológico es una consecuencia directa del deterioro estructural que sufre la isla. El mosquito Aedes aegypti encuentra un caldo de cultivo ideal en las ciudades debido al colapso de los sistemas de desagüe, la acumulación de basura y la ausencia total de campañas de fumigación, que en el pasado eran rutinarias. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) señala que el 72% de la población convive con vertederos o fosas sépticas desbordadas, un escenario de insalubridad que el régimen de La Habana ha ignorado sistemáticamente.
Ante la magnitud de la crisis, la respuesta del gobierno cubano ha sido delegar la culpa a los afectados, exigiéndoles que limpien sus calles y quemen cítricos como método de prevención. Mientras tanto, la única oferta institucional para combatir los mosquitos llega a través de empresas estatales como Tiendas Caribe, que han puesto a la venta repelentes en moneda libremente convertible (MLC), una divisa inalcanzable para la mayoría en medio de la inflación galopante y el desabastecimiento. Esta medida demuestra una vez más la desconexión del ejecutivo cubano con la realidad económica de la población.
La proliferación incontrolable de estas arbovirosis amenaza con agravar la ya precaria calidad de vida en la isla, aumentando la presión sobre un sistema de salud carente de recursos básicos. La incapacidad de las autoridades para implementar una política sanitaria efectiva, sumada a la indolencia frente al abandono de la infraestructura urbana, augura un escenario crítico para los próximos meses. La ciudadanía se enfrenta nuevamente a la ineficacia de una dictadura que prioriza el control político sobre el bienestar y la vida de los cubanos.
