El gobierno cubano ha anunciado que tipificará como «sabotaje» las recargas telefónicas internacionales no autorizadas que afecten los ingresos de la empresa estatal ETECSA, en una nueva medida que criminaliza las estrategias de subsistencia ciudadana frente al colapso económico y la dolarización de los servicios básicos en la isla.
Durante una reciente emisión del programa oficialista *Hacemos Cuba*, representantes del Ministerio del Interior (MININT) y de la Fiscalía General de la República expusieron el desmantelamiento de una presunta red de fraude vinculada a plataformas digitales como «Soky Recargas Online». Las autoridades de la isla alegan que estas operaciones, que funcionan tanto dentro como fuera del país, han generado «millonarias pérdidas» para el monopolio estatal de las telecomunicaciones.
La justificación legal esgrimida por la dictadura cubana para elevar estas acciones a la categoría de «sabotaje» se ampara en el Dictamen 475 del Tribunal Supremo Popular, el cual clasifica a las telecomunicaciones como infraestructura crítica. Esta calificación penal permite imponer condenas severas bajo el amparo de la seguridad del Estado, una figura jurídica que históricamente ha sido utilizada para acallar la disidencia, censurar y reprimir cualquier actividad que escape al control absoluto del poder.
Sectores de la sociedad civil independiente y analistas han rechazado la medida, denunciando que se trata de una criminalización del ingenio ciudadano frente a un sistema económico inoperante. El periodista José Raúl Gallego cuestionó la narrativa oficial que vincula los ingresos de ETECSA con el bienestar social, señalando la opacidad financiera del régimen. «Los ingresos de ETECSA no se sabe para qué se usan ni cuántos son, porque esos datos no son públicos, como sucede en realidad con todos los ingresos estatales», afirmó Gallego en sus redes sociales.
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Gallego también advirtió sobre el peligro de la elasticidad de la figura jurídica de «sabotaje». El periodista alertó que esta herramienta podría ser utilizada para perseguir a ciudadanos que, aprovechando las distorsiones monetarias impuestas por el régimen de La Habana y utilizando los propios servicios de ETECSA, facilitan recargas en moneda nacional desde el exterior. Además, criticó que las autoridades no solo amenazan con decomisos y procesos judiciales en curso, sino que incitan a la delación entre la propia población como mecanismo de control social.
Por su parte, el economista Pedro Monreal sintetizó la gravedad de la situación al afirmar: «Cuando una política económica disparatada hace que un monopolio estatal tenga que auxiliarse de la represión policial para poder funcionar ‘normalmente’ entonces se hace evidente que el gobierno cubano es una máquina de generar distorsiones». La declaración del experto subraya la profunda desconexión entre las políticas oficiales y la realidad material que sufren los ciudadanos en su día a día.
Dolarización y exclusión en el acceso a las telecomunicaciones
El anuncio de estas medidas represivas ocurre en un escenario marcado por la profunda dolarización de los servicios en Cuba. Mientras ETECSA impone un límite estricto de 360 CUP mensuales para las recargas nacionales, promueve agresivamente planes de datos en moneda libremente convertible (MLC), como el paquete de 4 GB por 10 USD. Esta brecha excluye de facto a la población que no recibe remesas ni tiene acceso a divisas, considerando que el salario medio en la isla es insuficiente para cubrir la canasta básica de alimentos.
Hacemos Cuba: ETECSA y las recargas internacionales
La tensión por el acceso a internet ha desencadenado recientes protestas estudiantiles contra los altos precios, las cuales fueron respondidas con detenciones e interrogatorios por parte de la Seguridad del Estado. Intentando apaciguar el descontento, el ejecutivo cubano anunció un plan sectorial de 6 GB para estudiantes universitarios y una promoción de 2 GB por 1200 CUP. Sin embargo, la ciudadanía ha calificado estas ofertas como insuficientes y las ha tildado de «otra estafa más» en medio de la inflación galopante y el desabastecimiento.
Contexto: El monopolio como herramienta de control político y recaudatorio
Las telecomunicaciones en Cuba no funcionan bajo un modelo de mercado libre, sino como un monopolio estatal estratégico para el control político, social y económico. ETECSA no solo es una empresa de servicios, sino una de las principales fuentes de captación de divisas para el régimen de La Habana. La criminalización de las recargas alternativas debe entenderse en el marco de la urgencia financiera del Estado, que ante la caída del turismo, la reducción de las exportaciones tradicionales y la crisis estructural, se aferra a cualquier mecanismo de extracción de remesas.
Históricamente, la dictadura cubana ha utilizado el aislamiento informativo como método de dominación. La llegada de internet a los teléfonos móviles en 2018 representó un quiebre en el control absoluto de la narrativa, permitiendo la organización de protestas sociales como las del 11 de julio de 2021. Desde entonces, las autoridades han implementado estrategias de censura intermitente, aumentos de tarifas y ahora, la judicialización de las alternativas populares, para impedir la conectividad masiva y fuera de su control recaudatorio.
La crisis sistémica que atraviesa la isla se manifiesta en un colapso generalizado: apagones prolongados, escasez de medicamentos, inflación incontrolable y un éxodo migratorio sin precedentes. En este entorno, los ciudadanos han desarrollado una economía de supervivencia basada en el mercado informal, el trueque y el uso de plataformas alternativas para paliar las deficiencias del modelo económico impuesto. La respuesta del gobierno cubano no ha sido reformar el sistema, sino incrementar el cerco represivo, convirtiendo la necesidad en delito.
La amenaza de procesar por «sabotaje» la recarga telefónica alternativa marca un nuevo hito en la criminalización de la cotidianidad en Cuba. Esta política no solo agravará el aislamiento de la población más vulnerable, sino que refuerza la imagen de un Estado que prefiere la vía penal y la violencia institucional frente a la solución de sus ineficiencias. Las consecuencias a futuro apuntan a un endurecimiento del cerco digital, en un momento donde la comunidad internacional y los organismos de derechos humanos deberán prestar atención a esta nueva forma de represión que atenta contra el derecho a la comunicación y penaliza la resiliencia de un pueblo sometido a un sistema fallido.
