El Departamento de Estado de Estados Unidos denunció la precaria situación del preso político Aníbal Yasel Palau Jacinto, quien permanece en huelga de hambre desde el pasado 5 de noviembre en la prisión Melena II, en Mayabeque, en protesta por los abusos, golpizas y la falta de atención médica por parte de las autoridades penitenciarias. La alerta se suma a los reclamos de organizaciones internacionales ante el aumento de la represión carcelaria en la isla.
Condenado a cinco años de privación de libertad por su participación en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en el municipio de Güines, Palau Jacinto ha sido víctima de agresiones y robos por parte de los guardias tras una requisa en el penal. Su madre, Layda Yirkis Jacinto Abad, ha exigido una fe de vida tras negársele el acceso al recinto en dos ocasiones. Por su parte, su hermana detalló las condiciones inhumanas del confinamiento solitario, denunciando que el joven se encuentra en una celda tapiada de cuatro por cuatro metros infestada de insectos y roedores, sin posibilidad de comunicación con el exterior.
La denuncia del Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental también se extendió al caso del activista Daniel Alfaro Frías, recluido en la cárcel de Guanajay, en Artemisa. Alfaro Frías inició una huelga de hambre el 2 de noviembre para protestar por su condena y la privación de derechos fundamentales en el recinto. Organizaciones de la sociedad civil, como Cubalex y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), han advertido que estas protestas evidencian un patrón sistemático de malos tratos y represión carcelaria contra los opositores, e incluso alertaron sobre la posible apertura de nuevas causas penales contra los reclusos como medida de escarmiento.
Un sistema carcelario bajo escrutinio internacional
Esta crisis en los penales se enmarca en el endurecimiento de la represión por parte de la dictadura cubana contra la disidencia y la sociedad civil. Según el último informe de la ONG Prisoners Defenders, a cierre de noviembre la isla registraba 1.192 presos por motivos políticos, una cifra que representa un nuevo récord histórico. El régimen de La Habana ha optado por el encarcelamiento masivo y el uso de la tortura psicológica y física, como el confinamiento en celdas tapiadas, como herramientas para silenciar cualquier atisbo de protesta social, profundizando la severa crisis de derechos humanos que atraviesa el país.
El escrutinio internacional aumenta la presión sobre el ejecutivo cubano, cuya gestión en materia de libertades fundamentales continúa siendo ampliamente cuestionada por la comunidad democrática. La situación de Palau Jacinto y Alfaro Frías no constituye un caso aislado, sino el reflejo de una política de Estado que vulnera sistemáticamente la integridad de los ciudadanos. La respuesta de la comunidad internacional y las organizaciones multilaterales será determinante para exigir la liberación incondicional de los presos del 11J y para frenar la impunidad con la que operan las fuerzas de seguridad en la isla.
