El secretario de Estado adjunto de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, arremetió contra el modelo económico cubano al acusar al conglomerado empresarial GAESA de acaparar la riqueza y el poder en beneficio de una minoría vinculada al régimen, en medio de la profunda crisis que padecen los ciudadanos de a pie. La declaración de Washington pone el foco sobre la estructura militarizada que controla los sectores más lucrativos de la isla, evidenciando la desconexión entre el enriquecimiento de las cúpulas castrenses y el colapso generalizado de la economía nacional.
En un mensaje público, el alto funcionario estadounidense sostuvo que el crecimiento económico global se sustenta en la competencia, el emprendimiento y la transparencia, principios ausentes en la gestión de las autoridades de la isla. \»El modelo cleptocrático de Cuba, controlado por los militares, concentra la riqueza y el poder en manos de unas pocas élites del régimen, mientras limita las oportunidades de los cubanos de a pie\», afirmó Segura, quien asumió su cargo el pasado 14 de agosto. El pronunciamiento estuvo acompañado por una imagen simbólica de una caja registradora en un establecimiento cubano, acompañada de la leyenda que califica a GAESA como el monopolio responsable del estancamiento empresarial estatal.
El Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) opera como un conglomerado subordinado directamente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y posee intereses hegemónicos en los sectores estratégicos que generan divisas en la nación. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo ha catalogado como una empresa matriz bajo control militar, con tentáculos que abarcan el turismo, las inversiones financieras, el comercio exterior de importaciones y exportaciones, así como el lucrativo procesamiento de remesas. Su red de subsidiarias incluye entidades de alto impacto como la financiera Fincimex, además de un extenso portafolio en comercio, transporte, almacenamiento y servicios turísticos.
Endurecimiento de sanciones y estimaciones de activos ilícitos
La presión de Washington sobre este aparato económico no es reciente, pero se ha intensificado de manera notable en el último año. El 7 de mayo de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) impuso nuevas sanciones a GAESA bajo la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo. Esta disposición faculta al gobierno estadounidense para bloquear propiedades e intereses vinculados a sectores críticos de la isla, tales como los servicios financieros, la energía, la defensa, la minería y la seguridad nacional.
Al anunciar estas medidas, el Departamento de Estado emitió estimaciones públicas que dimensionan el poder de este conglomerado castrense. Según los datos aportados por Washington, GAESA controlaría al menos el 40% de la economía cubana y manejaría hasta 20.000 millones de dólares en lo que calificaron como \»activos ilícitos\». Aunque el ejecutivo estadounidense no aportó estados financieros auditados —dada la opacidad contable del régimen—, las cifras ilustran el nivel de captación de recursos que opera fuera del escrutinio público y del control ciudadano.
La declaración de Segura llega apenas cinco días después de que la OFAC endureciera aún más el cerco al sancionar a otras ocho empresas estatales, al Ministerio de la Construcción y a tres funcionarios vinculados al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP). Ante este endurecimiento, el canciller del régimen de La Habana, Bruno Rodríguez Parrilla, reaccionó acusando al secretario de Estado, Marco Rubio, de \»castigar a empresas cubanas con el propósito deliberado de afectar la economía del país e impedir que el Gobierno de Cuba garantice los servicios básicos a la población\».
La defensa oficial del monopolio y las reformas de maquillaje
El gobierno cubano ha salido al paso de las acusaciones de corrupción sistémica con un discurso defensivo. En junio, una declaración oficial rechazó las críticas internacionales asegurando que el GAE \»no es una estructura opaca, ni paralela al Estado cubano\». La Habana argumentó que estas empresas fueron concebidas como \»una respuesta articulada de probada eficiencia frente al cerco económico\» y que su objetivo primordial es generar divisas para inversiones sociales, negando categóricamente que constituyan un mecanismo de enriquecimiento para la cúpula militar.
Sin embargo, la narrativa oficial choca con las recientes medidas económicas adoptadas para contener el descontento social. A finales de julio, el régimen promulgó el Decreto 160, publicado el 28 de ese mes, que amplía formalmente el espacio para los negocios privados. La normativa eliminó 46 prohibiciones y flexibilizó parcialmente otras 36, en un contexto donde ya operan más de 15.600 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). No obstante, la reforma mantiene un férreo control estatal sobre áreas neurálgicas como la refinación de petróleo, el comercio mayorista de tabaco, el transporte marítimo, los seguros, la atención médica y, de manera señalada, la publicación de periódicos, las transmisiones de radio y televisión y el ejercicio del periodismo, actividades que la dictadura cubana se reserva para ejercer el monopolio de la información y la propaganda.
Contexto: Recesión crónica, inflación y colapso sistémico
El debate sobre el control militar de la economía se desarrolla en un escenario de franca recesión y precariedad estructural. El propio gobierno cubano se vio obligado a reconocer que el Producto Interno Bruto (PIB) disminuyó un 1,1% en 2024, acumulando una contracción cercana al 10% desde 2019. La situación es tan crítica que, en diciembre, Miguel Díaz-Canel admitió un decrecimiento superior al 4% al cierre del tercer trimestre de 2025, aunque las autoridades proyectaron, con un optimismo que la realidad suele desmentir, un crecimiento aproximado del 1% para 2026.
Esta contracción económica sostenida se traduce en una crisis humanitaria y social sin precedentes en las últimas décadas. Mientras GAESA y sus subsidiarias mantienen el control sobre el flujo de divisas, la población civil sufre los embates de una inflación descontrolada, el desabastecimiento crónico de productos básicos, la devaluación del salario real y el colapso del sistema electroenergético y de la salud pública. La concentración de la riqueza en el aparato militar contrasta de manera obscena con las largas colas de ciudadanos intentando adquirir alimentos o medicinas, un caldo de cultivo que ha impulsado el masivo éxodo migratorio hacia Estados Unidos y otras naciones del continente.
En este contexto, el surgimiento de las mipymes no ha logrado democratizar la economía, sino que ha operado en un intersticio limitado, dependiente de las importaciones y sujeto a la arbitrariedad del aparato estatal. La dictadura cubana permite la iniciativa privada en sectores de bajo rendimiento o servicios, pero blinda el control de las industrias estratégicas a través de GAESA. Esto genera un modelo económico disfuncional donde el sector no estatal asume los riesgos y la crítica social, mientras la cúpula militar se reserva las rentas más lucrativas, aisladas de la competencia y la transparencia.
Implicaciones futuras y aislamiento internacional
Las acusaciones del Departamento de Estado y el endurecimiento del régimen de sanciones estadounidenses auguran un escenario de mayor asfixia financiera para las élites cubanas, aunque el costo inmediato seguirá recayendo sobre una población civil atrapada entre el bloqueo interno de la dictadura y las medidas de presión externa. La negativa del régimen de La Habana a desmilitarizar la economía y permitir una verdadera competencia libre asegura que la recuperación económica siga siendo una quimera.
De cara al futuro, la incapacidad de generar un modelo productivo inclusivo no solo perpetuará la pobreza y el éxodo migratorio, sino que también aislará aún más al gobierno cubano en el ámbito internacional. La comunidad internacional y los organismos financieros multilaterales observan con preocupación cómo un Estado paraliza su aparato productivo en favor de un monopolio castrense. La verdadera solución a la crisis cubana exigirá el desmantelamiento de estas estructuras cleptocráticas y la restitución de las libertades económicas y políticas, condiciones sin las cuales cualquier reforma parcial será únicamente un parche efímero sobre un sistema en ruinas.
