Organizaciones de la sociedad civil presentaron una denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para exigir el reconocimiento explícito de que los Estados pueden actuar como tratantes de personas. La acción busca visibilizar que las misiones internacionalistas, presentadas oficialmente como cooperación, constituyen en la práctica un esquema de trabajo forzoso administrado por el gobierno cubano, que retiene la mayor parte de los ingresos y somete a los trabajadores a un estricto control.
La contribución, impulsada por Archivo Cuba y la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC) en el marco de la revisión del Plan de Acción Mundial contra la Trata de Personas, expone cómo el régimen de La Habana diseña y se beneficia de la exportación de servicios. Actualmente, se estima que unos 26.000 profesionales cubanos se encuentran desplegados en 56 países. Lo que las autoridades de la isla etiquetan como \»solidaridad internacional\» es, en realidad, la principal fuente de ingresos del Estado, operando bajo un manto de opacidad absoluta mediante acuerdos bilaterales, triangulares y con entidades privadas.
Patrones de abusos y violaciones de derechos humanos
Distintos organismos internacionales, incluidos relatores de la ONU, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Parlamento Europeo, han documentado sistemáticamente los abusos sufridos por estos trabajadores. La dictadura cubana impone mecanismos de coacción que incluyen la retención de entre el 50% y el 95% de los salarios pagados por los países receptores, así como la congelación de parte de los ingresos hasta el regreso a la isla, condicionada a un \»buen comportamiento\». A esto se suman la confiscación de pasaportes y títulos académicos, jornadas extenuantes que superan las 60 horas semanales, vigilancia extrema y prohibiciones contractuales de interactuar libremente con los locales.
Este sistema de explotación laboral no opera de forma aislada, sino que es una pieza fundamental en la maquinaria de supervivencia del régimen frente al profundo colapso económico de la isla. Ante la incapacidad del ejecutivo cubano para generar riqueza legítima, la exportación de fuerza de trabajo se ha convertido en una válvula de escape para captar divisas, mientras la población interna sufre hiperinflación, desabastecimiento crónico de alimentos y medicamentos, y un constante apagón energético. La represión social y la falta de libertades empujan a los profesionales a aceptar estas misiones como una de las pocas alternativas frente a la pobreza inducida y el masivo éxodo migratorio.
La denuncia presentada en la sede de la ONU plantea un desafío directo a la comunidad internacional: obligar a las organizaciones multilaterales a señalar a los Estados responsables de trata laboral con la misma severidad que a las redes criminales. La implicación política de este debate podría traducirse en mayores presiones diplomáticas y condicionamientos a los acuerdos de cooperación sanitaria, exigiendo por fin transparencia y el pago directo de los salarios a los profesionales cubanos, un paso indispensable para desmantelar una de las estructuras de explotación más lucrativas del poder en la isla.
