La esposa del preso político Yosvany Rosell García Caso, Mailín Rodríguez Sánchez, ha denunciado las precarias condiciones de reclusión y la constante violación de derechos humanos que enfrenta su esposo en la prisión de máximo rigor \»Cuba Sí\» en Holguín. Tras casi cinco años de encierro, previo a las protestas del 11 de julio de 2021, la familia atraviesa una profunda crisis emocional y económica ante la indiferencia de las autoridades de la isla.
García Caso, de 38 años, fue sancionado a 15 años de privación de libertad bajo el delito de \»sedición\», tras una petición fiscal inicial de 30 años. Su esposa relata cómo el arresto desarticuló por completo la economía familiar. Antes de su detención, Yosvany trabajaba como herrero, soldador y albañil, siendo el principal sostén del hogar. \»He tenido que asumir todo yo sola, además de ayudarlo a él\», señala Rodríguez Sánchez, quien ha tenido que enfrentar no solo la ausencia de su pareja de 20 años, sino también el impacto psicológico en sus tres hijos, quienes han requerido atención profesional y han visto retrasado su desarrollo académico debido a la separación forzada.
Las condiciones en la prisión evidencian el deterioro del sistema penitenciario bajo el régimen de La Habana. Según el testimonio de su esposa, al recluso se le niega la asistencia médica y el acceso a medicamentos para tratar la hipertensión arterial. Además, padece la escasez de alimentos y la falta de agua potable, la cual presenta un estado de contaminación evidente con partículas verdes. Las gestiones legales para obtener una licencia extrapenal o el recurso de súplica familiar han sido bloqueadas sistemáticamente por las instituciones judiciales, que operan sin rendición de cuentas hacia la ciudadanía.
Huelgas de hambre y opacidad institucional
Como forma de protesta contra estos abusos, García Caso ha realizado alrededor de ocho huelgas de hambre, llegando al borde del fallo renal. La más reciente, extendida por 40 días entre octubre y noviembre de 2025, puso en riesgo inminente su vida. Aunque actualmente se encuentra estable, el Departamento de Cárceles y Prisiones del Ministerio del Interior (MININT) se ha negado a facilitar el expediente médico a la familia, impidiendo conocer si existen secuelas irreversibles. Esta opacidad es una práctica habitual de la dictadura cubana para silenciar la crisis humanitaria dentro de los centros de reclusión, donde la represión y el asedio a los familiares se utilizan como herramientas de escarmiento social.
El caso de Yosvany y Mailín no es un hecho aislado, sino el reflejo de la crisis estructural que atraviesa la isla, marcada por la criminalización de la disidencia y el colapso del Estado de derecho. La represión política ha dejado a cientos de familias en la indefensión, obligándolas a navegar entre el miedo a las represalias y la impunidad de los carceleros. Mientras la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos mantienen la mirada sobre los presos del 11J, la incertidumbre sobre su futuro se convierte en un claro termómetro de la falta de voluntad política del ejecutivo cubano para abrir espacios de democratización y garantizar el respeto a las libertades fundamentales.
