Roberto Cabañas Vázquez y Aimé Triana Sevajanes, funcionarios de la Misión Permanente de Cuba ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, son los responsables del intento de silenciar las denuncias de activistas cubanas durante el quinto período de sesiones del Foro Permanente sobre los Afrodescendientes. El incidente, que concluyó con el rechazo de la audiencia hacia la delegación oficial, evidencia una vez más la estrategia del régimen de La Habana para acallar las críticas a su récord en materia de derechos humanos en escenarios multilaterales.
El episodio tuvo lugar en el Palacio de las Naciones en Ginebra, durante un foro convocado precisamente para debatir los derechos de las personas afrodescendientes. La tensión escaló cuando la activista Oraisa Estrada Vellmade tomó la palabra para exponer la realidad de la isla. Estrada Vellmade denunció de forma contundente: «En mi país disentir no es un derecho, es un riesgo y un castigo, y para los afrodescendientes ese riesgo ha sido históricamente mayor». Esta afirmación, que resuena con la experiencia de amplios sectores de la población cubana, provocó la inmediata reacción de la representación diplomática del gobierno cubano.
Cabañas Vázquez, quien ostenta el rango de segundo secretario de la misión, solicitó formalmente que la activista fuera «llamada al orden». Posteriormente, el diplomático leyó un mensaje en el que afirmó que resultaba «realmente vergonzoso que se permita la presencia en esta sala de tales personajes». La respuesta de los asistentes no se hizo esperar y se tradujo en abucheos contra la representación oficial, un hecho inusual que marca el nivel de rechazo internacional hacia las tácticas de censura empleadas por la dictadura cubana en el exterior.
Los registros oficiales y archivos públicos confirman que Roberto Jacinto Cabañas Vázquez ha consolidado rápidamente su carrera dentro del aparato diplomático. Hasta junio de 2025, la propia misión en Ginebra lo presentaba con el cargo de «tercer secretario» en diálogos interactivos sobre derechos humanos. Para febrero de 2026, ya figuraba como segundo secretario y representante de Cuba en reuniones del Consejo de Derechos Humanos, donde repitió la narrativa oficial atribuyendo a Estados Unidos una escalada «dirigida a castigar despiadadamente a toda nuestra población», en clara alusión al embargo.
Junto a él se encontraba Aimé Triana Sevajanes, también segunda secretaria de la misión diplomática en Ginebra. La trayectoria de Triana está estrechamente ligada a las narrativas del ejecutivo cubano frente a la comunidad internacional. En 2023, integró el PGA Fellowship Programme de la Presidencia de la Asamblea General de la ONU. La organización la describe como funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) desde 2022, graduada del Instituto Superior de Relaciones Internacionales «Raúl Roa García» (ISRI), con un enfoque específico en las relaciones bilaterales Cuba-Estados Unidos y el impacto de las «medidas coercitivas unilaterales».
La activista Salomé García Bacallao fue quien identificó públicamente a ambos funcionarios, revelando además que Cabañas y Triana forman una pareja desde 2016. Según los perfiles públicos, Cabañas nació en 1997, lo que indica que ambos pertenecen a una nueva generación de diplomáticos formados íntegramente bajo el paradigma ideológico del régimen. Su ascenso responde a la necesidad de las autoridades de la isla de renovar cuadros que mantengan intacta la fidelidad a la línea oficial, especialmente en foros donde la presión internacional por las violaciones de derechos humanos se ha intensificado.
El uso de los foros multilaterales para blanquear la represión interna
El intento de censura en Ginebra no es un hecho aislado, sino parte de una política sistemática de la dictadura cubana para controlar la narrativa internacional. Desde hace décadas, el régimen de La Habana ha instrumentalizado los espacios de la ONU y otras organizaciones multilaterales para proyectar una imagen de defensor de los derechos sociales y de los pueblos del Sur Global, mientras en el interior de la isla se ejecuta un aparato represivo contra cualquier manifestación de disidencia. La presencia de diplomáticos especializados en el discurso del embargo tiene como objetivo principal desviar la atención de la crisis estructural y la falta de libertades fundamentales.
En este contexto, el Foro Permanente sobre los Afrodescendientes representaba un escenario incómodo para el gobierno cubano. La denuncia de Oraisa Estrada Vellmade pone el dedo en la llaga de una de las mayores contradicciones del sistema cubano: la racialización de la pobreza y la represión. Aunque la Constitución cubana proclama la igualdad, las políticas económicas fallidas y el colapso de los servicios públicos han impactado de manera desproporcionada a la población afrodescendiente, que cuenta con menor acceso a las remesas familiares desde el extranjero y soporta el peso de la inflación y el desabastecimiento crónico.
Raíces de una crisis sistémica y racial
Para entender la reacción beligerante de los diplomáticos cubanos, es necesario observar el panorama interno de la isla. La crisis económica que atraviesa Cuba ha empujado a cientos de miles de ciudadanos a la migración masiva. Dentro de este éxodo, los afrodescendientes han sido uno de los sectores más vulnerables, enfrentando mayores obstáculos para obtener visas y financiar su salida, lo que los deja expuestos a la represión policial y al ostracismo económico en la isla. La frase de Estrada Vellmade sobre el «riesgo histórico» resume la realidad de quienes protagonizaron las protestas del 11 de julio de 2021 y que hoy cumplen largas condenas de prisión.
Durante las manifestaciones del 11J, una abrumadora mayoría de los detenidos, enjuiciados y condenados por la dictadura fueron jóvenes afrodescendientes de barrios marginados. El régimen respondió a las demandas sociales con un despliegue de violencia estatal, allanamientos y juicios sumarios. Esta realidad contrasta radicalmente con el discurso que diplomáticos como Cabañas Vázquez y Triana Sevajanes están mandatados a defender en Ginebra. El colapso del sector electroenergético, la escasez de alimentos y la inflación galopante configuran un escenario donde la supervivencia diaria es un desafío, especialmente para las clases populares.
Implicaciones y futuro de la diplomacia cubana frente a la sociedad civil
El repudio sufrido por la delegación cubana en el Palacio de las Naciones marca un punto de inflexión en la forma en que la sociedad civil organizada y la diáspora cubana enfrentan a la maquinaria diplomática del régimen. Cada vez más, activistas y exiliados logran infiltrar los espacios multilaterales para presentar testimonios verídicos que desmantelan la propaganda oficial. La dictadura cubana se enfrenta ahora a una audiencia internacional menos dispuesta a tolerar el autoritarismo disfrazado de discurso antiimperialista.
Las consecuencias de este evento podrían traducirse en un mayor escrutinio sobre los diplomáticos cubanos en el extranjero. La comunidad internacional y los organismos de derechos humanos tienen ante sí la responsabilidad de no permitir que los representantes de un gobierno que reprime a su población utilicen los foros de libertad para silenciar a las víctimas. Mientras la crisis estructural de Cuba se profundice y el exilio continúe creciendo, la tensión entre la realidad insular y la ficción diplomática del régimen de La Habana se hará cada vez más insostenible, dejando al descubierto la verdadera cara de un sistema que teme a la verdad de sus propios ciudadanos.
