Un convoy que cubría la ruta entre Santiago de Cuba y La Habana sufrió un descarrilamiento en la provincia de Las Tunas, afectando a cerca de 900 personas. El incidente, ocurrido en la localidad de Omaja, volvió a exponer el severo deterioro del sistema de transporte nacional y la vulnerabilidad de la infraestructura pública en la isla.
El Tren No. 12, remolcado por la locomotora 52566, se salió de las vías a las 21:16 horas en el kilómetro 669 de la Línea Central, específicamente en el Apartadero de Cruces Sabanazo, municipio de Majibacoa. Según informaciones de la empresa estatal Unión de Ferrocarriles de Cuba, cinco de los once vagos de pasajeros se descarrilaron por causas que aún se investigan. A pesar de la magnitud del evento, las autoridades de la isla confirmaron que no se reportaron víctimas mortales ni lesionados entre los pasajeros y la tripulación.
Tras el accidente, el régimen de La Habana activó un operativo de evacuación para los cientos de viajeros varados en la zona. Directivos del sistema ferroviario acudieron al lugar para coordinar la logística, mientras la entidad estatal anunciaba la apertura de una comisión investigadora para esclarecer las causas del hecho. La empresa emitió un comunicado de disculpas públicas por las interrupciones en el servicio, atribuyendo el incidente a \»condiciones\» que serán evaluadas, aunque evitando señalar de manera directa la raíz del problema.
Un sistema en ruinas y la ineficiencia estatal
El descarrilamiento no es un suceso aislado, sino el síntoma de una crisis estructural profunda que sufre la isla. En menos de dos años, la provincia de Las Tunas ha sido escenario de al menos tres accidentes ferroviarios similares, incluyendo eventos previos en Jobabo y Bartle. El sistema ferroviario cubano, otrora una de las principales arterias de transporte del país, sufre de un deterioro acelerado debido a la falta de mantenimiento crónico, la ausencia de inversiones y la ineficiencia burocrática del gobierno cubano, obligando a la población a depender de un servicio deficiente y potencialmente peligroso.
Mientras la dictadura cubana prioriza el presupuesto en aparatos de represión y control social para silenciar el descontento, los servicios públicos básicos colapsan bajo el peso del abandono. Este nuevo accidente en Omaja deja en evidencia que la ciudadanía no solo enfrenta la escasez de alimentos, apagones y la persecución política, sino que también arriesga su integridad física al depender de una infraestructura en estado de ruina, sin que se avizoren soluciones reales o planes de inversión serios por parte del ejecutivo cubano.
