La firma estadounidense Atlas Holdings presentó una demanda judicial contra el gobierno cubano para reclamar más de 267 millones de dólares por la confiscación de los activos de la antigua Compañía Cubana de Electricidad. El litigio, basado en el Título III de la Ley Helms-Burton, señala directamente a la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) y a la empresa mixta Energas como beneficiarias actuales de infraestructuras nacionalizadas hace más de seis décadas.
La acción legal, radicada recientemente ante la corte federal del Distrito de Columbia, representa un nuevo capítulo en la larga historia de litigios internacionales contra el régimen de La Habana por la confiscación de propiedades extranjeras sin indemnización. El documento judicial sostiene que la expropiación llevada a cabo en 1960 por el entonces gobernante Fidel Castro fue ilegal y dejó a la empresa original sin sus inversiones ni control sobre sus activos, obligándola a cesar sus operaciones en la isla. En aquel momento, la dictadura cubana procedió a la incautación arbitraria de numerosos bienes valorados en conjunto en más de 300 millones de dólares de la época, sin causa justa ni compensación económica alguna.
Atlas Holdings, una empresa con sede en Connecticut y propietaria de los derechos certificados sobre la antigua compañía eléctrica de la isla, fundamenta su reclamación en una certificación emitida en 1970 por la Comisión de Liquidación de Reclamaciones en el Extranjero (FCSC) de Estados Unidos. Este organismo gubernamental fijó el valor exacto de los bienes expropiados en 267.568.413,62 dólares y estableció un interés anual del 6% desde el 6 de agosto de 1960 hasta la fecha en que se produzca el pago. Con el paso de las décadas y la acumulación de intereses, la cifra actual que el gobierno cubano adeuda supera con creces los mil millones de dólares, una deuda impagable para un Estado en bancarrota técnica.
Infraestructura en el centro de la disputa legal
El escrito presentado por el bufete Steptoe LLP —firma que también representa a la petrolera Exxon Mobil en procesos similares por propiedades nacionalizadas— detalla con precisión cuáles son los activos que actualmente están siendo explotados por las autoridades de la isla. Según los demandantes, buena parte de la infraestructura que hoy opera la UNE proviene directamente de los bienes expropiados a la antigua Compañía Cubana de Electricidad. Entre los activos identificados en la demanda figuran las centrales termoeléctricas Antonio Maceo (Renté), en Santiago de Cuba, y Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos. También se mencionan el complejo de gas Melones, ubicado en la bahía de La Habana, y la central hidroeléctrica Guaso.
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Edificio de la Compañía Cubana de Electricidad
De acuerdo con los argumentos de los demandantes, la Unión Eléctrica de Cuba es una de las principales beneficiarias de la confiscación histórica. La empresa estatal no solo administra esas instalaciones de generación, sino que también emplea partes sustanciales de la red de transmisión y distribución que pertenecían a la compañía estadounidense. Esta infraestructura expropiada constituye, hoy en día, una pieza fundamental del maltrecho Sistema Electroenergético Nacional (SEN) y de la red de gas natural de la capital cubana. La paradoja es evidente: el régimen se benefició de la incautación de una red moderna para la época, pero la falta de inversión y mantenimiento a lo largo de 60 años de socialismo ha llevado a esa misma red al colapso absoluto.
La demanda también señala a la empresa mixta Energas, indicando que obtiene beneficios y \»trafica con la propiedad confiscada del demandante\» mediante sus actividades de generación eléctrica y procesamiento de gas natural. El escrito afirma que estas operaciones dependen íntegramente de instalaciones e infraestructura expropiadas, y que, en colaboración con la UNE y otras entidades estatales, Energas obtiene beneficios comerciales de activos integrados al sistema eléctrico. Hasta mayo de este año, Energas fue operada por la minera canadiense Sherritt International, uno de los mayores inversores extranjeros en la isla, lo que evidencia cómo el régimen de La Habana ha intentado mantener la rentabilidad de estos activos mediante alianzas con capital foráneo, ahora bajo escrutinio judicial.
El fantasma de la Ley Helms-Burton
La acción judicial se ampara en el Título III de la Ley Helms-Burton, aprobada por el Congreso de Estados Unidos en 1996. Esta legislación permite a ciudadanos y empresas estadounidenses demandar ante tribunales federales a cualquier entidad extranjera o nacional que \»trafique\» con propiedades confiscadas por el gobierno cubano tras la revolución. Sin embargo, el Título III había permanecido inactivo durante más de dos décadas debido a suspensiones presidenciales consecutivas, una medida que distintos gobiernos estadounidenses adoptaron para evitar fricciones diplomáticas con aliados que tenían negocios en la isla. Fue en 2019, bajo la administración de Donald Trump, cuando se levantaron estas restricciones, activando una ola de procesos legales que el ejecutivo cubano ha intentado desestimar sin éxito.
Desde la activación del Título III, varias compañías estadounidenses han iniciado procesos similares contra el Estado cubano. Las cifras del gobierno estadounidense, previas a esta demanda de Atlas Holdings, indican que más de 5.900 personas y empresas tienen reclamaciones certificadas contra el Estado cubano por un valor superior a 1.900 millones de dólares, sin contar los intereses acumulados durante más de seis décadas. Esta presión jurídica constante añade un nivel adicional de aislamiento financiero a la isla, disuadiendo a posibles inversores internacionales de participar en negocios que utilicen propiedades reclamadas, ante el riesgo de enfrentar litigios multimillonarios en tribunales de EE.UU.
Contexto: El colapso del sistema eléctrico y la crisis estructural
La demanda llega en uno de los momentos más críticos para el sector energético en Cuba. La Unión Eléctrica de Cuba, hoy demandada por el uso de infraestructura confiscada, es la misma entidad que ha sido incapaz de mantener un suministro estable de energía para la población. El país atraviesa una crisis energética profunda, con apagones prolongados que superan las 10, 12 y hasta 18 horas diarias en varias provincias. Este déficit de generación, que el régimen de La Habana atribuye unilateralmente al embargo estadounidense, es en realidad consecuencia directa de la falta de planificación, la corrupción interna, el envejecimiento de las termoeléctricas —muchas de las cuales superan los 40 años de uso continuo— y la ausencia de un modelo económico viable que permita la inversión en mantenimiento.
La infraestructura que fuera expropiada en 1960 y que sirvió de base para la expansión del servicio eléctrico en las décadas posteriores, hoy se encuentra en estado de abandono. Las centrales termoeléctricas mencionadas en la demanda judicial sufren averías constantes, paradas técnicas fuera de ciclo y roturas de tuberías que mantienen a la isla al borde del colapso total del SEN. Mientras las autoridades cubanas exigen inversiones y condonación de deuda en foros internacionales, en los tribunales federales se evidencia que la base de su riqueza estatal fue construida sobre la expropiación sin compensación, una política que ahuyentó al capital y aisló al país del desarrollo tecnológico sostenido.
Además de la crisis eléctrica, la situación en la isla se ve agravada por una inflación descontrolada, el desabastecimiento crónico de productos básicos y un éxodo migratorio sin precedentes. La incapacidad del gobierno cubano para resolver las necesidades más elementales de su población contrasta con la obligación de responder ahora ante la justicia internacional por la confiscación de bienes hace más de 60 años. La demanda de Atlas Holdings no solo busca recuperar un valor económico, sino que pone de relieve el fracaso de un modelo político y económico que, tras despojar a sus legítimos propietarios, no supo gestionar ni mantener la infraestructura heredada, condenando a la ciudadanía a la oscuridad literal y figurada.
El futuro de este litigio plantea consecuencias directas para la ciudadanía cubana. Aunque es improbable que el régimen de La Habana acate una sentencia y pague la deuda multimillonaria, la acumulación de demandas bajo la Ley Helms-Burton reduce aún más las ya mermadas opciones de financiamiento externo y comercio internacional para la isla. Cualquier intento del ejecutivo cubano de atraer capital extranjero para rehabilitar el sistema eléctrico nacional chocará con el riesgo legal de estar utilizando activos reclamados. Mientras tanto, la población continúa siendo la principal víctima de un ciclo histórico de confiscaciones, ineficiencia estatal y represión, sufriendo las consecuencias de un colapso sistémico que la dictadura se niega a reconocer y a resolver.
