El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil anunció el paso a la \»fase de normalidad\» en la provincia de Santiago de Cuba, casi dos meses después del impacto del huracán Melissa. Las autoridades de la isla aseguran que se han rehabilitado los servicios vitales, pero omiten cifras clave sobre los daños y la reconstrucción, trasladando la carga a instituciones locales que operan al borde del colapso.
A través de medios estatales, el ejecutivo cubano informó que el territorio santiaguero abandona las fases operativas de emergencia para continuar las tareas de reconstrucción bajo las estructuras ordinarias de la administración local. El comunicado oficial atribuye este avance al \»trabajo desarrollado\» por pobladores y dirigentes para restañar las secuelas del ciclón, que tocó tierra el 29 de octubre como categoría 3. Sin embargo, el anuncio carece de un balance verificable que respalde esta supuesta recuperación.
La nota oficial reconoce tácitamente que la cuantía de las afectaciones en Santiago de Cuba fue superior a la del resto del oriente —donde Holguín, Granma y Guantánamo ya habían retornado a esta categoría operativa el pasado 1 de diciembre—, pero evita cuantificar el saldo del desastre. No se precisa cuántas viviendas quedaron destruidas, qué infraestructura sigue colapsada ni cuántos ciudadanos permanecen en situación de vulnerabilidad. Esta opacidad es una constante de la dictadura cubana, que prefiere maquillar la realidad a través de discursos triunfalistas antes que someterse a la rendición de cuentas pública.
Opacidad y traslado de responsabilidades
La denominada \»fase de normalidad\» no implica que la reconstrucción haya concluido, sino que la gestión del desastre pasa a manos de instituciones locales sumidas en una profunda crisis estructural. El régimen de La Habana traslada así el peso de la recuperación a organismos que, desde hace años, carecen de los recursos mínimos para garantizar el funcionamiento básico del país, inmerso en una espiral de inflación, desabastecimiento y deterioro generalizado de los servicios públicos. Sin cronogramas ni indicadores públicos sobre viviendas reparadas, escuelas recuperadas o restablecimiento del servicio de agua y electricidad, es imposible evaluar si este cambio de fase responde a una mejora real o a una mera necesidad política de cerrar la emergencia en el discurso.
Al decretar el fin de la fase excepcional sin ofrecer datos concretos, el gobierno cubano abandona a su suerte a miles de santiagueros que aún enfrentan las consecuencias directas del meteorológico. La decisión no solo evidencia la incapacidad del Estado para proteger a la población en situaciones de desastre, sino que profundiza la desconfianza ciudadana frente a un sistema que prioriza el control de la narrativa sobre el bienestar material de los afectados.
