En un pronunciamiento público, el reconocido actor cubano Luis Alberto García cuestionó la actuación de las fuerzas del orden frente a las protestas ciudadanas originadas por los prolongados cortes de electricidad en la isla. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el artista sostuvo que la detención de manifestantes pacíficos contradice abiertamente la Constitución cubana y denunció las marcadas desigualdades en el acceso al servicio eléctrico entre la población y los altos funcionarios del régimen de La Habana.
En su publicación, García dirigió su crítica hacia la impunidad con la que ciertos cuadros dirigentes disponen de energía de manera ininterrumpida, mientras la mayoría de los cubanos sufre apagones que superan las veinte horas diarias. El actor rechazó el argumento de que estos privilegios se justifican por la \»importancia de las labores\» que realizan dichos funcionarios. Bajo esa misma lógica, señaló, deberían recibir beneficios similares los trabajadores de cientos de profesiones y oficios esenciales que sostienen la sociedad, los cuales son, en la práctica, mucho más vitales que las tareas de dirigir o, en sus palabras, \»pastorear al pueblo\».
La intervención del intérprete no se limitó a la carencia de servicios, sino que se adentró en el modus operandi de las autoridades de la isla frente al descontento social. García describió un patrón repetitivo y sistemático: cuando los vecinos salen a las calles a protestar de manera pacífica, representantes del gobierno acuden al lugar para dialogar, realizan promesas de mejoría y restablecen temporalmente el fluido eléctrico. Sin embargo, al amanecer, comienza una campaña de amedrentamiento para identificar a los promotores de la movilización.
\»Ya es costumbre que cada vez que un grupo de vecinos o un barrio casi entero se va a la calle, sin cometer hechos vandálicos ni agresiones, las autoridades se presenten, prometan, calmen enardecimientos, pongan la luz y… al amanecer del siguiente día ya estén buscando casa por casa, pasillo por pasillo y azotea por azotea, ¿quién o quiénes tocaron la primera cacerola o sartén o lideraron la gritería?\», relató el actor en su texto. Esta práctica, añadió, evidencia una estrategia de contención social basada en la mentira y el posterior castigo selectivo.
La criminalización de la inconformidad
En un análisis fundamentado en la legislación vigente, García defendió el derecho de los ciudadanos a manifestar su descontento. Subrayó que acciones como golpear utensilios de cocina o expresar verbalmente la indignación no constituyen un delito, sino el ejercicio legítimo de la inconformidad. \»La Constitución permite las protestas pacíficas. Al menos en el papel\», afirmó, poniendo de manifiesto la brecha entre el marco jurídico promulgado por el ejecutivo cubano y la realidad represiva que se impone en las calles.
El actor calificó de ilegal la detención de ciudadanos que no han incurrido en actos violentos. Señaló de manera directa que trasladar a personas hacia unidades de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) o dependencias de la Seguridad del Estado sin haber violado la ley es una acción \»anticonstitucional y muy antidemocrática\». Además, remató su crítica desmontando el discurso oficial al afirmar que esta vulneración de derechos \»no es culpa del bloqueo\», en clara alusión a la narrativa gubernamental que culpa al embargo estadounidense de las crisis internas y de las decisiones coercitivas del Estado.
Las declaraciones de Luis Alberto García se enmarcan en un escenario de creciente criminalización de la protesta por parte de la dictadura cubana. La utilización del aparato de inteligencia y policial para la persecución política de ciudadanos comunes que exigen servicios básicos representa una violación flagrante de los derechos humanos. Este mecanismo de represión selectiva busca desarticular cualquier brote de organización comunitaria, instaurando el miedo como principal herramienta de control social ante la imposibilidad del Estado de garantizar el bienestar material.
Crisis energética y colapso estructural
Las manifestaciones y el consecuente despliegue represivo no son eventos aislados, sino el síntoma más visible de la profunda crisis estructural que atraviesa la nación. El sistema eléctrico cubano se encuentra al borde del colapso total, afectado por el envejecimiento de la infraestructura, la falta de mantenimiento de las centrales termoeléctricas y una escasez crónica de combustible. Esta crisis energética se entrelaza con una hiperinflación galopante, el desabastecimiento generalizado de alimentos y medicinas, y un éxodo migratorio sin precedentes que ha vaciado a la isla de su fuerza laboral y juvenil.
A lo largo de los últimos años, el régimen de La Habana ha demostrado una incapacidad absoluta para diseñar políticas económicas que reactiven la producción nacional o atraigan inversiones reales. La dependencia del crédito externo y la ineficiencia del modelo estatal centralizado han provocado que la población asuma el costo de los fracasos gubernamentales. Los apagones de más de veinte horas no solo interrumpen la vida cotidiana, sino que paralizan la ya mermada actividad económica y agravan las condiciones de salubridad, especialmente en los meses de mayores temperaturas.
Antecedentes de la inconformidad y el papel de los artistas
La salida a la luz pública de figuras del ámbito cultural cuestionando el modelo no es un fenómeno nuevo, aunque ha cobrado mayor fuerza con la expansión del acceso a internet y las redes sociales. Desde los pronunciamientos de la San Isidro y las protestas masivas del 11 de julio de 2021, el gobierno cubano ha incrementado sus mecanismos de censura y represión contra el gremio artístico e intelectual. Sin embargo, voces como la de García continúan utilizando los espacios digitales para visibilizar la realidad que la prensa oficialista omite sistemáticamente, rompiendo el muro de silencio impuesto por la dictadura.
En las últimas semanas, el descontento ha cristalizado en cacerolazos y bloqueos de calles en diversas provincias, replicando un patrón de resistencia civil que se ha extendido por la geografía nacional. La respuesta institucional ha oscilado entre la represión policial directa y la intimidación psicológica descrita por el actor, demostrando la falta de canales legítimos para el diálogo y la exigencia de derechos por parte de la ciudadanía.
Implicaciones y panorama a futuro
La denuncia de Luis Alberto García trasciende la queja por un servicio deficiente; pone sobre la mesa la urgencia de restablecer el estado de derecho en Cuba. Si las autoridades de la isla continúan respondiendo a la crisis con represión en lugar de con soluciones estructurales y rendición de cuentas, el descontento social seguirá en aumento, elevando el riesgo de estallidos sociales de mayor magnitud.
La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos mantienen su atención sobre la isla, ante el temor de que la escalada represiva se intensifique a medida que la crisis económica se profundice. La estabilidad futura del país dependerá, en gran medida, de si el ejecutivo cubano decide modificar su política de criminalización de la protesta o si, por el contrario, opta por profundizar el autoritarismo, dejando a la ciudadanía atrapada entre la indigencia material y la violencia estatal.
