La Unión Eléctrica (UNE) prevé un déficit de generación que superará los 1.800 megavatios (MW) durante el horario pico, dejando sin servicio a aproximadamente el 56% del territorio nacional. El pronóstico se produce en medio de una creciente indignación social que ya ha derivado en protestas callejeras en la capital, donde los ciudadanos reclaman el fin de los apagones prolongados y el acceso a servicios básicos.
Según el reporte emitido por las autoridades de la isla, la capacidad máxima disponible ronda los 1.520 MW, frente a una demanda estimada de 3.350 MW. Esta brecha se debe al fallo de cinco unidades termoeléctricas que permanecen fuera de servicio por averías o mantenimiento, sumado a la inactividad de decenas de motores de generación distribuida por la escasez crónica de combustibles y lubricantes. El régimen de La Habana enfrenta así una crisis energética que se prolonga por más de cinco años y que ha agravado el colapso de los servicios públicos en el país.
La afectación golpea con especial severidad a las provincias orientales, donde diversas comunidades permanecieron semanas sin fluido eléctrico tras el paso del huracán Melissa a finales de octubre. La frustración de la población se refleja en las redes sociales, donde los usuarios denuncian la \»tortura cotidiana\» y vinculan las promesas oficiales de continuidad con un empeoramiento de la inflación, el desabastecimiento de alimentos y medicamentos, y la profunda crisis económica que atraviesa la nación.
Protestas y cacerolazos estallan en La Habana
La acumulación de tensiones ha comenzado a traducirse en acciones de repudio. Entre la noche del pasado lunes y la madrugada del martes, barrios de la capital como Marianao, Regla, Alamar, Diez de Octubre, San Miguel del Padrón y La Lisa fueron escenario de protestas espontáneas. Tras permanecer más de 15 horas a oscuras, cientos de residentes salieron a las calles para realizar cacerolazos, encender fogatas y exigir soluciones inmediatas. Testigos y activistas confirmaron que los reclamos no solo se centraron en la electricidad, sino que incluyeron exigencias de alimentos y libertad.
El colapso del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) es un síntoma más del agotamiento del modelo económico impulsado por el gobierno cubano. La falta de inversión, el envejecimiento de la infraestructura y la dependencia de combustibles importados que el Estado no logra asegurar han llevado a la isla a una parálisis productiva. Esta situación convive con una inflación descontrolada y un éxodo migratorio histórico, profundizando el deterioro de la calidad de vida de la ciudadanía y evidenciando la incapacidad de la burocracia estatal para gestionar la crisis.
Ante el aumento de la indignación popular, la dictadura cubana mantiene su estrategia de minimizar las protestas y reprimir las voces disidentes, evitando asumir responsabilidad por la gestión deficiente. Sin embargo, la persistencia de los apagones y la escasez auguran un escenario de mayor conflictividad social. La incapacidad del ejecutivo cubano para garantizar el suministro energético no solo compromete la ya frágil economía doméstica, sino que amenaza con desbordar la paciencia de una población que ha comenzado a manifestar su hartazgo en las calles.
