El joven José Bravo Navarro, de 33 años y residente en Santiago de Cuba, falleció en el Hospital Ambrosio Grillo tras padecer un severo deterioro de salud durante su reclusión. Su deceso, ocurrido apenas dos días después de que las autoridades le concedieran una licencia extrapenal en estado terminal, eleva a 38 la cifra de muertes bajo custodia estatal registradas en lo que va de 2025, según confirmó la organización de derechos humanos Cubalex.
Bravo Navarro permanecía recluido inicialmente en la prisión de Mar Verde, donde comenzó a manifestar síntomas graves como tos persistente, dolores abdominales, deshidratación y una pérdida de peso extrema. Ante el evidente empeoramiento de su cuadro clínico, las autoridades de la isla ordenaron su traslado a la cárcel de Boniato, la cual cuenta con una instalación hospitalaria. Sin embargo, según testimonios familiares recopilados por la prensa independiente, el recluso no recibió atención médica oportuna a pesar de presentar signos compatibles con tuberculosis, complicaciones cardíacas y problemas renales.
El avance implacable de sus dolencias obligó a su ingreso en la sala de penados del Hospital Ambrosio Grillo, en El Cobre. Fue en este punto crítico cuando el ejecutivo cubano decidió otorgarle la libertad extrapenal, una medida que, según el periodista Yosmany Mayeta Labrada, llegó de forma tardía cuando \»ya no había cuerpo para salvar\». El joven falleció en la madrugada del miércoles. Sus familiares rechazan la inacción del sistema y sostienen que la negligencia, el retraso y el silencio médico fueron los factores determinantes para una muerte que consideran evitable.
Un patrón estructural de negligencia y represión
El caso de Bravo Navarro no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una crisis sistémica de derechos humanos dentro de las prisiones. La organización Cubalex catalogó el suceso como una nueva muerte bajo custodia estatal y denunció que la dictadura cubana incumple sistemáticamente sus obligaciones al intervenir en la salud de los reclusos solo cuando estos se encuentran en fases terminales. El hacinamiento, la falta de higiene, la escasez de agua potable, la deficiente ventilación y la alimentación inadecuada conforman el caldo de cultivo habitual en los centros de detención de la isla, multiplicando el riesgo de enfermedades y fallecimientos prevenibles.
Las cifras expuestas por las organizaciones de derechos humanos evidencian la magnitud del abandono institucional. El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) reportó al menos 60 muertes en cárceles entre marzo de 2024 y marzo de 2025. Además, el organismo alertó sobre la vulneración de protocolos internacionales, ya que en múltiples ocasiones los familiares no han podido acceder a los cuerpos ni a los informes forenses de los fallecidos. Ante esta política estructural de castigo y silencio, las organizaciones de la sociedad civil exigen una respuesta internacional firme frente a las violaciones de derechos humanos que ocurren impunemente bajo la custodia del Estado cubano.
