En lo que va de 2025, las autoridades de la isla han radicado 32 causas por delitos relacionados con estupefacientes en la provincia de Guantánamo, resultando en la condena de 43 implicados. El endurecimiento de la política penal, impulsado por el Ministerio de Justicia, refleja la creciente alarma del gobierno cubano ante el incremento del consumo y tráfico de drogas, especialmente entre los jóvenes, en medio de una profunda crisis socioeconómica.
Los datos trascendieron durante una reunión de trabajo de la Comisión de prevención y enfrentamiento a este flagelo en Guantánamo, encabezada por el ministro de Justicia y presidente de la Comisión Nacional de Drogas, Oscar Manuel Silvera Martínez. El funcionario detalló que la mayoría de los encausados fueron sancionados a penas de privación de libertad, con excepción de tres menores de 18 años, estudiantes y sin antecedentes, quienes recibieron sanciones alternativas. Silvera Martínez enfatizó la necesidad de actuar con \»rigor\» para frenar una problemática que, admitió, ha adquirido \»complejidad y gravedad\» en el territorio nacional.
El avance del narcotráfico y el consumo de sustancias ilícitas en Cuba es una consecuencia directa del profundo deterioro socioeconómico que atraviesa el país. La falta de oportunidades, la inflación galopante y el colapso de los servicios públicos han creado un caldo de cultivo para la criminalidad, obligando al régimen de La Habana a adoptar una estrategia punitiva que la propaganda oficial ha bautizado como \»tolerancia cero\». Esta política incluye juicios ejemplarizantes y penas que alcanzan hasta los 30 años de prisión, en un intento por mostrar control ante una crisis de seguridad que se les ha ido de las manos.
Nuevas rutas y métodos para introducir estupefacientes
Como parte de esta ofensiva institucional, el ejecutivo cubano inauguró a inicios de julio el Observatorio Nacional de Drogas (OND), una entidad diseñada para monitorear y fortalecer la política antidrogas. Sin embargo, paralelo a la retórica oficial, los traficantes continúan perfeccionando sus métodos para burlar los controles aduaneros. Recientemente, las autoridades decomisaron cápsulas de cocaína líquida en el aeropuerto internacional José Martí, en La Habana, ocultas en condones adheridos al torso de un viajero, evidenciando la vulnerabilidad de los principales puntos de entrada al país.
El endurecimiento penal contra el narcotráfico se produce en un contexto de creciente represión social y control estatal. Mientras la dictadura cubana impone penas draconianas para castigar delitos vinculados a la desesperación económica, evade su responsabilidad directa en la crisis estructural que empuja a la ciudadanía a la marginalidad. La respuesta oficial, centrada exclusivamente en la acción punitiva y la criminalización, ignora las causas raíz del problema y augura un escenario de mayor endurecimiento represivo en los próximos meses, sin que ello se traduzca en una mejora real para la seguridad y el bienestar de la población.
