La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) reveló en un informe publicado esta semana que la dictadura cubana, junto a los regímenes de Nicaragua y Venezuela, mantiene \»estrategias paralelas\» de persecución contra comunidades religiosas mediante hostigamiento, vigilancia, manipulación legal y encarcelamiento de líderes y practicantes, consolidando lo que el organismo califica como la \»tríada autoritaria\» más represiva del continente.
El documento, elaborado por la USCIRF, señala que estos tres Estados \»han reprimido la libertad religiosa durante años o décadas\» y que las violaciones sistemáticas se utilizan como instrumento \»para sofocar amenazas percibidas al poder del régimen\». En el caso específico de la isla, el informe detalla que el Partido Comunista \»restringe severamente la práctica religiosa, particularmente a los grupos que resisten la regulación y el control del Estado\», sometiendo a líderes de comunidades cristianas independientes y de prácticas afrocubanas a citaciones recurrentes en estaciones de policía y de la Seguridad del Estado, así como a amenazas constantes de encarcelamiento.
El informe documenta con precisión un caso ocurrido en julio de 2025, cuando un babalao fue convocado a una estación policial donde un oficial le exigió la disolución inmediata de las celebraciones religiosas en su domicilio, advirtiéndole que la próxima ceremonia \»resultaría en el arresto de los participantes\». La vigilancia, según el organismo, constituye un mecanismo habitual de control: funcionarios de la Seguridad del Estado visitan con frecuencia iglesias católicas y protestantes y monitorean domicilios particulares con el objetivo de intimidar tanto a feligreses como a líderes religiosos. Asimismo, las autoridades de la isla continúan deteniendo de forma sistemática a miembros de las Damas de Blanco para impedirles asistir a misa dominical.
Presos por motivos religiosos y manipulación legal
La Comisión ubica a Cuba entre los países con mayor número de personas encarceladas por motivos vinculados a su fe. Su registro documenta al menos \»11 víctimas en Cuba\», aunque el organismo advierte que la cifra no es necesariamente exhaustiva. Entre los casos mencionados figuran los líderes yorubas independientes Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro, detenidos inicialmente en 2021. El informe precisa que Pérez Paseiro \»fue reencarcelada en junio de 2025\» tras haber sido liberada en enero mediante un acuerdo mediado por el Vaticano, lo que evidencia la naturaleza arbitraria de los procesos judiciales y la utilización de la represión religiosa como herramienta de coerción política.
El gobierno cubano ha consolidado un marco jurídico diseñado para someter la práctica religiosa al control absoluto del Estado. La legislación vigente exige el registro obligatorio de las organizaciones religiosas, y el Ministerio de Justicia —donde opera la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista— \»niega o ignora arbitrariamente las solicitudes de registro de grupos religiosos\». La falta de reconocimiento oficial implica que la pertenencia a un grupo no registrado constituye un delito. Adicionalmente, recibir financiamiento desde el exterior para actividades consideradas contrarias a los intereses del Estado conlleva penas de hasta diez años de prisión. El informe describe la existencia de un sistema de tres niveles que clasifica a los grupos religiosos según su grado de sumisión al poder.
Nuevas leyes represivas y recomendaciones internacionales
En su reporte anual de 2025, la USCIRF recomendó que Cuba fuera nuevamente designada como \»país de particular preocupación\» debido a las \»violaciones sistemáticas, continuas y atroces de la libertad religiosa\» registradas durante 2024. El organismo denunció que el régimen de La Habana ha reforzado su aparato legal represivo con normativas como la Ley de Ciudadanía, aprobada en julio, que faculta al ejecutivo para revocar la nacionalidad cubana a personas residentes en el extranjero que realicen actos \»contrarios a los intereses políticos, económicos o sociales del país\». La ambigüedad deliberada de esta definición expone a ciudadanos involucrados en actividades religiosas pacíficas al riesgo de perder su nacionalidad, ampliando el espectro de la represión más allá de las fronteras de la isla.
La USCIRF concluye que los tres gobiernos \»cometen violaciones sustanciales de la libertad religiosa\» y que Cuba y Nicaragua sostienen las campañas \»más continuadas y sistemáticas\» de toda la región. El organismo recomendó al Gobierno estadounidense imponer restricciones de visado a funcionarios cubanos responsables de violaciones graves a la libertad religiosa y organizar eventos en foros internacionales para visibilizar la situación. Las conclusiones del informe reafirman lo que la sociedad civil cubana y organizaciones de derechos humanos han denunciado durante décadas: la dictadura no tolera ningún espacio de autonomía social, y la fe religiosa —por su capacidad de convocar comunidad y resistir la homogenización ideológica— representa una amenaza intolerable para un poder que basa su supervivencia en el control total de la vida ciudadana. Las consecuencias de esta persecución se inscriben en el colapso estructural más amplio que atraviesa la isla, donde la represión institucional avanza en paralelo a la crisis económica, el éxodo migratorio masivo y el deterioro irreversible de las condiciones de vida de la población.
