El tribunal de La Habana dejó concluso para sentencia el juicio contra el artista cubano Fernando Almenares Rivera, conocido como Nando OBDC, en un proceso plagado de irregularidades procesales. El rapero, detenido desde finales de 2024, enfrenta una petición fiscal de seis años de prisión por delitos de propaganda enemiga, en medio de acusaciones de torturas, desaparición forzada y criminalización de la libertad de expresión.
La Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana y la organización Cubalex han documentado las graves violaciones al debido proceso durante el encarcelamiento del artista. Detenido el 31 de diciembre mediante un operativo policial sin orden judicial, Nando OBDC fue trasladado a la Séptima Unidad y posteriormente a Villa Marista, donde permaneció incomunicado durante siete días, una práctica que organismos internacionales tipifican como desaparición forzada de corta duración. Las autoridades de la isla inicialmente lo acusaron de terrorismo y sabotaje, cargos que mutaron posteriormente hacia \»propaganda enemiga contra el orden constitucional\» tras un registro en la vivienda de su madre donde la única evidencia incautada fue una bandera cubana.
Durante la vista oral, la defensa logró evidenciar la falta de motivación legal de la Fiscalía, que insiste en mantener la acusación pese a no haber presentado evidencias directas que sustenten el delito. Organizaciones de la sociedad civil calificaron el proceso como una \»farsa\», señalando que se mencionaron pruebas que nunca se mostraron en sala. A las irregularidades judiciales se suman las denuncias de malos tratos y torturas durante su estancia en prisión, incluyendo traslados arbitrarios como su paso por un pabellón destinado a reclusos con VIH en el Combinado del Este, exponiendo su integridad física y psicológica a riesgos sanitarios innecesarios.
Criminalización del arte independiente
El caso de Nando OBDC no es un hecho aislado, sino que se enmarca en el patrón sistemático de la dictadura cubana para silenciar la disidencia y el arte contestatario. Durante más de una década, el rapero ha utilizado sus letras, grafitis y activismo digital para denunciar el colapso estructural de la isla, incomodando a las autoridades. El régimen de La Habana ha justificado la criminalización del artista argumentando que \»no es un artista porque no está registrado en ninguna casa de cultura\», un argumento que ignora la realidad de una generación que ha abandonado los espacios oficialistas por considerarlos vías censuradas y carentes de legitimidad.
La conclusión de este juicio augura un nuevo capítulo de represión institucionalizada en Cuba, donde el derecho penal se utiliza como herramienta de castigo político. Mientras la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos mantienen su escrutinio sobre la isla, la eventual condena de Nando OBDC envía un mensaje claro de cero tolerancia hacia la libertad de expresión. El expediente, según advierten los expertos legales, no demuestra la comisión de un delito, sino la voluntad del ejecutivo cubano de profundizar el asfixia social y perpetuar el exilio interno o la encarcelación de cualquier voz crítica que cuestione el modelo impuesto.
