La Seguridad del Estado de la dictadura cubana detuvo este martes en La Habana al reportero independiente Ángel Cuza Alfonso y al escritor Ángel Santiesteban Prats. Cuza fue arrestado en una unidad policial del municipio Playa, apenas 24 horas después de haber sido excarcelado, mientras que Santiesteban fue interceptado por agentes cuando intentaba salir de su domicilio, en un nuevo episodio de acoso a la disidencia en la isla.
La nueva detención de Cuza Alfonso ocurrió tras presentarse en la unidad policial de Tercera y 110, en el municipio capitalino de Playa, citado para firmar documentos relacionados con un proceso penal abierto en su contra. Según relató a esta redacción Ana Castillo, madre de su hija, un oficial de la Seguridad del Estado —el mismo que lo amenazó el día anterior— le solicitó el carné de identidad y lo retuvo sin ofrecer explicaciones a sus familiares. El comunicador había sido liberado el lunes de la prisión de Guanajay, en Artemisa, pero permanecía bajo control policial por la presunta \»portación de explosivos\», un cargo basado en el hallazgo de un casquillo de bala.
Horas antes, el régimen de La Habana ejecutó el arresto del escritor y activista Ángel Santiesteban Prats. La periodista Camila Acosta, pareja de Santiesteban, denunció que agentes de la Seguridad del Estado lo interceptaron cuando salía de su vivienda en moto para realizar unas gestiones. Tras permitirle regresar a casa para dejar el vehículo y tomar sus pertenencias, fue conducido por la patrulla 627 C de la Policía Nacional Revolucionaria. Acosta pudo observar a través de cámaras de seguridad cómo los agentes desplegados en la zona esperaban la llegada del vehículo policial para ejecutar el arresto.
Instrumentalización del sistema penal
El hostigamiento hacia Cuza Alfonso es sistemático y se enmarca en la maquinaria represiva del Estado. El periodista ya había cumplido ocho meses de cárcel en 2021 por participar en una protesta pacífica en la calle Obispo en apoyo al Movimiento San Isidro, y recientemente cumplió un año y seis meses de prisión por \»desorden público\», siendo liberado en mayo pasado. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) ha calificado el nuevo proceso judicial contra el reportero como una \»flagrante violación de sus derechos humanos\», evidenciando cómo las autoridades de la isla utilizan el sistema penal para silenciar las voces críticas.
Estas detenciones arbitrarias reflejan la persistencia de una política de estado orientada a la criminalización del periodismo independiente y la disidencia intelectual en Cuba. Mientras la crisis económica, la inflación y el éxodo migratorio se profundizan, el gobierno cubano prioriza el despliegue de sus aparatos de seguridad para amedrentar a figuras públicas que documentan la realidad nacional. La comunidad internacional y las organizaciones de prensa mantienen la mirada sobre estos casos, ante el riesgo de que ambos activistas enfrenten nuevos procesos judiciales amañados que prolonguen su encarcelamiento de forma indefinida.
