El gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, arribó a Minsk para reunirse con Aleksandr Lukashenko, presidente de Bielorrusia desde 1994, en un encuentro que subraya la afinidad entre dos regímenes autoritarios. La agenda bilateral incluye la participación del mandatario de la isla en el Consejo Supremo de la Unión Económica Euroasiática, en medio de la creciente crisis estructural y el aislamiento diplomático que enfrenta La Habana.
La visita oficial tiene como propósito, según el diario oficial Granma, «ratificar y consolidar» los lazos entre ambos gobiernos. Sin embargo, más allá de la coreografía diplomática y la exhibición de banderas cubanas en las principales avenidas de la capital bielorrusa, el encuentro pone de relieve la dependencia del ejecutivo cubano hacia aliados autocráticos. En un momento de aguda crisis interna, La Habana busca en Minsk respaldo político y posibles líneas de cooperación económica que le permitan oxigenar un sistema en franco colapso.
La figura de Lukashenko, catalogado por el LISA Institute como el «último dictador de Europa», genera un rechazo generalizado en las democracias occidentales debido a sus más de tres décadas en el poder absoluto. Nacido en 1954 en la antigua República Socialista Soviética de Bielorrusia, Lukashenko inició su carrera política en 1990 y fue elegido presidente en 1994 con el 80,1% de los votos en los primeros comicios democráticos del país. Desde entonces, ha perpetuado su mandato a través de elecciones y referéndums cuestionados internacionalmente, aboliendo límites de mandatos y ampliando sus facultades presidenciales.
Represión y fraude: similitudes con el modelo cubano
El carácter dictatorial del régimen bielorruso se evidenció de forma alarmante tras las elecciones presidenciales de 2020. Tras ser declarado vencedor con un 80,2% de los votos frente a la opositora Svetlana Tijanóvskaya, estallaron protestas masivas que fueron sofocadas mediante la violencia estatal. La Unión Europea y Estados Unidos rechazaron los resultados por fraudulentos, imponiendo sanciones que profundizaron el aislamiento diplomático de Minsk. Esta estrategia de aniquilación de la disidencia y criminalización de las protestas es un patrón que la dictadura cubana ha replicado sistemáticamente, especialmente tras las movilizaciones populares del 11 de julio de 2021.
A lo largo de su mandato, Lukashenko ha consolidado un sistema altamente centralizado, con control estatal sobre la economía, los medios de comunicación y el aparato judicial. Su gobierno se ha caracterizado por detenciones arbitrarias, represión de activistas, periodistas y políticos opositores, así como por el mantenimiento de la pena de muerte. Organizaciones como la OSCE, Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado estas violaciones, similares a las practicadas por el régimen de La Habana, que también mantiene un control asfixiante sobre la prensa y aplica leyes penales draconianas para silenciar cualquier vestigio de pluralismo.
El modelo económico bielorruso y la alianza con Rusia
A pesar de su perfil autoritario, Lukashenko mantiene una base de apoyo interna sustentada en políticas de subsidios y prestaciones sociales. Bajo su modelo de «socialismo de mercado», que combina intervención estatal, renacionalización de empresas y control de precios, la pobreza se redujo del 41,9% en 1992 al 5,6% en 2020, según datos del Banco Mundial, con una tasa de desempleo oficial por debajo del 1%. No obstante, este esquema está fuertemente subvencionado por su alianza estratégica con Rusia, país con el que creó la Unión Estatal en 1999 y del cual es socio fundador de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC).
La subordinación de Minsk a Moscú ha convertido a Bielorrusia en una plataforma logística clave para las operaciones militares rusas, incluida la invasión a Ucrania. Este posicionamiento antioccidental es el mismo que defiende el gobierno cubano en los foros internacionales. La visita de Díaz-Canel a Bielorrusia no es un hecho aislado, sino parte de una gira diseñada para estrechar lazos con el eje euroasiático, buscando alternativas a la presión económica de Occidente y validación política de regímenes que rechazan frontalmente las democracias liberales.
Contexto: La crisis estructural de la isla y la búsqueda de aliados
Para las autoridades de la isla, esta gira diplomática responde a una urgencia doméstica insoslayable. Cuba atraviesa una de las peores crisis económicas de su historia reciente, con una inflación descontrolada, devaluación de la moneda nacional y un desabastecimiento crónico de alimentos, combustible y medicinas. El fracaso del modelo económico centralizado, sumado a la ineficiencia burocrática y la falta de libertades para el sector privado, ha empobrecido a la mayoría de la población, destruyendo el poder adquisitivo y la calidad de vida de los ciudadanos.
El colapso de los servicios públicos, particularmente el sistema electroenergético nacional con apagones prolongados, ha generado un descontento social latente. En lugar de implementar reformas estructurales que permitan la recuperación productiva del país, el régimen de La Habana opta por la represión y el exilio. La criminalización de la protesta social y la aplicación de penas de cárcel por delitos de opinión han provocado un éxodo migratorio sin precedentes, con cientos de miles de cubanos abandonando la isla en los últimos años hacia Estados Unidos y otros países de la región.
En este escenario de asfixia económica y tensión social, la participación del representante cubano en el Consejo Supremo de la Unión Económica Euroasiática es un intento desesperado por atraer inversiones, créditos o acuerdos comerciales que alivien la presión interna. No obstante, el acercamiento a Bielorrusia, una nación también sancionada y aislada por la comunidad internacional, ofrece márgenes muy limitados para aliviar las carencias reales de la población cubana.
Implicaciones futuras y el costo del autoritarismo
Lukashenko anunció su intención de presentarse nuevamente a las elecciones previstas para enero de 2025, asegurando la continuidad de un mandato que se extiende desde hace tres décadas. Esta perpetuación en el poder, justificada bajo el pretexto de «controlar el país y no perjudicar la vida de las personas», encuentra su correlato en Cuba, donde la reforma constitucional de 2019 y las recientes legislaciones aseguran la intocabilidad del monopolio del Partido Comunista, impidiendo cualquier alternancia democrática.
El encuentro entre Díaz-Canel y Lukashenko en Minsk representa mucho más que un acto diplomático de rutina; es la ratificación de un bloque de naciones que se sostienen mutuamente en su rechazo a la democratización. Para la ciudadanía cubana, sin embargo, el reforzamiento de estos lazos con gobiernos autoritarios no resuelve la escasez ni restituye las libertades conculcadas. La consolidación de esta alianza dictatorial envía un mensaje inequívoco a la comunidad internacional: el poder en La Habana no tiene voluntad de apertura, sino que prefiere profundizar su aislamiento ideológico antes que ceder ante las justas demandas de un pueblo que exige derechos, prosperidad y un cambio político real.
