La incesante crisis del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) ha transformado un derecho básico en un privilegio inalcanzable para la inmensa mayoría de los cubanos. El régimen de La Habana, incapaz de garantizar la generación eléctrica, ha devuelto a la población a niveles de precariedad que no se observaban desde hace más de un siglo, evidenciando el fracaso absoluto de su modelo de gestión centralizada y autoritaria.
En cualquier parte del mundo contemporáneo, el acceso a la corriente eléctrica se asume como un servicio esencial, intrínseco a la modernidad y al desarrollo humano básico. Sin embargo, en la Cuba actual, disfrutar de unas horas ininterrumpidas de energía eléctrica en el hogar es percibido por la ciudadanía como un auténtico lujo. Esta percepción no es una exageración literaria, sino el reflejo crudo de una infraestructura colapsada por décadas de desinversión, ineficiencia crónica y falta de planificación estratégica por parte del gobierno cubano.
El deterioro del nivel de vida en la Isla ha alcanzado cotas sin precedentes en los últimos cien años. Desde la inauguración estable del servicio eléctrico a finales del siglo XIX, el país no había experimentado un retroceso tan pronunciado en el acceso a un recurso fundamental para la civilización. El cubano de a pie se desenvuelve en un estado de zozobra permanente, acechado por la inminencia de un apagón que altera por completo su rutina diaria y le arrebata el poco esparcimiento que pueda encontrar en los medios de comunicación estatales, únicos permitidos en la nación.
La situación se vuelve particularmente angustiante durante la noche y la madrugada. Cuando la oscuridad cae sobre los barrios, los habitantes deben enfrentarse no solo a la privación de luz, sino a la plaga de mosquitos que hace imposible conciliar el sueño en medio del sofoco tropical. La espera en la penumbra se extiende por horas, un suplicio que se agrava de manera exponencial en las provincias del oriente del país, donde los cortes de energía pueden prolongarse hasta dieciséis horas diarias, castigando indiscriminadamente a una población que no tiene voz ni voto para exigir soluciones.
Cuando el servicio se restablece transitoriamente, se desata una carrera contrarreloj en cada hogar. Los ciudadanos deben apresurarse a realizar las tareas más básicas antes de que el suministro vuelva a fallar: recargar los teléfonos móviles, que a menudo son el único vínculo con el exterior y la información independiente; alimentar las lámparas de emergencia; poner a funcionar la lavadora y, en muchos casos, cocinar los alimentos utilizando ollas eléctricas, dado el desabastecimiento crónico de gas y la escasez de combustibles tradicionales para cocinar de manera convencional.
A la parálisis causada por la falta de electricidad se suma la afectación directa y devastadora al suministro de agua potable. La inmensa mayoría de las estaciones de bombeo hidráulico dependen del fluido eléctrico para operar. Sin agua y sin luz, las familias se ven obligadas a recurrir a camiones cisterna privados para abastecer sus tanques, ya que esperar por la infraestructura estatal equivale a resignarse a la sed. Este servicio privado, vital ante la inoperancia del Estado, cuesta entre 3.000 y 5.000 pesos, una cifra absolutamente asfixiante para los salarios promedio de la Isla, que no cubren ni las necesidades alimentarias básicas.
Ante este panorama desolador, los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas y de la Empresa Eléctrica han agotado su repertorio de excusas. La narrativa oficial oscila entre la escasez de combustible y los constantes averías en las destartaladas termoeléctricas, generando un déficit de capacidad instalada que resulta imposible de mitigar en el corto plazo. El desgaste de la infraestructura es la consecuencia directa de una política que priorizó el control ideológico y el gasto militar sobre el mantenimiento técnico de las instalaciones vitales para la supervivencia poblacional.
La población, hastiada y exhausta, ha dejado de creer en los discursos oficialistas que prometen mejorías fantasmales. Cada vez que un alto dirigente viaja al exterior en busca de rescates financieros o donaciones, se anuncian supuestas soluciones que nunca llegan a materializarse en el día a día. Las prometidas ayudas de aliados como Venezuela, Vietnam, China y Rusia se han diluido en la burocracia y la opacidad del régimen de La Habana, sin que se conozca el destino real de estos supuestos recursos destinados a paliar la crisis energética que asfixia al país.
Incluso las famosas «patanas» turcas, presentadas con gran fanfarria propagandística como un salvavidas enviado por el gobierno de Recep Tayyip Erdogan a su aliado en La Habana, han pasado a ser un símbolo más de las promesas incumplidas. La opacidad sobre la operatividad de estas embarcaciones y su real impacto en la red eléctrica nacional refuerza la desconfianza ciudadana hacia una dictadura que instrumentaliza cualquier cooperación internacional para maquillar su ineficiencia y perpetuar su discurso de normalidad frente a la comunidad internacional.
El horizonte energético de Cuba se presenta sumamente sombrío. Si la debacle actual ocurre durante la etapa de menores temperaturas y baja demanda, la proyección hacia los meses de verano resulta aterradora. Las altas temperaturas de la estación dispararán la necesidad de climatización, lo que inevitablemente provocará un aumento exponencial del sufrimiento ciudadano frente a un sistema que ya ha demostrado su incapacidad estructural para sostenerse en momentos de menor presión.
Además del impacto doméstico, el colapso eléctrico amenaza con asfixiar a uno de los pocos sectores que mantienen viva la economía de la Isla: los actores económicos no estatales. Estos emprendedores, que han suplido de manera heroica el desabastecimiento estatal ofreciendo servicios de alimentación y comercio, se enfrentan ahora a la imposición de planes rígidos de consumo eléctrico. Superar estos límites impuestos arbitrariamente por las autoridades conllevará el cierre de sus establecimientos, lo que destruiría los pocos espacios de subsistencia y empleo que le quedan a la sociedad civil cubana.
Contexto histórico y estructural de la crisis energética
La crisis eléctrica que sufre Cuba no es un fenómeno coyuntural ni el resultado de un embargo externo, como insiste en repetir la propaganda oficial, sino el resultado estructural de más de seis décadas de manejo centralizado y autoritario de los recursos nacionales. El gobierno cubano ha mantenido un monopolio absoluto sobre la generación y distribución de energía, marginando la inversión privada, la iniciativa independiente y la innovación tecnológica. Las termoeléctricas del país, construidas en su mayoría con tecnología soviética y envejecidas sin el mantenimiento adecuado, operan muy por debajo de su capacidad instalada. La dependencia histórica del petróleo subsidiado de Venezuela ha dejado al sistema extremadamente vulnerable a los vaivenes geopolíticos y a la propia crisis interna del régimen de Nicolás Maduro. Cuando los envíos de crudo disminuyen, el sistema colapsa por completo, demostrando que la soberanía energética prometida por la dictadura es una falacia. Esta vulnerabilidad estructural es el castigo impuesto a la población por un modelo que antepone la supervivencia de su aparato represivo sobre el bienestar básico de los ciudadanos.
Cierre: Un invierno de oscuridad que presagia un verano de colapso
La transformación de la electricidad en un artículo de lujo es la metáfora más cruel del retroceso civilizatorio impuesto por el régimen de La Habana. Mientras la cúpula del poder disfruta de generadores ininterrumpidos, aire acondicionado y comodidades en sus mansiones, la población común se hunde en la oscuridad, luchando diariamente por acceder a agua, alimentos y un sueño reparador. El futuro inmediato no ofrece atisbos de mejoría; la inminente llegada del verano amenaza con desbordar cualquier remanente de tolerancia ciudadana. La dictadura ha desmantelado la infraestructura de la nación y, con ella, la calidad de vida de millones de cubanos. La verdadera crisis no reside únicamente en las turbinas rotas o en la falta de combustible, sino en un sistema político anacrónico que ha demostrado ser el principal y único obstáculo para el progreso, la dignidad y el desarrollo del pueblo cubano.
