La madre cubana Maylen Díaz Delgado, exiliada en Estados Unidos, denunció la negligencia de la Fiscalía al permitir que el padre de su hija, condenado por abuso sexual, recupere los derechos parentales. Organizaciones independientes como el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) y Yo Sí Te Creo Cuba respaldan su exigencia de revisar una sentencia que vulnera las leyes nacionales e internacionales.
El caso de la pequeña Brenda ha puesto de manifiesto la inoperancia del sistema judicial en la isla. El agresor, quien cumplió una pena de cuatro años de privación de libertad por abuso sexual continuado, enfrenta únicamente una restricción de tres años sobre sus derechos parentales, tras los cuales podría recuperar el contacto con la víctima. Díaz Delgado ha exigido la revisión urgente de la sentencia dictada en 2023, argumentando que esta resolución expone a su hija a un riesgo inminente y demuestra la disfuncionalidad de las instituciones cubanas encargadas de impartir justicia.
La madre, quien además participó en las protestas del 11 de julio de 2021, ha señalado la profunda contradicción en la aplicación de la justicia por parte del gobierno cubano. Mientras ciudadanos enfrentan condenas de hasta siete años de cárcel por publicaciones en redes sociales, un agresor sexual de menores recibe una pena mínima y mantiene la posibilidad de ejercer la patria potestad. Esta situación, según Díaz Delgado, constituye una burla a los discursos del régimen de La Habana en foros internacionales y una clara violación a los pactos de derechos civiles y políticos suscritos por el Estado cubano.
Respaldo jurídico de la sociedad civil independiente
Ante la vulnerabilidad de los derechos de la menor, plataformas feministas como OGAT y Yo Sí Te Creo Cuba han recopilado la legislación vigente que ampara la petición de la madre. El Código Penal en su artículo 43, el Código de las Familias en sus artículos 190 y 191, y la Constitución de la isla en su artículo 86, estipulan de manera clara que la privación de la responsabilidad parental debe ser permanente cuando se cometen delitos graves de índole sexual. Las organizaciones recuerdan que el interés superior del niño debe prevalecer en todas las decisiones judiciales, un principio que las autoridades de la isla han ignorado en este proceso.
La búsqueda de justicia para Brenda ha estado plagada de obstáculos, incluyendo dilaciones en la obtención de pruebas médicas y bloqueos para la contratación de abogados independientes en Cuba. Desde su exilio, Díaz Delgado ha tenido que recurrir a la presión internacional para visibilizar la impunidad que ampara a su agresor dentro del territorio nacional, advirtiendo que la falta de rigor institucional puede convertir este caso en un peligroso precedente para otras familias.
El desenlace de este litigio no solo determinará el futuro y la seguridad de una menor, sino que pone a prueba la validez del Código de las Familias, promocionado por la dictadura cubana como un avance en materia de derechos. La inacción de la Fiscalía General de la República para corregir esta anomalía jurídica evidencia, una vez más, el colapso institucional que deja desprotegidos a los ciudadanos más vulnerables frente a la violencia, el abuso y la arbitrariedad del poder.
