El gobierno colombiano, a través de su Agencia de Desarrollo Rural (ADR), ha firmado un acuerdo comercial con las autoridades de la isla para la exportación de 1.404 toneladas de arroz blanco, en un negocio valorado en aproximadamente 1,5 millones de dólares. La operación, catalogada como «histórica» por el ejecutivo de Gustavo Petro por beneficiar a miles de pequeños productores del Tolima, llega en un momento crítico para la seguridad alimentaria cubana, donde la ineficiencia estatal y la profunda crisis económica han convertido a este alimento básico en un artículo de lujo inalcanzable para gran parte de la población.
El convenio comercial, detallado por informaciones institucionales colombianas, asciende a más de 5.984 millones de pesos colombianos anuales y involucra directamente el trabajo de 4.968 pequeños campesinos del departamento del Tolima. La negociación es el resultado de una alianza entre la Corporación para el Desarrollo Agropecuario, Industrial y Ambiental de las Asociaciones de Usuarios de los Distritos de Riego del Tolima (CoagroDistritos) y la ADR, con el respaldo explícito de otras entidades del gobierno de Gustavo Petro, un aliado histórico y declarado del castrismo en la región suramericana.
Para el gobierno colombiano, la estrategia responde a una política nacional orientada a fortalecer las compras públicas locales, eliminar intermediarios y consolidar la economía campesina como pilar fundamental de su soberanía alimentaria. César Pachón Achury, presidente de la ADR, señaló que la iniciativa permite comprar directamente a los productores con precios justos, garantizando rentabilidad y abriendo mercados internacionales como el cubano. Por su parte, el jefe de Despacho de la Presidencia colombiana, Alfredo Saade, calificó el acuerdo como un hito en la construcción de un nuevo modelo de desarrollo para el campo colombiano.
Un alivio gota a gota para una crisis sistémica
Mientras que para Colombia este acuerdo representa un avance en sus políticas agrarias internas, para el régimen de La Habana supone apenas un parche efímero en una crisis alimentaria que no da tregua. Las 1.404 toneladas de arroz colombiano arribarán a la isla en medio de un contexto de escasez extrema y colapso en la cadena de distribución de productos básicos. Esta realidad contrasta de forma dramática con el discurso oficial de soberanía alimentaria que el gobierno cubano ha mantenido durante décadas, pero que en la práctica ha demostrado ser un rotundo fracaso.
La escasez de arroz en Cuba ha alcanzado niveles alarmantes en los últimos meses. En febrero pasado, la falta del grano tocó uno de sus puntos más álgidos, complicando severamente la ya maltrecha dieta de los cubanos, quienes se han visto obligados a recurrir a canales no estatales, mercados negros o importaciones informales para conseguir el alimento. La situación amainó ligeramente a mediados de abril, con la llegada de 10.000 toneladas de arroz procedente de Vietnam, cumpliendo con los acuerdos firmados durante la visita a la isla del secretario general del Partido Comunista vietnamita, To Lam, en septiembre de 2024.
Precios inalcanzables y empobrecimiento de la población
La llegada de remesas alimentarias externas no ha logrado estabilizar los precios en el desordenado mercado interno cubano. Durante los últimos meses, el arroz producido en la isla —frecuentemente criticado por los consumidores por su mala calidad y textura— no ha bajado de los 250 pesos cubanos (CUP) por libra en el mercado informal y estatal. En el sector de las medianas y pequeñas empresas (mipymes), el kilogramo de grano largo importado oscila entre los 700 y los 1.000 pesos, dependiendo del país de procedencia.
Estos precios resultan prohibitivos para una población cuyos ingresos han sido devastados por la inflación. A modo de contexto, el salario de un jubilado promedio en Cuba apenas asciende a 1.500 CUP mensuales, lo que significa que una pensión entera no alcanza ni siquiera para comprar tres kilogramos de arroz importado de buena calidad. En el mercado de las mipymes, el arroz brasileño se mantiene como el más costoso, seguido por el uruguayo y el mexicano, aunque también se comercializan variedades tailandesas, turcas y estadounidenses a cifras igualmente inaccesibles para el ciudadano de a pie.
Contexto: El fracaso estructural de la política agraria del régimen
La dependencia constante de importaciones para alimentar a la población es la manifestación más clara del colapso del modelo económico impulsado por el gobierno cubano. A pesar de contar con tierras fértiles y un clima propicio para la agricultura, la isla ha visto cómo su sector agropecuario se desploma debido al estricto control estatal, la falta de insumos, la ineficiencia del sistema de Acopio y la negativa de las autoridades a entregar la propiedad de la tierra a los campesinos de manera definitiva. La burocracia asfixia cualquier intento de producción independiente, obligando al país a depender de la caridad internacional o de créditos de aliados geopolíticos.
Esta crisis alimentaria no ocurre en el vacío; es un eslabón más de la profunda crisis estructural que atraviesa Cuba. La inflación galopante, producto de la fallida Ordenamiento Monetario de 2021 y la emisión inorgánica de moneda por parte del Banco Central, ha destruido el poder adquisitivo de la moneda nacional. A esto se suma un desabastecimiento generalizado que afecta desde medicamentos y combustibles hasta productos de higiene básica, empujando a millones de cubanos a la pobreza extrema.
La incapacidad de la dictadura cubana para garantizar la alimentación de su pueblo ha sido uno de los principales motores del éxodo migratorio masivo que ha visto a más de un millón de ciudadanos abandonar la isla en los últimos años. La represión social y la persecución política contra quienes se manifiestan por mejores condiciones de vida o que intentan organizar sectores productivos al margen del control estatal, completan un panorama de desesperanza que los envíos puntuales de arroz no logran mitigar.
Consecuencias y panorama a futuro
La firma de este acuerdo con Colombia demuestra cómo el régimen de La Habana capitaliza sus alianzas ideológicas para paliar sus urgencias internas más apremiantes, sin abordar las causas raíz de la crisis. Aunque las 1.404 toneladas de arroz colombiano puedan aliviar temporalmente la escasez en algunas bodegas estatales, la cifra es minúscula frente a la demanda real de una población de más de 11 millones de habitantes. El impacto real en la canasta básica dependerá de cómo las autoridades de la isla gestionen la distribución, un proceso que históricamente ha estado plagado de opacidad, desvíos de recursos y corrupción.
De cara al futuro, mientras el gobierno cubano mantenga intacto su monopolio sobre la economía y continúe reprimiendo la iniciativa privada y la autonomía del sector agrícola, Cuba seguirá dependiendo de la importación para no morir de hambre. La comunidad internacional y los gobiernos aliados, como el de Colombia, deben ser conscientes de que su cooperación comercial, aunque beneficie a sus propios productores, termina sirviendo de válvula de escape para un sistema autoritario que evade su responsabilidad primordial: garantizar el bienestar y la libertad de sus ciudadanos.
