El legislador estadounidense Mario Díaz-Balart alertó sobre el deterioro extremo de salud del manifestante del 11J, quien cumple una condena de 15 años y ha sido trasladado a terapia intermedia en un hospital de Holguín. Organizaciones de derechos humanos y la embajada de Estados Unidos en La Habana se suman a la exigencia de su liberación inmediata ante el riesgo inminente de fallecimiento.
El congresista por Florida Mario Díaz-Balart exigió este lunes a la dictadura cubana la liberación inmediata del preso político Yosvany Rosell García Caso, quien se encuentra en condición crítica tras más de un mes en huelga de hambre sin recibir la atención médica adecuada. A través de un mensaje en la red social X, el legislador republicano denunció el abandono clínico al que está sometido el recluso, así como el hostigamiento sistemático, la vigilancia y las amenazas contra su esposa, Mailín Sánchez, y el resto de su familia.
«Sus vidas están en peligro. Otro recordatorio de que el brutal régimen en Cuba no tiene respeto por la vida humana, la dignidad ni los derechos humanos», expresó Díaz-Balart, quien ha sido una voz constante en el Congreso de los Estados Unidos respecto a la violación de libertades fundamentales en la isla. La declaración del parlamentario se produce en un momento de extrema vulnerabilidad para el recluso, cuyo estado físico ha derivado en la necesidad de trasladarlo a una sala de mayor vigilancia clínica tras semanas de inanición.
Traslado a terapia intermedia y abandono institucional
García Caso, de 37 años, cumple este martes 34 días sin ingerir alimentos. Su esposa, Mailín Sánchez, informó recientemente a la prensa independiente que las autoridades penitenciarias determinaron trasladarlo a una sala de terapia intermedia en el Hospital Clínico-Quirúrgico de Holguín, donde hasta ese momento permanecía internado en la Sala de Penados. «El médico me dijo que habían determinado trasladarlo para terapia intermedia por los tantos días que lleva sin comer y, así, cualquier cosa podría ser llevado para terapia intensiva», relató Sánchez, evidenciando la gravedad del cuadro clínico que padece el activista.
La preocupación por la integridad física del prisionero ha trascendido las fronteras de la isla. El viernes pasado, la Embajada de Estados Unidos en Cuba emitió un comunicado público a través de sus canales oficiales para manifestar su alarma por el grave estado de salud del preso político. La sede diplomática recordó que García Caso cumple una «injusta condena» en «condiciones inhumanas en la prisión de El Yayal», en la provincia de Holguín, y subrayó que no existe justificación alguna para el maltrato que sufre, exigiendo su liberación y el acceso inmediato a tratamiento médico especializado.
Acción urgente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Ante el riesgo inminente de fallecimiento, el Centro de Denuncias Defensa CD presentó una solicitud urgente de medida cautelar de protección ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La organización jurídica advirtió que la situación del prisionero político supone un peligro real y que esta sería «la única medida capaz de evitar un daño irreparable». Juan Carlos Vargas, director ejecutivo de la entidad, enfatizó que la vida de Yosvany Rosell García corre peligro inminente y que cada minuto cuenta para evitar una tragedia que recaería bajo la responsabilidad directa del Estado cubano.
El activista inició su huelga de hambre el pasado 23 de octubre con el objetivo de exigir la libertad para todos los presos políticos de la Isla. Condenado a 15 años de cárcel por su participación en las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio de 2021 (11J), García Caso ha recurrido en varias ocasiones a este método extremo de protesta durante su tiempo en prisión. Para muchos reclusos políticos en Cuba, la huelga de hambre se ha convertido en la única vía viable para hacer visible su situación frente al silencio oficial y la negación sistemática de sus derechos.
Contexto sistémico: La represión como respuesta a la crisis
El caso de Yosvany Rosell García Caso no es un hecho aislado, sino una consecuencia directa de la política de criminalización de la disidencia implementada por el régimen de La Habana tras las históricas protestas del 11J. Aquellas jornadas, que sacudieron a más de 40 localidades del país en rechazo a los apagones y la falta de libertades, fueron respondidas con un despliegue de fuerza sin precedentes por parte de las autoridades de la isla. El resultado fue un proceso judicial amañado que dejó más de 1,500 procesados y cientos de condenas desproporcionadas que superan, en muchos casos, los 20 años de privación de libertad.
La radicalización de las condiciones carcelarias y el uso de la inanición como última herramienta de resistencia ocurren en medio de la profunda crisis estructural que atraviesa Cuba. El desabastecimiento crónico, la inflación galopante y el colapso total de los servicios públicos, incluido el sistema sanitario, han generado un escenario de precariedad extrema que afecta tanto a la población civil como a la población reclusa. Las prisiones cubanas, caracterizadas por el hacinamiento, la falta de higiene, la alimentación deficiente y la violencia institucional, se han convertido en centros de tortura psicológica y física donde el gobierno cubano mantiene a cientos de opositores en la más completa indefensión.
Este clima de asfixia política y social ha propiciado el mayor éxodo migratorio en la historia reciente del país, con cientos de miles de cubanos abandonando la isla ante la falta de perspectivas económicas y el miedo a la represión. La dictadura cubana, lejos de atender las demandas ciudadanas que salieron a las calles en 2021, ha optado por endurecer el control social, intensificar la vigilancia a familiares de activistas y negar la existencia de presos políticos, lo que profundiza el aislamiento internacional del ejecutivo cubano y agudiza el deterioro de la institucionalidad en el país.
Implicaciones futuras y respuesta internacional
La evolución del estado de salud de García Caso representará un nuevo punto de tensión entre el gobierno cubano y la comunidad internacional. La presión ejercida por figuras como el congresista Díaz-Balart, la diplomacia estadounidense y los organismos de derechos humanos de las Américas coloca al régimen ante el escrutinio global. Un desenlace fatal en este caso no solo constituiría una grave violación de los derechos humanos, sino que podría gatillar nuevas sanciones internacionales y un mayor descreimiento de las gestiones diplomáticas con La Habana, dejando en evidencia que la estabilidad del sistema político cubano se sostiene sobre la represión y el sacrificio de la vida humana.
Por ahora, la atención está puesta en la respuesta que ofrezcan las autoridades de la isla a las medidas cautelares solicitadas y a los llamados internacionales. Mientras tanto, la familia de Yosvany Rosell García Caso continúa su travesía bajo amenazas, esperando que la presión externa logre lo que la justicia interna ha negado sistemáticamente: el derecho a la vida, a la salud y a la libertad de un hombre que se atrevió a protestar en las calles de Cuba.
