El presidente de Colombia, Gustavo Petro, generó una ola de críticas tras defender en redes sociales el envío de combustible a Cuba y exigir a Estados Unidos un cambio de política hacia la isla. Activistas e investigadores cubanos le recriminaron al mandatario omitir la falta de libertades y la existencia de presos políticos bajo el régimen de La Habana, en medio de la controversia por el buque Ocean Mariner interceptado por la Guardia Costera estadounidense.
La polémica se desató cuando el mandatario colombiano publicó un mensaje en la red social X, donde rechazó el bloqueo a la isla y propuso implementar un programa de energía solar. Petro acompañó su publicación con un reportaje del diario El Tiempo sobre el buque Ocean Mariner, el cual fue retenido por autoridades estadounidenses tras cargar fueloil valorado en casi siete millones de dólares en un puerto colombiano. Según la investigación periodística, el barco declaró como destino República Dominicana, pero los rastreos satelitales mostraron un cambio de rumbo sospechoso hacia el sur de Haití antes de ser interceptado por el guardacostas USGC Stone.
Ante los señalamientos, el ejecutivo colombiano defendió la operación al asegurar que una empresa privada adquirió el combustible y que no existían irregularidades en los documentos de exportación. Esta postura choca frontalmente con la reciente orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que amenaza con imponer aranceles a las naciones que vendan o envíen crudo al gobierno cubano. La medida busca cortar el flujo de recursos energéticos que alivian la crisis estructural de la isla, gestionada de manera ineficiente durante décadas por las autoridades de La Habana.
Omisiones sobre la crisis estructural y la represión
En su intervención, Petro agradeció el papel de Cuba en el proceso de paz colombiano y calificó a la isla como \»una joya en el Caribe\», llamando al diálogo entre Washington y La Habana. Sin embargo, esta narrativa diplomática ignora la profunda crisis sistémica que atraviesa el país, marcada por el colapso del sistema eléctrico, la inflación galopante y un éxodo migratorio sin precedentes. Activistas como Magdiel Jorge Castro respondieron de inmediato, señalando que el problema central no es únicamente la falta de energía, sino la falta de libertades y la violencia estatal ejercida por la dictadura cubana contra la población civil.
La postura del presidente colombiano reabre el debate sobre la complicidad regional frente a las violaciones de derechos humanos en la isla. Mientras el régimen de La Habana busca desesperadamente combustible para mantener operativa una infraestructura obsoleta, la ciudadanía continúa enfrentando apagones prolongados y la persecución política. Las implicaciones de este incidente marítimo podrían tensar aún más las relaciones diplomáticas en la región y endurecer las medidas de control internacional sobre el comercio de hidrocarburos hacia la isla.
