El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) ha registrado al menos 873 violaciones al derecho a la libertad religiosa en Cuba durante 2025, evidenciando un endurecimiento de la represión estatal contra comunidades independientes. El informe anual de la organización detalla cómo las autoridades de la isla han subordinado el ejercicio de la fe a los intereses del poder político en medio de una aguda crisis económica y social.
El reporte precisa que los hechos represivos se intensificaron entre los meses de marzo y junio, coincidiendo con los apagones prolongados y el aumento del descontento ciudadano. Según la documentación recopilada, el régimen de La Habana mantuvo una vigilancia sistemática sobre líderes religiosos, sacerdotes, laicos y movimientos espirituales que expresaron posturas críticas o realizaron labores de ayuda social al margen de las instituciones oficiales. Para la dictadura, cualquier iniciativa ciudadana autónoma representa una amenaza directa a su control hegemónico, por lo que la represión se aplica de manera indiscriminada contra quienes no se someten a su directriz.
Represalias contra la Iglesia Católica y líderes independientes
Entre los episodios más graves destaca la reacción gubernamental al mensaje pastoral \»Peregrinos de Esperanza\», emitido por los obispos católicos en junio, donde se urgía por cambios estructurales en el país. Tras su publicación, el ejecutivo cubano bloqueó la entrada a expertos internacionales invitados a un evento académico por una institución católica. Asimismo, el informe recoge la expulsión en diciembre del sacerdote mexicano José Ramírez, a quien se le negó la renovación de su residencia temporal tras hacer sonar las campanas de la iglesia de La Milagrosa en La Habana en señal de solidaridad con los vecinos afectados por los cortes de electricidad.
La hostigación también alcanzó a la Seguridad del Estado, que ejecutó citaciones e interrogatorios contra dirigentes religiosos y activistas civiles, especialmente en la provincia de Pinar del Río. Se denunciaron además impedimentos arbitrarios para que los presos políticos recibieran asistencia religiosa, incluyendo la confiscación de objetos de culto en los centros penitenciarios. El gobierno cubano incrementó su injerencia en la masonería, presionando a líderes críticos y vulnerando tanto la libertad de asociación como la autonomía de estas organizaciones fraternales.
Contexto represivo y alerta internacional
Este panorama de violaciones a la libertad de culto se inscribe en el deterioro sostenido de las libertades civiles y políticas que atraviesa la isla, exacerbado por la inflación, el desabastecimiento y el éxodo migratorio ininterrumpido. La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) ya había alertado en noviembre sobre estas prácticas, señalando que Cuba, junto a Nicaragua y Venezuela, aplica \»estrategias paralelas\» de persecución. El organismo subrayó que el Partido Comunista restringe severamente la práctica religiosa, sometiendo a comunidades cristianas independientes y a practicantes de la santería a amenazas constantes de encarcelamiento y citaciones policiales repetitivas.
La criminalización de la asistencia espiritual y el acoso a las confesiones religiosas evidencian el miedo de la dictadura ante cualquier espacio de autonomía social que escape a su lógica de control. Ante la profundización de la crisis estructural, la persistencia de estas tácticas represivas plantea un desafío para la comunidad internacional, que deberá evaluar mecanismos más contundentes para exigir el respeto a los derechos fundamentales en Cuba, donde el ejercicio de la fe sigue siendo castigado como un acto de disidencia política.
