La paradoja insular: Cuba, rodeada de mar, registra uno de los consumos de pescado más bajos del continente

La paradoja de vivir en una isla sin acceso a sus productos del mar define la realidad alimentaria de millones de cubanos. Mientras el régimen de La Habana exporta langosta y camarón para recaudar divisas, la ciudadanía enfrenta uno de los índices de consumo de pescado per cápita más bajos de América, superado incluso por naciones sin litoral o en situación de pobreza extrema, evidenciando el fracaso del modelo económico centralizado que controla la industria.

Para un observador extranjero, resulta lógico asumir que la dieta de los habitantes de una nación estrecha, con costas a pocos kilómetros de cualquier punto geográfico, se basa en los frutos del mar. Esta percepción es alimentada por la propaganda turística del gobierno cubano, que vende la imagen de un paraíso caribeño de aguas cristalinas y abundancia. Sin embargo, la realidad en los hogares de la isla es diametralmente opuesta. Productos como la langosta, el camarón o el pargo son inexistentes para la inmensa mayoría de la población, y su comercialización en el mercado informal está penalizada con severas condenas de prisión.

Las esporádicas y poco transparentes estadísticas oficiales revelan una crisis profunda. En 2021, el consumo de pescado por persona en Cuba era de apenas 3.8 kilogramos al año. Esta cifra contrasta dramáticamente con el promedio mundial de 20.7 kilogramos registrado en 2022, o los 15.3 kilogramos de media en América Latina. Incluso Haití, el país más pobre del hemisferio occidental, supera a Cuba en el consumo de productos acuícolas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un mínimo de 12 kilogramos anuales por persona, una meta que el ejecutivo cubano se había propuesto alcanzar para 2030, pero que hoy parece inalcanzable debido al acentuado colapso alimentario que sufre el país.

De la libreta de abastecimiento al mercado negro

La ínfima cantidad de pescado que logra llegar a las mesas cubanas no proviene del mar, sino de la acuicultura de agua dulce, principalmente tenca, claria y tilapia, criadas en estanques estatales o privados bajo estricto control. Gran parte de esta producción se destina a la elaboración de croquetas y picadillos, mezclados con otros rellenos no acuícolas para rendir el volumen. La ración normada de pescado —apenas seis onzas por persona— que el Estado distribuía a través de la libreta de abastecimiento fue sustituida en la década de 1990 por carne de pollo importada y eventualmente desapareció por completo del sistema de distribución básico. Hoy, las pescaderías estatales son un recuerdo del pasado, y las largas colas para adquirir estos productos son inusitadas.

Pesca en Cuba / Foto: Cubadebate

Incluso en los pueblos costeros con tradición pesquera, el acceso a los productos del mar es un privilegio inalcanzable. La dictadura cubana mantiene un control férreo sobre la actividad pesquera, persiguiendo la pesca comercial no autorizada y reservando los mejores productos para el turismo, extranjeros y restaurantes privados. La Ley de Pesca de 2019, aunque suavizó mínimamente la legislación anterior, mantiene severas restricciones. Los pescadores individuales deben poseer licencias, tienen prohibido capturar especies de alto valor como la langosta o el camarón, y están obligados a comercializar sus capturas a través de entidades estatales. El incumplimiento de estas normativas acarrea multas, decomisos y penas de cárcel impuestas por las Tropas Guardafronteras del Ministerio del Interior.

Un negocio rentable para el Estado, vacío para la mesa

A pesar de la escasez interna, las autoridades de la isla no han cesado la exportación de los recursos marinos más codiciados. Entre 2019 y 2023, la venta al exterior de langosta y camarón generó ganancias anuales que oscilaron entre los 53 y los 92 millones de dólares. Aunque el régimen de La Habana insiste en que solo exportan una porción minoritaria de la captura total, lo cierto es que esta comprende los productos de mayor valor y calidad. A los cubanos se les destina lo que no tiene salida en el mercado internacional, especies de menor calidad y escasa aceptación, consolidando un sistema de despojo donde los recursos nacionales se explotan en detrimento del bienestar local.

De la abundancia al colapso: ¿Qué ocurrió con la flota pesquera?

La situación actual contrasta de manera abrupta con el pasado. En 1958, Cuba ostentaba el mayor consumo de pescado de América, superando incluso a Estados Unidos. Tres décadas después, en 1989, apoyada por los subsidios del bloque socialista, la isla poseía una de las flotas pesqueras más importantes de la región, llegando a un consumo de 16 kilogramos per cápita. Con la caída del campo socialista, la industria se desplomó estrepitosamente. El Estado, que monopolizaba la actividad, fue incapaz de sostener la flota y mantener su rentabilidad, a pesar de tener acceso a mercados internacionales abiertos, incluido el de Estados Unidos, que no prohíbe la venta de alimentos a la isla y al que el gobierno cubano le compra productos del mar.

Pesca en Cuba / Foto: Cubadebate

Las autoridades de la isla justifican este declive con una combinación de factores externos, apelando recurrentemente al embargo de Estados Unidos, el cambio climático, la contaminación y la pesca furtiva. Sin embargo, esta narrativa minimiza la responsabilidad gubernamental en un sector monopolizado por el Estado. La sobreexplotación de la plataforma insular, la violación de los ciclos de reproducción y el uso de técnicas de captura agresivas son consecuencias directas de la falta de planificación y de la ausencia de políticas científicas efectivas. Culpar a los pescadores artesanales —que según cifras oficiales de 2019 no superaban los 2,500— es una estrategia recurrente del sistema para evadir su propia ineficacia y criminalizar la supervivencia.

Contexto: El colapso de un modelo económico centralizado

La ruina del sector pesquero no es un fenómeno aislado, sino un síntoma más de la crisis estructural que atraviesa Cuba. La ineficiencia e improductividad se extienden a todos los rubros económicos del país, desde la agricultura hasta la generación de energía. El modelo planificado y centralizado, donde los directivos son asignados por lealtad política en lugar de por su capacidad técnica, ha demostrado ser incapaz de gestionar los recursos de la isla. La prohibición de la libre empresa y el ahogamiento de la iniciativa privada han convertido a un país con inmensos recursos naturales en un territorio de escasez crónica.

Este desabastecimiento se inserta en una crisis mayor marcada por una inflación galopante, la devaluación del peso cubano y un éxodo migratorio sin precedentes. La imposibilidad de acceder a proteínas básicas ha deteriorado la calidad de vida, obligando a las familias a depender de remesas o de un mercado negro a precios inalcanzables. La recomendación oficial de que los ciudadanos construyan estanques en sus patios para criar peces ilustra la desconexión del gobierno con la realidad de una población que carece de recursos para adquirir materiales de construcción o insumos básicos para sostenerse.

Pesca en Cuba / Foto: Cibercuba

Un futuro sombrío para la soberanía alimentaria

Las consecuencias de esta política de despojo se proyectan hacia un futuro inmediato marcado por la inseguridad alimentaria y la pérdida de la biodiversidad marina. Mientras la dictadura cubana priorice la captación de divisas mediante la exportación de lujo sobre la alimentación de su población, el consumo de pescado seguirá siendo una anomalía en la isla. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos deben prestar atención a cómo el control absoluto del Estado sobre los recursos naturales se traduce directamente en violaciones del derecho a la alimentación. La recuperación de la industria pesquera en Cuba no dependerá de cambios climáticos, sino de un cambio estructural que devuelva a los cubanos el derecho a producir, comerciar y consumir los frutos de su propio mar.