El reciente escándalo en redes y medios internacionales por las declaraciones de Sandro Castro, sumado a la llegada de un buque petrolero ruso, ha desviado el foco de una grave violación de derechos humanos: el encarcelamiento del adolescente Jonathan David Huis Burgos en Ciego de Ávila. Mientras la atención pública recae en las dinámicas internas de la élite y los paliativos energéticos, las autoridades de la isla continúan utilizando el sistema penal para reprimir y tomar como rehenes a jóvenes disidentes.
La detención de Huis Burgos, un menor de edad arrestado por expresar en la vía pública el descontento generalizado que la ciudadanía comparte a puerta cerrada, evidencia la crueldad con la que la dictadura cubana opera frente a la disidencia. Este caso no es aislado. La policía política mantiene una práctica sistemática de criminalización contra figuras molestas, como los integrantes del Movimiento San Isidro, el colectivo El 4tico y Fuera de la Caja. Entre los rehenes políticos más emblemáticos se encuentra Luis Manuel Otero Alcántara, quien ha cumplido su condena de prisión y, ante el temor por su vida, ha iniciado una nueva huelga de hambre, una situación que el ejecutivo cubano silencia deliberadamente.
El desvío de la atención hacia las apariciones públicas del nieto de Fidel Castro o la recepción de 700.000 barriles de petróleo ruso funciona como una cortina de humo frente a la crisis estructural. El régimen de La Habana sabe que este combustible no resolverá los apagones crónicos que sufre la isla; la lógica histórica demuestra que ni siquiera los envíos voluminosos de Venezuela lograron estabilizar el sistema eléctrico nacional, colapsado por décadas de mala gestión y falta de inversión. Sin embargo, estas noticias ocupan el espacio mediático, minimizando el peligro inminente que corren los activistas secuestrados por el aparato represivo.
Críticas internas y la falsa justicia de la \»injusticia pareja\»
Las declaraciones de Sandro Castro criticando la gestión de Miguel Díaz-Canel no constituyen un acto de valentía, sino un reflejo de los murmullos que circulan en las altas esferas de poder, donde se anticipa un inminente declive del actual mandatario. Exigir que el joven sea acosado y procesado de la misma manera que los activistas que no portan su apellido es un error de perspectiva. La verdadera exigencia civil no debe ser la aplicación de una \»injusticia pareja\», sino la garantía de libertades plenas para todos los ciudadanos, sin distinción ideológica, y el cese definitivo del acoso a artistas, escritores y opositores.
El enfoque de la sociedad civil y la comunidad internacional debe regresar a lo esencial: la exigencia de la liberación inmediata de todos los presos políticos y de conciencia en Cuba. Mientras la crisis económica se profundiza con la inflación y el desabastecimiento, el gobierno cubano intensifica su maquinaria represiva para evitar un estallido social. Ignorar el secuestro legal de adolescentes y artistas para centrarse en las disputas de la cúpula de poder o en ilusiones energéticas de corto plazo solo beneficia a un sistema que subsiste a través del control narrativo y la intimidación sistemática.
