El preso político Alieski Calderín Acosta fue trasladado a un régimen de castigo y aislamiento en la Prisión Provincial de Camagüey Kilo 8 tras protestar por las condiciones carcelarias y exigir sus derechos como recluso. La medida, denunciada por sus familiares y otros reclusos, evidencia una vez más la política de represión sistemática y vulneración de derechos humanos que ejerce el Estado contra los opositores dentro del sistema penitenciario cubano.
De acuerdo con la denuncia formulada por su hermano, Anieski Calderín Acosta, las autoridades carcelarias obligaron al opositor a compartir celda con un reo común que comenzó a hostigarlo. Ante esta situación, Calderín Acosta solicitó reiteradamente una entrevista con el director del penal, el mayor Leonardo Suárez Rey, para retornar a su celda individual, pero su requerimiento fue ignorado por la administración penitenciaria. Como forma de protesta pacífica, el recluso elaboró carteles con consignas como \»Patria y vida\», \»Abajo la dictadura\» y \»Libertad para los presos políticos\», exponiendo además la precaria situación alimentaria y la escasez de medicamentos en la instalación.
La respuesta del régimen de La Habana ante la exigencia de derechos básicos fue la represión directa. Tras enviar una carta formal al director de la prisión reiterando sus reclamos y las frases contestatarias, la dirección del penal ordenó su aislamiento en una celda de castigo desde el pasado 13 de marzo. Fuentes anónimas desde el interior del centro penitenciario, así como el propio familiar del recluso, confirmaron que Calderín Acosta se encuentra incomunicado, sin colchón, sábanas ni ropa adecuada, una situación que se prolongará al menos por dos semanas.
Contexto de una condena política
Alieski Calderín Acosta, de 37 años y residente en Camagüey, cumple una condena de 20 años de privación de libertad desde noviembre de 2012 bajo el presunto delito de sabotaje. El gobierno cubano lo acusó de lanzar un cóctel Molotov contra una tienda recaudadora de divisas en el bulevar de la ciudad. Sin embargo, su caso está catalogado en la base de datos de la ONG Prisoners Defenders como el de un preso político, enmarcado en la criminalización de la disidencia que ejerce el aparato estatal para silenciar el descontento social.
A lo largo de su encierro, Calderín Acosta ha sido un crítico constante de las violaciones a los derechos humanos y las infrahumanas condiciones de cautiverio en la prisión de máximo rigor Kilo 8. El actual episodio de aislamiento refleja el endurecimiento de las tácticas represivas contra quienes alzan la voz dentro de las prisiones de la isla.
Mientras la crisis estructural de Cuba se profundiza con el colapso de los servicios públicos, la inflación y el éxodo migratorio, la dictadura mantiene intacto su aparato de control punitivo. Casos como el de Calderín Acosta demuestran que la falta de libertades se extiende de la calle a las celdas, dejando a los presos políticos en un estado de total vulnerabilidad y abandono institucional, a la espera de una mayor exigencia por parte de la comunidad internacional.
