El preso político Nilo Abrahantes Santiago, sancionado por participar en las protestas del 11 de julio, fue trasladado arbitrariamente del centro penitenciario El Pitirre al Combinado del Este, donde fue sometido a siete días de confinamiento solitario. La dictadura cubana justificó la medida con la acusación de que preparaba un motín, en medio de un evidente endurecimiento de las condiciones carcelarias contra los disidentes encarcelados.
El traslado se ejecutó la noche del 15 de marzo, cuando agentes del orden sacaron a Abrahantes Santiago esposado de su destacamento para enviarlo a la prisión de máximo rigor. Según denunció el propio recluso vía telefónica, la operación fue supervisada por el jefe de Cárceles y Prisiones, identificado como \»primer coronel Osmani\», y dirigida por un oficial de la Seguridad del Estado bajo el alias de \»agente Ahmed\». Junto a él sufrieron el mismo traslado los también presos políticos Freddy Otero y Adrián Curuneaux, además de tres reclusos comunes cuyas identidades no han trascendido.
Como pretexto para la requisa y el traslado, las autoridades de la isla alegaron que el grupo \»estaba preparando un motín\». Durante el operativo, le decomisaron su agenda personal, una Biblia y documentos diversos. Al llegar al Combinado del Este, el manifestante fue mantenido en régimen de castigo y aislamiento total durante una semana, antes de ser reubicado en el segundo piso del ala norte del edificio 3 de la penitenciaría.
Represión sistemática y criminalización de la protesta
Abrahantes Santiago, de 45 años y natural de Bejucal, en la provincia de Mayabeque, trabajaba como repostero por cuenta propia antes de ser encarcelado. Su detención forma parte de la ola represiva desatada tras las manifestaciones masivas de 2021, por las cuales cumple una condena de cinco años bajo el delito de sabotaje. Su caso está documentado en la base de datos de la organización internacional Prisoners Defenders, con sede en Madrid, que lo reconoce formalmente como preso político. Esta situación refleja la crisis estructural de derechos humanos que sufre la isla, donde el régimen de La Habana utiliza el sistema penal para silenciar el descontento social y anular cualquier intento de disidencia.
El endurecimiento de las condiciones de reclusión para los manifestantes del 11J evidencia la persistencia de la violencia estatal dentro de las prisiones cubanas y la total ausencia de garantías procesales. Ante estos hechos, persiste el reclamo de organismos internacionales y la sociedad civil para que el ejecutivo cubano libere a los cientos de ciudadanos encarcelados por motivos políticos. Mientras tanto, las constantes denuncias de traslados arbitrarios y aislamientos prolongados mantienen la tensión dentro de un sistema penitenciario opaco, exponiendo la vulnerabilidad extrema de quienes osaron desafiar al poder.
